Un constructor de rascacielos de lujo se enfrenta a la demanda de varios dueños desalojados de un condominio con vista al mar, en Miami, quienes afirman que los pusieron en jaque con sus casas, ya que ignoraron la ley para construir una torre de lujo. Los afectados advierten que su caso podría ser un precedente para otros miles de propietarios en el sur de Florida.

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Los aún dueños de Biscayne 21, un conjunto de departamentos con vista al mar, localizado en Miami-Dade, aseguran que fueron víctimas de una conspiración que ha durado casi una década, con el objetivo de apoderarse del edificio y obligarlos a vender sus inmuebles para construir, en su lugar, una torre de lujo que podría valer miles de millones de dólares, reveló Diario Las Américas.

Los afectados Angélica Ávila, Nicolás Bello, María Beatriz Gutiérrez, Franah Vazir Marino, Robert H. Murphy, Jeffrey Ulman, Shari Ulman, Lázaro Fraga, Jacqueline S. Fraga y George García son algunas de las personas que decidieron llevar su caso a los tribunales. El inmueble donde ellos viven fue comprado por Two Roads Development, sin su consentimiento, según acusan.

“El sur de Florida es la zona cero de estas disputas porque los desarrolladores se han quedado sin recursos urbanizables”, dijo en mayo Glen H. Waldman, socio de Armstrong Teasdale que representa a 10 demandantes propietarios, según el medio especializado en leyes, Law. “Estos desarrolladores han puesto sus miras en edificios de condominios más antiguos con cierto impulso debido a lo que sucedió con las Champlain Towers”, comentó Waldman. “Dicen: ‘Ese es un gran sitio’. Si pudiera hacerme cargo de ese edificio, podría construir un proyecto de mil millones de dólares, ganar quinientos millones de dólares y llegar al banco entre risas. Es la progresión natural de las cosas aquí”.

La constructora Two Road Development (TRD) pagó 150 millones de dólares por casi todo el edificio, el cual consta de 13 pisos y 192 unidades, y fue construido en 1964, detalló Diario Las Américas. El proyecto es construir un complejo llamado EDITION Residences, que es un condominio de lujo de 55 pisos, con un precio de entrada en las unidades más pequeñas de 1,7 millones de dólares.

En 2017, la propietaria de un departamento comenzó a recibir llamadas de millonarios inversionistas que se ofrecían a pagar muchos dólares a cambio de su propiedad, pero la mujer les dijo que no estaba a la venta porque era su casa de retiro, según contó al medio citado.

Al parecer, un miembro de la junta directiva del edificio también estaría detrás de algunas compañías constructoras. “Uno de los problemas es que la Junta no supervisó que una entidad pudiera comprar muchos departamentos y que esto iba a crear la situación que enfrentamos posteriormente”, dijo otro propietario, que fue desalojado de su casa recientemente.

“Nosotros ahora mismo no aparecemos ni en los libros del tasador de la propiedad del condado. A pesar de no haber vendido ninguna propiedad. ¿Cómo se logra eso? La ciudad es capaz de ponerte un gravamen si no pagas los impuestos, sin embargo, cedieron nuestras propiedades sin titubear”, se quejó.

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Jeffery Kominsky, abogado de bienes raíces, explicó a CBS sobre las consecuencias de la ley de Florida, que permite disolver las juntas de condominios y vender los edificios con poco más de la mitad de aprobación de los inquilinos: “Desafortunadamente, cada vez vemos más terminaciones de asociaciones después de que los desarrolladores quieren aprovechar una supermayoría de votos para implementar una disposición de terminación”.

Reportes indican que los inversionistas presionaron a los residentes a vender sus propiedades y los amenazaron con el riesgo de perder sus casas. “TRD hizo el Plan de Disolución y lo registró con el estado de Florida”, argumentó una propietaria a Diario Las Américas. “Después lo envió al Departamento de Regulación empresarial y Profesional (DBPR) y a la Oficina del Tasador de Miami-Dade, donde borraron el folio de propiedad de cada dueño”. A su vez, señaló que ahora los demandantes van legalmente contra de la ciudad de Miami y TRD “para demostrar que esa gente se ha apoderado de nuestra propiedad de manera ‘errónea’”. Por lo tanto, el caso continuará.