“Si el cliente paga, debés hacerlo. Más si sos nueva”, era el mensaje que recibían las jóvenes modelos que habían llegado a la agencia Argentina Studios atraídas por la propuesta de ganar entre 600 y 1000 dólares mensuales, como mínimo, para posar ante la cámara en transmisiones en vivo por Internet o en sesiones fotográficas. Supuestamente, no estaban obligadas a ofrecer contenido erótico: si querían solo podían hablar, bailar o tocar la guitarra. Pero era una trampa y las modelos fueron obligadas a hacer sesiones de desnudos completos y sexo explícito. Las víctimas sufrieron violencia física, psicológica y económica.

Así se desprende de una investigación de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°1, con sede en los tribunales de Comodoro Py. En las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello procesó con prisión preventiva a diez sospechosos por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y asociación ilícita. Los imputados habían sido detenidos el mes pasado por detectives de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

“Los imputados participaron, cada cual según su rol, en una empresa criminal que tuvo por propósito beneficiarse económicamente de la explotación sexual de mujeres, valiéndose de distintos mecanismos de fraude y coacción (algunos más sutiles y otros más descarnados) para controlarlas e incidir en sus comportamientos. La promesa de una carrera laboral de ‘modelaje’ independiente, libre y autogestionada que traería fama y cuantiosos ingresos en dólares de la mano del asesoramiento ‘profesional’ del ‘estudio’ era un engaño –apoyado en el uso sistemático de eufemismos– para caer en el chantaje. Introducidas en una maquinaria disfrazada de pseudo legalidad –aunque clandestina– terminaron sometidas por un régimen de sanciones y endeudamiento, y controladas por un férreo dispositivo de vigilancia y disciplinamiento que redujo al máximo su libertad. El ambiente se tiñó de violencia –primero implícita, velada y aséptica y, luego, explícita–, aprovechando la sensibilidad de los contenidos producidos para realizar distintos tipos de amenazas coactivas. Así se aseguró su cosificación, mercantilización y la sostenibilidad de la ‘empresa’, acompañada del control financiero total sobre las ganancias generadas en las plataformas y la apropiación del producto de la explotación (el contenido audiovisual y la imagen)”, sostuvo el juez Casanello al fundamentar el procesamiento de los sospechosos.

El magistrado dispuso embargos de entre 300 y 1000 millones de pesos sobre los bienes de los imputados. Fuentes judiciales explicaron que la decisión de disponer esas retenciones millonarias tiene como objetivo lograr la reparación económica a las víctimas.

Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, la causa se inició el 8 de septiembre de 2021 con la presentación de la ONG Madres Víctimas de Trata, que denunció la existencia de una organización delictiva dedicada a captar mujeres por medio de promesas laborales engañosas con la finalidad de explotarlas sexualmente.

El 2 de agosto del año pasado se sumó una nueva denuncia que ingresó por la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas Damnificadas del Delito de Trata de Personas.

Un mes después, una víctima se presentó en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y relató detalles de una experiencia que la incomodó durante su estadía en Argentina Studios.

“Se investigó la captación y acogimiento de jóvenes por medio de ofertas engañosas, publicadas tanto en redes sociales como en sitios web, por parte de, al menos, cuatro estudios que tenían como finalidad la explotación sexual. Esas empresas se encontraban vinculadas entre sí, y fueron creadas con la finalidad de hacer transmisiones en vivo (streaming) y fotografías con contenido erótico y sexual explícito para comercializarlo en sitios web como Chaturbate, Stripchat y Cam4, entre otros. Como contraprestación por el material publicado, los imputados recibían dólares y criptomonedas”, dijeron fuentes judiciales.

Para lograr captar a potenciales víctimas se les ofrecía un pago mínimo de entre 600 y 1000 dólares por seis jornadas semanales de ocho horas cada una.

“A las modelos se les explicaba que no estaban obligadas a producir contenido erótico. Luego de las entrevistas se firmaba un ‘contrato de colaboración’, donde quedaban estipuladas las presuntas condiciones contractuales. Pero nada de lo firmado se cumplía. La supuesta libertad de elección de contenido para las modelos no era tal, pues las grabaciones, fotografías y temáticas eran establecidas por el personal del estudio y ello implicó para las víctimas cada vez más exposición, excediendo ampliamente el requisito del erotismo, incluyendo sexo explícito durante las trasmisiones, con penetraciones por cualquier vía y la utilización de un dispositivo vibrador vinculado de manera remota con los usuarios de las plataformas. Además, eran obligadas a realizar sesiones de fotos explícitas de desnudez, debiendo penetrarse entre ellas, sin conocerse en algunos casos, con juguetes sexuales”, sostuvieron fuentes con acceso al expediente.

Según los investigadores, las jornadas en las que se hacían las producciones fotográficas y fílmicas llegaban a durar 16 horas sin ningún tipo de descanso. A las víctimas “les impusieron objetivos de recaudación incansables para las víctimas, además de sanciones, descuentos, endeudamientos inducidos, y todo ello en un contexto de violencia verbal, psicológica e incluso física”, agregaron las fuentes consultadas.

Las víctimas denunciaron que les hacían descuentos de los honorarios que debían cobrar por motivos como “no tener carisma” o no mostrar buena predisposición para las transmisiones, o en las sesiones de fotografía.

“También sufrían descuentos por no asistir a capacitaciones, que se llevaban a cabo fuera del horario laboral, generalmente en horario de madrugada, y que podrían durar hasta cuatro o cinco horas. Entonces, el pago que recibían las modelos era de entre 6 y 30 dólares”, explicaron fuentes de la investigación, que estuvo delegada en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 1.

Con la investigación avanzada, el mes pasado, la PSA hizo 25 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, Olivos, Morón y Rosario donde secuestro 3.447.355,56 pesos, 231.374 dólares y 16.900 euros; 39 teléfonos celulares, 37 tarjetas SIM, 44 CPU, 28 notebooks, cinco PC, dos tablets, 32 pendrives, diez discos externos, ocho memorias externas, seis DVR; decenas de elementos de filmación (aros de luz, webcams, cámaras fotográficas, trípodes), elementos sexuales, lencería erótica y una máquina contadora de billetes.

“En sus testimonios, las víctimas afirmaron que durante las transmisiones en vivo les recordaban que estaban en deuda y que, en caso de querer renunciar, no podrían hacerlo sin saldar la misma”, relataron las fuentes consultadas.

Según los investigadores, las modelos “contraían” una deuda inducida con la empresa que las contrataba por la adquisición de un vibrador que era manipulado vía remota los usuarios de la web. Para saldar la deuda, se les ofrecía hacer “presencias” con los consumidores de los productos.

“Ante la intención de alguna de las modelos de renunciar, eran amedrentadas con la obligación del pago de las deudas, así como eran amenazadas con la divulgación, entre sus familiares, del material pornográfico que las tenía como protagonistas”, afirmó una fuente de la causa.