En plena pandemia de Covid-19, la psicóloga y acompañante terapéutica Hilda Salsamendi alquiló un departamento en un edificio de Almagro. Pronto, con distintas excusas y “supuestas especialidades profesionales”, se ganó la confianza de Manuela Trobo y César Funes, ambos mayores de 90 años, que vivían en el mismo piso, el décimo. Perfeccionó un plan criminal y aprovechó las medidas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuestas para el gobierno nacional para separar al matrimonio de un sobrino, único familiar directo. Por un tiempo fue la única persona que los asistía hasta que “los abondonó a su suerte” y los dejó en una “estado de desamparo” hasta que fallecieron. Después falsificó un testamento para quedarse con el inmueble. El botín incluyó 170.000 dólares y dos relojes Rolex, entre otros objetos de valor.

Así surge de la descripción de la imputación por la que fue indagada Salsamendi, de 50 años. En los próximos días, el juez en lo criminal y correccional porteño Martín Yadarola, magistrado a cargo de la causa, definirá la situación procesal de la psicóloga y de otros siete sospechosos detenidos por detectives de la División Fraudes Bancarios de la Policía de la Ciudad.

Según el expediente judicial, los sospechosos intervinieron “en las diferentes maniobras delictivas llevadas a cabo de manera coordinada en perjuicio de Trobo y Funes, que tuvieran la finalidad principal de despojarlos de todos sus bienes muebles e inmuebles registrables, y demás objetos de valor pecuniario apreciable”.

Tras escuchar la imputación y las pruebas reunidas durante la investigación, Salsamendi solo respondió: “Me niego a declarar y contestar a preguntas del tribunal”.

Las víctimas de la denominada banda de la Psicóloga vivían en el departamento 10A de un edificio situado en avenida Rivadavia al 3600, en Almagro. Vivían solos.

“Valiéndose de las condiciones de aislamiento y estricta excepcionalidad marcadas por la pandemia de Covid-19 y de la referencia personal que hiciera de ser psicóloga y especialista en ancianos, perfeccionó un plan tendiente a aislarlos de terceros, procurando especialmente que no se contactasen personalmente con el único familiar directo que tenían, presentándose desde entonces como único medio para brindarles la asistencia que demandaba la avanzada edad de las víctimas, ambas mayores de 90 años. En ese contexto, abandonó a su suerte a Trobo y Funes, dejándolos en situación de total desamparo, lo que se verificó el 23 de abril de 2021, en ocasión que ambos fueron encontrados inconscientes en su domicilio”, según el expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

La situación fue advertida después de que el sobrino del matrimonio se comunicara con el encargado del edificio para pedirle que se acercara al departamento porque le era imposible comunicarse con sus tíos.

“Trobo y Funes fueron encontrados tirados en el suelo, defecados, orinados y con una serie de lesiones físicas visibles –cuyo origen a la fecha resulta desconocido-, por lo que se requirió asistencia médica”, explicaron fuentes judiciales. Las víctimas fueron trasladas a una clínica de Palermo.

Apenas se enteró del traslado del matrimonio, la psicóloga se presentó en la clínica. También se comunicó con el sobrino de las víctimas y le insinuó que las lesiones habían sido provocadas por el encargado del edificio, le recomendó un abogado de su confianza, otros de los sospechosos imputados y detenidos, y le adelantó que se haría cargo de todo lo relacionado con la internación, en relación con las visitas y la atención.

“De esta forma, se logró instituir a Salsamendi como canal exclusivo de contacto en todo lo relativo a la internación de Funes y Trobo, negando todo acercamiento del sobrino a los galenos, aduciendo un supuesto carácter de apoderada, que nunca acreditó fehacientemente”, según el expediente judicial.

Fuentes judiciales afirmaron que la psicóloga cuestionaba todas las decisiones médicas e “insistía que debía disponerse el traslado a un centro de rehabilitación y luego, al verse agravado su cuadro, la internación domiciliaria. Todo esto, sin perjuicio de que, conforme consta de los distintos informes volcados en la historia clínica de ambos pacientes, no iba a visitarlos, dejándolos solos en la clínica”.

Finalmente, las víctimas murieron. Trobo falleció el 9 de mayo de 2021 y Funes, 20 días después. “Durante el transcurso de la internación y también una vez producido el deceso de ambos, se detectaron otras maniobras ilícitas llevadas a cabo por los distintos implicados para hacerse del patrimonio de Trobo y Funes”, se afirmó en la imputación de los imputados.

La banda se apoderó de 170.000 dólares que las víctimas tenían en su departamento. La psicóloga le dijo al sobrino del matrimonio que el dinero iba a ser usado para abonar el costo de la internación. Pero todo era una mentira porque Trobo y Funes tenían los costos cubiertos por su empresa de medicina prepaga.

“Tras el fallecimiento de Trobo y conociendo el delicado cuadro de salud que transitaba Funes, Salsamendi, con la colaboración de otros dos sospechosos, falsificó un documento con carácter de testamento ológrafo, -colocando una firma indeterminable y una huella poco legible, mediante el cual la instituía como heredera de todos los bienes”, según el expediente judicial.

Salsamendi se presentó en un juzgado del fuero civil con el testamento para lograr “una decisión judicial a su favor, que le concediera formalmente los derechos sobre los bienes de Funes y Trobo”. El trámite sucesorio está en trámite.

La psicóloga ocupó “clandestinamente” el departamento de las víctimas hasta que el 2 de mayo pasado el juez Yadarola ordenó un allanamiento en el inmueble.

“En ese contexto, se hicieron además de todos los bienes muebles que se encontraban en su interior, entre ellos dos relojes marca Rolex”, sostuvieron fuentes judiciales.

Con parte de los 170.000 dólares, Salsamendi habría comprado un departamento en Balvanera, según consta en la causa, y vendió un Ford Taunus modelo 1975 que Funes tenía en la cochera del edificio donde vivía.

La semana pasada, la Policía de la Ciudad, por orden del juez Yaradola, allanó la clínica donde estuvieron internadas las víctimas y detuvo a un vigilador que trabajaba en el lugar. El custodio, según la sospecha de los investigadores judiciales, habría recibido dinero a cambio de información que le suministraba a la psicóloga.

La investigación todavía no está finalizada. Los detectives judiciales y policiales quieren determinar si cuando la psicóloga se mudó al edificio donde vivían Trobo y Funes sabía que las víctimas vivían solas y tenían un solo familiares directos o el plan criminal surgió poco después.