Un edificio de siete pisos repleto de rollos de telas desde el primero hasta el último nivel forma parte del paisaje que conforma el barrio porteño de Flores. El inmueble está ubicado en la avenida Gaona al 3200 y, según los datos publicados por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) en la página Buenos Aires Data, no está habilitado para ejercer una actividad comercial. Sin embargo, es uno de los tantos en la zona por el que los vecinos acumulan innumerables demandas.

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Presentaciones ante el Consejo Consultivo de la Comuna 7, denuncias en comisaría y fiscalía, y reclamos al gobierno de la ciudad para que las inspecciones sean más rigurosas son algunas de las acciones que los ciudadanos agrupados bajo el nombre “Recuperando Flores norte” llevaron adelante durante los últimos años. Su objetivo es proteger la identidad del lugar, reconquistar la calma que alguna vez lo caracterizó y preservar el barrio de catástrofes evitables. Sin embargo, señalan que el avasallamiento de la ley por quienes ejercen la actividad comercial en la zona, en su mayoría en talleres y depósitos textiles, es constante y destacan que no respetan las normas básicas de convivencia.

“Somos un grupo de vecinos autoconvocados frente a la preocupación y la constante degradación de nuestra calidad de vida y la inseguridad que acarrea la actividad textil en nuestro barrio”, detallan en un informe con fecha del sábado pasado quienes conforman la asociación barrial, que suma 160 miembros en su página de Facebook.

La última presentación formal que hicieron ante el Consejo Consultivo de la Comuna 7 fue hace dos semanas. Allí, los vecinos solicitaron la intermediación ante el Poder Ejecutivo de la ciudad y la Legislatura porteña para “efectuar una modificación en el Código Urbanístico, sancionado en diciembre de 2018, de manera tal de revertir la definición de ‘mixtura de uso’ en el cuadrilátero delimitado por las calles Caracas, Yerbal, Cuenca y la avenida Gaona”. ¿Las razones? Subrayan que se ven afectados por la presencia de talleres y depósitos de tela al lado de viviendas particulares, escuelas y jardines de infantes.

“Incendios, el tránsito de camiones de gran porte sin límite de horario, restos de tela en las calles y el desborde de basura en los contenedores por estar repletos de residuos industriales han tornado muy difícil la vida cotidiana”, detallaron en la moción.

Representantes de la Comuna 7 informaron a LA NACIÓN que está previsto el tratamiento de la nota ya aprobada por el Consejo Consultivo. “La reunión de la Junta Comunal será a fin de mes y ahí se tratará lo planteado como primer ítem del día, tal como lo prevé el procedimiento”, indicaron.

La AGC explicó a este medio que su trabajo es habilitar y fiscalizar los locales comerciales de la Capital, además de controlar las obras en construcción y la higiene alimentaria. Si bien los establecimientos abiertos al público son más fáciles de inspeccionar, aquellos que se encuentran cerrados y no muestran actividad también son parte de su población objetivo. Sin embargo, precisaron que si los oficiales de inspección llegan al lugar y nadie abre la puerta, no tienen la potestad de ingresar sin permiso de la Justicia. Es el caso del exgarage de Gaona 3255, lindante con el edificio de siete pisos repleto de rollos de tela, donde los vecinos denuncian que funciona un depósito y taller textil sin habilitación.

“Tiene una denuncia de abril, pero se encontró el local cerrado. Está en trámite la segunda inspección dentro de 20 días en la que se modifica el día, horario e inspector. Después de dos visitas más, si se siguiera encontrando deshabitado, se da por cerrado el lugar”, detalló la AGC a LA NACIÓN.

“No les abren la puerta, pero están trabajando. Tienen un sistema de monitoreo por cámaras en todos los depósitos y talleres”, señaló Ariel Rota, vecino del barrio de Flores desde hace más de 40 años e integrante de la agrupación “Recuperando Flores Norte”. Y agregó que, en general, ninguno de estos establecimientos tiene chapa numérica. El objetivo es dificultar las denuncias.

En Terrada 953 hay una casona antigua estilo francés con balcones a la calle y ventanales de dos hojas que hoy funciona como depósito y taller textil. “Cuando el gobierno los clausura, rompen la faja y siguen operando”, denunció Rota.

Sobre este inmueble, la AGC detalló a LA NACIÓN: “Tiene un trámite de habilitación presentado en estado de rechazado. Además, suma tres denuncias de vecinos, la última de principios de mes, en la que se verificó la violación de clausura y se dio intervención a la fiscalía”.

Los ejemplos de inmuebles en los que se ejercen actividades textiles en la zona y que no aparecen en el listado de establecimientos comerciales habilitados por la AGC suman más de 40. Al momento de publicarse esta nota, el organismo fiscalizador porteño no había llegado a verificar el estado de situación de cada uno de estos domicilios.

La intersección de las avenidas Nazca y Avellaneda es una de las principales zonas comerciales de la ciudad de Buenos Aires. Allí, el negocio de indumentaria prolifera, con locales a la calle y puestos ambulantes. Su crecimiento en los últimos años fue tan grande que actualmente este punto neurálgico se expandió hasta abarcar varias cuadras a la redonda, desde la avenida Gaona hasta Venancio Flores y desde Condarco hasta Bahía Blanca, en los barrios porteños de Flores y Floresta.

Como un anillo, en los alrededores se ubican los establecimientos que sirven de abastecimiento para el negocio de compraventa de ropa: talleres y depósitos, algunos pocos con habilitación y una gran mayoría ilegales, que fueron transformando lentamente un barrio típicamente residencial y tranquilo en una zona bulliciosa de surtido, carga y descarga de mercadería, y con incendios cada vez más frecuentes.

“El avance constante y sin planificación alguna de esta actividad se ha manifestado desde hace más de 15 años”, precisó Rota, quien detalló que hace dos meses se incendió un depósito y taller en Bolivia al 600, entre Morón y Aranguren, justo enfrente del Hospital Álvarez. Tuvieron que evacuar a los alumnos del colegio lindero, así como a los vecinos de los edificios cercanos.

Ya hace ocho años la problemática mostro su peor cara cuando dos niños de 7 y 10 años murieron el 27 de abril de 2015 durante el incendio de una casa tomada en Páez 2796, donde funcionaba un taller textil clandestino. El fuego comenzó en el sótano de la propiedad, que tenía tapiada la mayoría de las ventanas y otros accesos, presuntamente para ocultar la actividad ilegal que se desarrollaba en su interior.

Además de la peligrosidad que supone el acopio de material inflamable en lugares que no cuentan con las regulaciones adecuadas, los vecinos destacan además que han visto desaparecer comercios necesarios para la vida cotidiana, como garages, supermercados, panaderías y un gimnasio, hoy convertidos en depósitos de telas. Una de las casas en las que residió la poetisa Alfonsina Storni, en Terrada 578, también se transformó para servir al negocio textil.

“Perdimos la tranquilidad. Cuando salís a la calle tenés que esquivar autos que no respetan las normas de tránsito, camiones contenedores, carros que cargan rollos o bolsas con ropa”, describió Rota, quien sumó que otro de los perjuicios que el barrio sufre por este tipo de actividad son los constantes cortes de luz. “Yo tengo paneles solares porque la red está sobrecargada por la cantidad de talleres”, precisó.