En los próximos días se cumplen 15 años del voto “no positivo” del entonces vicepresidente Julio Cobos que hizo fracasar la resolución 125 que imponía retenciones móviles a los granos y que por 120 días mantuvo en vilo al país por un conflicto que abrió, acaso sin saberlo, un nuevo ciclo político.

Entre las numerosas conclusiones que dejaron aquellas agitadas jornadas, resuenan todavía las de quien ideó junto con su equipo de colaboradores desde el Ministerio de Economía la controvertida medida del gobierno de Cristina Kirchner y que se vinculan con ideas que todavía se lanzan desde la dirigencia política. Uno de los argumentos que exponía Martín Lousteau era que el país necesitaba transformar “proteínas vegetales en animales”. Con el justificativo de promover la industrialización de los granos se succionaban los ingresos de quienes los producían. Por supuesto, era “políticamente correcto” mostrarse como un promotor de una supuesta modernización, más que como un simple recaudador que quería anticiparse a los problemas de caja.

La Argentina lidera un ranking de “apoyos negativos” a sus productores

No fue casualidad que los productores reaccionaran de la manera que lo hicieron porque la 125 contenía una fórmula de captura de la renta por la cual a mayor incremento del valor de la soja mayor era el porcentaje que iba para el Estado. En definitiva, intuían, no sin razón, que se los condenaba a desaparecer de la actividad. Aunque la 125 haya fracasado, el Estado continuó capturando buena parte de la renta de la soja con retenciones elevadas que apenas tuvieron una leve baja entre finales de 2015 y septiembre de 2018.

La idea que todavía subyace es que la transformación de los granos en aceite, harinas, combustibles, fibras, plásticos u otros productos pueda lograrse mediante medidas que distorsionan el funcionamiento de los diferentes eslabones de la cadena y favorezcan a unos por sobre otros. Si bien hasta los grandes países productores, como Brasil o Estados Unidos, entre otros, aplican medidas de estímulo a sus industrias lo que habitualmente se hace en la Argentina es apelar a distorsiones para proteger a un sector en particular.

Por eso todavía provoca desconfianza cada vez que se habla de la necesidad de “agregar valor a la producción” o “construir el segundo piso del agro”, como lo hizo la semana pasada el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y precandidato a presidente por el oficialismo. Las pretendidas buenas intenciones pueden esconder un intento de entregar un mercado llave en mano. Utilizar impuestos distorsivos como los derechos de exportación para generar una ventaja transitoria en el precio, a la larga, provoca que haya menos participantes en el mercado. En el caso de la producción agrícola, menos productores.

Por supuesto, también hay otros modelos para desarrollar una agroindustria fuerte, como los que apuntan a la integración vertical de todos los procesos. Se puede optar por ellos. En todo caso, es algo que cada cadena productiva puede desarrollar a lo largo del tiempo. El problema es cuando una protección específica del Estado inclina la cancha en favor de unos jugadores en detrimento de otros.

La industrialización o el mayor grado de elaboración de un producto se pueden lograr cuando hay condiciones económicas estables que favorecen la inversión de largo plazo. También cuando hay una estrategia alineada con el Estado que se preocupa por los temas importantes como, por ejemplo, la apertura de los mercados internacionales.

Y aún cuando el contexto es difícil también hay quienes apuestan a crecer desde la producción primaria hacia otros segmentos. Solo por mencionar algunos casos, vale recordar a Don Mario, que hoy lidera la genética de soja en Brasil, que nació a principios de la década de los años ochenta por el trabajo de seis amigos de la facultad en Chacabuco. Y también Bioceres, que hoy cotiza en Wall Street por sus desarrollos en biotecnología, que nació a comienzos de la primera década del siglo a instancias de un grupo de productores de Aapresid. Por supuesto, podrían haber sido muchos más de no haber imperado condiciones de distorsión y apropiación de la “renta extraordinaria” del agro por parte del Estado.

En tiempos electorales como los que está viviendo el país, acaso sea conveniente profundizar en los debates sobre los diferentes modelos propuestos en vez de quedarse con meras consignas como “hay que apoyar al campo” o “el campo es el motor de la economía”. No será sencillo hacerlo. A las promesas electorales se las lleva el viento.