A escasos días de la renovación parlamentaria, el oficialismo se apresta a dar su último zarpazo: convocó para este martes a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para firmar dictamen acusatorio contra los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño en sus funciones. La jugada, sin embargo, no convence a algunos diputados peronistas no kirchneristas que integran la comisión que, prudentes ante la llegada del nuevo gobierno que encabezará Javier Milei, prefieren no ir al choque por ahora.

La situación puso en un dilema a la bancada que conduce Germán Martínez. El Frente de Todos cuenta con una mayoría ajustada en la comisión: 16 diputados propios frente a 15 opositores. Esa relación de fuerzas se invertirá a partir del 10 de diciembre; si no logra emitir el dictamen acusatorio esta semana –último plazo que habilita el reglamento de la Cámara-, el oficialismo será visto como el gran derrotado frente a la Corte Suprema, a la que el Gobierno le declaró la guerra allá por enero de este año, cuando inició el proceso de enjuiciamiento.

Si bien la embestida contra los cuatro jueces tuvo desde el arranque el respaldo pleno de las distintas tribus que integran el oficialismo –el PJ que responde a los gobernadores, el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa-, en esta instancia final ese entusiasmo comenzó a decaer. Principalmente entre los referentes de los gobernadores del PJ que tienen terminales en la Comisión de Juicio Político.

En momentos de fuerte incertidumbre política por la llegada del nuevo gobierno, no son pocas las voces del “peronismo ortodoxo” que apelan a la cautela. “Desensillar hasta que aclare”, aconsejan, parafraseando a su líder Juan Perón. Hay que esperar hasta vislumbrar el rumbo que adoptará la gestión de Milei, sostienen. Después de todo, ¿de qué les serviría a los gobernadores peronistas inmolarse en estos momentos con un dictamen acusatorio que no tiene posibilidad alguna de prosperar en el Congreso? ¿Por qué enfrentarse ahora con la Corte Suprema y el nuevo gobierno, cuando más pronto que tarde habrá que sentarse a negociar?

Todos estos interrogantes circundaron en medio del hermetismo sobre la estrategia a seguir. En la Comisión de Juicio Político, que preside la kirchnerista Carolina Gaillard, asoman al menos dos diputados del PJ con línea directa a sus gobernadores: el riojano Ricardo Herrera –hombre de Ricardo Quintela, el mismo que agitó su renuncia si ganaba Milei y, ahora, busca canales de diálogo- y el pampeano Hernán Pérez Araujo, un referente del gobernador Sergio Zilliotto y su antecesor Carlos Verna, dos pragmáticos del poder que, en momentos adversos, saben despegarse a tiempo del kirchnerismo para hacer su propio juego.

En el oficialismo saben que cualquier defección en su tropa le infligiría una derrota frente a los opositores, abroquelados en resistir la acusación contra la Corte. Ante esta eventualidad los oficialistas apelarán a un artilugio reglamentario aunque polémico: el mismo día de la firma del dictamen reemplazarán a los diputados “dudosos” con soldados de lealtad probada al kirchnerismo para asegurar la mayoría de las firmas. Poco les importará si los flamantes nuevos miembros nunca hayan participado de la investigación ni de la elaboración del dictamen como seguramente les recriminarán desde la oposición. Después de todo, alegarán, esta ha sido una práctica que utilizaron tanto oficialistas como opositores a lo largo del proceso de juicio político para atender sus cuitas de campaña electoral.

Así las cosas, los oficialistas parecen decididos a “morir con las botas puestas”: firmarán el dictamen acusatorio contra la Corte a sabiendas de que, cuando asuma, el flamante presidente desactivaría la embestida de inmediato. “El juicio político a la Corte Suprema es infame”, fustigó Mariano Cúneo Libarona, el elegido por Milei como ministro de Justicia, tras fotografiarse ayer junto a los jueces supremos.

“Ese juicio político no tiene andamiaje, ni factico ni jurídico, es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno. Ha sido para dañarlos públicamente”, agregó el futuro ministro. Música para los oídos de los cuatro jueces.

El gesto augura un buen arranque en la relación entre el máximo tribunal con el gobierno de Milei, aunque no sería suficiente. Mientras el dictamen acusatorio se mantenga vigente -el plazo vencerá recién en diciembre del año próximo-, los jueces no podrán estar del todo tranquilos.

Dicho en otras palabras, hasta tanto Milei no ordene que el dictamen kirchnerista sea rechazado en el recinto de la Cámara de Diputados, la Corte continuará en la picota. Paradojas de la política, el kirchnerismo, seguramente de manera involuntaria, habrá hecho el favor de elaborar un dictamen acusatorio que podría ser utilizado eventualmente como prenda de negociación entre la Corte Suprema y el Gobierno. Sobre todo en aquellas causas que, de obtener un fallo desfavorable para la nueva gestión, tendrían un impacto por demás negativo en las exiguas arcas del Tesoro.

Basta mencionar como ejemplo la causa sobre la coparticipación porteña; el gobierno de Alberto Fernández incumplió la medida cautelar por la que la Corte le ordenó restituir fondos coparticipables a la ciudad. La deuda acumulada es multimillonaria. ¿La Corte Suprema se lo exigirá al nuevo presidente? Otra paradoja: esta causa es la que motivó el inicio de la embestida contra los jueces supremos, hace casi un año.