En septiembre último, el gasto del Estado nacional para el pago de jubilaciones y pensiones fue un 5,1% inferior al del mismo mes de 2022, según las cifras corregidas por inflación, en tanto que lo destinado a abonar asignaciones por hijo tuvo un recorte interanual de 34,7% (bajó un 26,2% el monto para la AUH y un 39,6% el derivado a los pagos por familia para empleados formales y monotributistas). Los datos fueron consignados en el informe mensual sobre ejecución presupuestaria de la administración nacional, elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Los números también muestran que, siempre en términos reales, en los primeros nueve meses del año y en comparación con ese período de 2022, el gasto cayó un 3,5% y un 27,4% en cada caso, respectivamente.

Visto desde el lado de quienes perciben las prestaciones (entre quienes hay situaciones diferentes, dadas las políticas oficiales), eso significó caídas en el poder adquisitivo, en solo un año, de hasta 19% en las jubilaciones, y de hasta 64% en las asignaciones por hijo. En ambos universos de beneficiarios hay grupos que el año pasado cobraban bonos que ahora no están ya vigente. Eso amplió, para esos segmentos, el efecto de la caída interanual del ingreso medido según su poder de compra, que ocurrió en líneas generales a causa de que las subas según la fórmula de movilidad se ubicaron por debajo del nivel de inflación.

Concretamente, en los últimos doce meses los reajustes hechos en función del índice de movilidad determinaron una suba acumulada para las jubilaciones y las asignaciones familiares de 101,74%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec avanzó un 138,3%. Así, para quienes vieron moverse sus ingresos solo en función de esos índices (sin haber cobrado bonos ni antes, ni ahora), en septiembre de este año pudieron comprar con lo percibido un 84,7% de lo que podían adquirir en ese mes de 2022; es decir, tuvieron una pérdida de 15,3%.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con un haber bruto mensual actual de $180.000 (por el cual se cobra, en mano, $171.823,8), que un año atrás era de $89.224 ($85.171, una vez descontado el aporte al PAMI). Siguiendo la inflación del período según el índice oficial, si en septiembre de 2022 la persona adquiría bienes y servicios por un valor igual al de su ingreso neto, como ahora ese mismo consumo tiene un valor de $202.962 (aumentó un 138,3%), entonces con los $171.823,8 que cobró en septiembre pudo comprar el 84,7% del total.

Para alguien con un haber actual de $174.000, sin embargo, la caída es mayor aún, siempre en cuanto a la capacidad adquisitiva. En este caso, con un ingreso antes de descuentos de $86.250, en septiembre de 2022 se había percibido, además, un refuerzo de $4000. En septiembre de este año ese bono ya no estuvo y, por tanto, al pasar de un ingreso total de $90.250 a uno de $174.000, se obtuvo una suba nominal de 92,8%, lo cual determinó una reducción del poder de compra de 19,1% en solo un año.

A partir de septiembre de este año y pese a que el índice de inflación se fue incrementando (fue de 12,5% y de 12,7% en el octavo y en el noveno mes, respectivamente), el Gobierno dispuso reducir el universo de jubilados que cobran un refuerzo junto con sus haberes. El pago de los bonos surgió en septiembre de 2022, por la insuficiencia de la fórmula de movilidad (vigente desde 2021, luego en un 2020 en el que se suspendió la fórmula antes vigente, para poder ajustar a la baja todas las prestaciones).

Durante un año, los pagos adicionales abarcaron a quienes tenían ingresos de hasta el haber mínimo multiplicado por dos y algo más. Ahora, el grupo se redujo, según lo anunciado en agosto por el ministro de Economía Sergio Massa y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta: hay un extra de $37.000 mensuales (entre septiembre y noviembre) que se abona solo a quienes tienen el haber mínimo, en tanto que a quienes tienen un haber bruto de hasta $124.460 se les paga el monto necesario para completar esa cifra (por ejemplo, con un ingreso de $100.000, se abona un adicional de $24.460). Quienes cobran más que ese monto y hasta alrededor de $175.000 dejaron de percibir un bono compensatorio; quienes cobran más no lo perciben ahora, pero tampoco le percibían antes.

El gasto en jubilaciones y pensiones, que entre enero y septiembre totalizó $8.370.809 millones, según el ya mencionado informe de la OPC, fue inferior al de 2022, ajustado por inflación, incluso con las nuevas prestaciones dadas de alta por el nuevo plan de deuda previsional, aprobado este año por ley. Según el boletín estadístico de la Secretaría de Seguridad Social, al tercer trimestre se habían otorgado 328.735 nuevas jubilaciones este año (el 90% de las otorgadas en todo 2022), y ocho de cada diez tuvieron moratoria. Entre quienes hoy tienen el haber mínimo, más de ocho de cada diez accedieron al beneficio por planes de moratoria.

Para los prestatarios con el haber mínimo, si se consideran los refuerzos, entre septiembre de 2022 y el mismo mes de este año la suba nominal fue de 147%, algo superior a la inflación de 138,3%. Sin embargo, el extra de $37.000 fue establecido en el marco del llamado “plan platita” y con vigencia hasta el mes próximo. No se sabe, por ahora, qué ocurrirá después.

Los números de la ejecución presupuestaria demuestran, por otro lado, que ese pago es posible porque se les ajusta a la baja a los demás jubilados, provocando un achatamiento de la pirámide y distorsiones en el sistema. Por ejemplo, alguien con un haber mensual de $133.000 ($45.540 más que el básico) se cobra hoy en mano menos que con el mínimo, cuando se agregan el bono de la Anses y la ayuda alimentaria del PAMI (para sus afiliados con un ingreso de hasta $131.900).

En el caso de las asignaciones familiares, en el fuerte ajuste en el gasto -que en los pagos a trabajadores formales trepó a 39,6% interanual en el período de enero a septiembre, según los datos de la OPC- influyeron también la insuficiencia de la movilidad y la quita de adicionales. En septiembre del año pasado se habían asignado bonos para garantizar que, en los hogares del tramo de ingresos familiares más bajos, se cobraran $20.000 por hijo. Ya sin aquella garantía vigente, hoy la cifra es de $17.093; es decir, más baja en términos nominales. Eso determinó, en esos casos, una prestación que el mes pasado tuvo un poder de compra de solo el 36% respecto del que tenía lo cobrado bajo el régimen de excepcionalidad, de un año atrás.

Las prestaciones del segundo tramo de ingresos, en tanto, eran de $6830 en septiembre de 2022 (había un mecanismo que garantizaba esa cifra, bono mediante), en tanto que hoy es de $11.528, es decir, un 68,8% más alta, frente a una inflación de 138,3%.

En los tramos de ingresos más altos (la asignación por hijo alcanzó en septiembre a los asalariados cuando al hogar llegaban hasta $1.012.460), lo percibido por hijo subió según el índice de movilidad. El aumento acumulado fue, así, de 101,74% en los últimos doce meses. En esos casos no hubo bonos el año pasado.

Y ese mismo incremento se dio para la AUH, hoy de $17.093. Esa asignación social, destinada a los hijos de desocupados y trabajadores informales de hasta 17 años, es complementada con el Plan Alimentar, pero solo por los chicos de hasta 14 años. Lo asignado para este segundo concepto, según los datos elaborados por la OPC, tuvo un recorte interanual, cuando se corrige el número por inflación, de 4,1% en septiembre, y de 6,2% en el período de enero al noveno mes del año.