Un jubilado del sistema general de la Anses que tiene hoy un haber bruto de $174.000, cobraba al finalizar 2022 un ingreso mensual neto de $102.242; eso incluía un refuerzo, sin descuento alguno, de $7000. En septiembre de este año y también en el actual octubre, el importe mensual que llega al bolsillo de esta persona es de $166.184 La cantidad de pesos es un 62,5% mayor, pero claro, con una inflación acumulada en los primeros nueve meses de este año de 103,2%, lo cobrado el mes pasado alcanzó para comprar un 80% de lo que podía adquirirse en diciembre de 2022, si la comparación se hace contra la evolución del Índice de Precios al Consumidor del Indec. Dicho de otra manera, en lo que va del año (sin contar, en rigor, esta primera quincena de octubre) el ingreso perdió un 20% de su poder de compra.

Según informó hoy el Indec, la inflación de septiembre fue de 12,7%, en tanto que acumuló un 103,2% desde enero y un 138,2% en un período de doce meses. El índice de movilidad previsional, dispuesto por una ley que rige desde 2021, determinó un reajuste para los haberes jubilatorios y otras prestaciones que acumuló un 74,5% desde el inicio del año y hasta septiembre.

La brecha entre ese nivel de reajuste de los ingresos y la variación que tuvieron los precios según el dato del organismo oficial de estadística, permite saber que hubo una pérdida de poder de compra, en solo nueve meses, de 14,1%. Y en los últimos doce meses, en tanto, la baja real de los ingresos fue de 15,3%.

Pero esas conclusiones son válidas para los jubilados y pensionados que no cobran bonos ahora ni los percibieron tampoco en períodos anteriores. Hay grupos de jubilados que perdieron más que eso y otros menos, en tanto que quienes tienen el haber mínimo cobran ahora, en bruto y con bono incluido, un 107% más que a fines de 2022, un índice que se ubicó apenas por arriba de la inflación.

Aportar más, cobrar menos

Más allá de los efectos perjudiciales de la inflación, que se profundizan en los meses en que no hay aplicación de un reajuste por movilidad (las recomposiciones se dan en marzo, junio, septiembre y diciembre), lo cierto es que la política del Gobierno referida a las jubilaciones distorsiona cada vez con mayor fuerza la pirámide de ingresos. Hoy hay quienes, con haberes brutos más altos -por haber aportado más en su vida laboral- reciben en mano importes más bajos respecto de quienes tienen, por ejemplo, la jubilación mínima, que son personas que, en la gran mayoría de los casos, accedieron a la prestación por un plan de moratoria.

Por caso, con un haber mínimo -de $87.460- se percibe este mes, sumado el bono de $37.000, un monto luego del descuento para el sistemas de salud, de $121.836. Y, si se trata de una persona afiliada al PAMI, se suma otro refuerzo de $15.000, para totalizar $136.836. Sigue siendo, claro, un ingreso muy bajo en función del costo de vida.

Pero, ¿qué pasa si al jubilarse alguien obtuvo un ingreso mayor? Con un haber bruto de $133.000 (un 52% más que el mínimo), este mes se cobra de bolsillo $127.644, es decir, $9192 menos que con la mínima, incluso si se está en la obra social de los jubilados. Esto es porque, con ese ingreso, el Gobierno dispuso que ya no se percibe ni el refuerzo de la Anses (de $37.000 para el haber básico y de importes más bajos para quienes cobran hasta $124.460), ni el bono alimentario del del PAMI, que tiene como requisito tener un ingreso de hasta $131.190. Ambos adicionales, más allá de su diferente naturaleza, fueron anunciados por el ministro de Economía, Sergio Massa, en el marco de su campaña electoral como candidato a presidente por el oficialismo, y del llamado “plan patita”. Son importes no incorporados al haber mensual, por lo que pueden dejar de ser abonados luego del período para el cual se establecieron.

Dadas esas distorsiones, la situación de los jubilados en cuanto a qué está ocurriendo con sus ingresos en términos reales (es decir, corregidos por inflación) varía en función de si son beneficiarios de bonos, si lo fueron y ya no lo son (como es el caso del ejemplo citado en el primer párrafo), o si nunca los recibieron. El pago de refuerzos es continuo desde septiembre de 2022 y surgió por la insuficiencia de la fórmula de movilidad para garantizar que se mantenga el poder adquisitivo de los ingresos. Sin embargo, desde su origen el pago del refuerzo no abarcó a todos los prestatarios.

Hasta agosto pasado, quienes cobraban hasta el haber mínimo multiplicado por dos percibían un adicional, aunque menor al correspondiente al ingreso más bajo. Desde septiembre, pese a la aceleración de la inflación, hay un grupo antes incluido que dejó de cobrar un extra; se trata de quienes tienen actualmente un haber bruto entre $124.461 y $174.920. El refuerzo que en su momento anunció la Anses y que no tiene descuento -sí lo tiene el haber propiamente dicho y el destino del dinero es el PAMI- es en los meses de septiembre, octubre y noviembre, de $37.000 para quienes cobran el haber mínimo, y del monto que haga falta para llegar a $124.460 para quienes cobran más de $87.460 y hasta $124.460. Por ejemplo, con un haber bruto de $100.000, el adicional es de $24.460.

Achatamiento con ingresos en caída

El achatamiento de la pirámide provoca que se vayan reduciendo las diferencias entre los ingresos cobrados por unos y otros jubilados, al mismo tiempo que se va perdiendo poder adquisitivo. Es decir, la política decidida por el Gobierno no implica garantizar el valor real de los haberes mensuales y, a partir de allí, redistribuir, sino que todo ocurre en un escenario de caída del valor real de las jubilaciones, una cuestión que ya comenzó a tener reclamos en la Justicia.

Ese causal de litigios de jubilados contra el Estado se suma a otro originado en las políticas del actual Gobierno: el efecto de la suspensión del índice de movilidad durante todo 2020, que le permitió al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner hacer un ajuste a la baja en las jubilaciones y pensiones. Mientras que el índice suspendido (y luego eliminado) definía para todo ese año una recomposición de haberes de 42,1%, en la práctica se otorgaron alzas que acumularon entre 24,3% y 35,3%, en todos los casos por debajo de la inflación de ese año, que fue de 36,1%.