CÓRDOBA.- Entre las negociaciones que integran la agenda de la administración del electo presidente Javier Milei ocupa un lugar principal la que deberá mantener con los gobernadores. Todos ellos reclaman recomponer los recursos de coparticipación perdidos por el “plan platita” que puso en marcha el ministro de Economía, Sergio Massa. Proponen coparticipar el impuesto al cheque, que hoy va el 100% a las arcas de la Anses. La “solución” para las provincias sería una complicación para los jubilados. El futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, analiza alternativas para plantearles a los mandatarios.

Las posibilidades que se barajan no son respuestas totales, sino una forma de ir ganando tiempo mientras la nueva administración se asienta y avanza en definiciones. Hay algunas cuestiones que son generales y atañen a todas las provincias, mientras que otras deberán ser discutidas por grupo o de forma individual. La intención es no enfrentar a los gobernadores porque son claves para que los legisladores en el Congreso acompañen proyectos del oficialismo.

Un capítulo transversal es el de la obra pública. Milei planteó que no habrá más y que toda será concesionada. Guillermo Ferraro, designado ministro de Infraestructura, aseguró que los contratos en ejecución se respetarán. Sin embargo, ya hay empresas que comenzaron a enviar telegramas de despido. La mitad de los 500.000 obreros del sector se desempeñan en ese segmento.

Pagar la deuda con empresas (los certificados se vienen cancelando a 120 días promedio y por eso hay trabajos parados) y dar certidumbre respecto de cómo seguirán los trabajos en marcha es un planteo que hacen los gobernadores. Los que tienen la posibilidad -que no son muchos- aseguran que si no hay fondos de la Nación se harán cargo ellos.

“La obra tiene territorialidad; no se ejecuta en el aire, impacta directamente en las provincias. Es un tema a conversar con nosotros, frenarla implica despidos, menos actividad, menos recaudación para todos”, describe el mandatario de un distrito grande.

Para las 13 provincias que no transfirieron sus cajas de jubilaciones a la Nación hay dos temas a resolver. Por un lado, la deuda que acumuló la gestión de Alberto Fernández al no actualizar los fondos que transfiere para cubrir el déficit y, por el otro, empezar a girar mensualmente el dinero que corresponde. Medio billón de pesos acumula el endeudamiento con Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

En 2017, en la gestión macrista, la Nación dejó de exigirse la “armonización” de los sistemas provinciales con el nacional y por ley se dispuso que los montos girados son los equivalentes a los desequilibrios que los regímenes tendrían si estuvieran en manos de Nación. Aunque el presupuesto en ejecución fija que los giros deben seguir la movilidad jubilatoria, eso no pasó y la deuda fue creciendo.

El grupo que espera respuestas está integrado por Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.

De cara al nuevo proyecto de presupuesto 2024, el gobernador riojano Ricardo Quintela deberá reclamar nuevamente por la “compensación” por el punto de coparticipación que la provincia perdió en 1988. En la iniciativa que mandó Massa al Congreso, se fijaron $94.000 millones. Habrá que ver qué se mantiene.

Tierra del Fuego no se resigna a que el régimen industrial especial se extinga de un día para el otro. Hace 20 días, por decreto, la Nación lo extendió hasta el 2028, pero a partir de 2025, se aplicará una disminución anual del 2,3% en los beneficios, basándose en el promedio de los beneficios fiscales de los últimos diez años. El gobernador Gustavo Melella tiene el tema en su agenda.