La familia del soldado Pablo Jesús Córdoba, que murió hace un mes, luego de ser encontrado gravemente herido, en circunstancias confusa, en el puesto de guardia del regimiento militar de Zapala, en Neuquén, reclamó que la Justicia investigue el caso como homicidio y desmintió la hipótesis del suicidio. En las últimas horas se realizó una inspección judicial en el cuartel y se pudo saber que en la causa ya declararon nueve testigos.

En medio del hermetismo de la investigación, el Ejército se puso a disposición de la Justicia para aportar la información que se considere necesaria y el caso es seguido de cerca por el ministro de Defensa, Jorge Taiana, al tiempo que dos auditoras viajaron al lugar para avanzar en las actuaciones administrativas que podrían derivar en sanciones disciplinarias.

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“Con mi hijo estábamos en contacto siempre. No tenía ningún problema con nadie. No queda lugar a dudas que lo ejecutaron”, afirmó el padre del soldado, Juan José Córdoba Salto, que es suboficial del Ejército y cumple funciones en la Base de Apoyo Logístico, emplazada en el mismo predio en el que se encuentra la unidad del soldado fallecido. Se enteró del hecho por un llamado telefónico que recibió cuando se dirigía a su lugar de trabajo, por lo qu se trasladó al Hospital Interzonal de Zapala. Megó que su hijo tuviera motivos para quitarse la vida.

“A mi hijo lo mataron”, insistió, en tanto, su madre, Natalia Uribe.

Córdoba, de 21 años, llevaba diez meses como soldado voluntario en el Grupo de Artillería 16 de Zapala, el mismo cuartel militar en el que hace 29 años fue escenario del caso Carrasco, el soldado conscripto que murió luego de recibir una golpiza y cuyo cadáver se encontró casi un mes más tarde en la propia unidad militar. En ese caso la Justicia comprobó que hubo encubrimiento y condenó a los responsables.

El secretario general del Ejército, general Sergio Maldonado, dijo que la fuerza “apoya todo lo que haga” la familia del soldado Córdoba, al señalar que ella “es parte de la institución. Y afirmó que en el malogrado hecho “se activó el protocolo militar”.

En la inspección judicial ordenada por el juez federal Hernán Greco, participó el coronel Francisco Chimeno, jefe de la Agrupación de Artilleria de Campaña 601, de quien depende el Grupo de Artilleria 16 en el que se desempeñaba Córdoba. Los padres de la víctima estuvieron presentes en el operativo que realizó la Justicia. Como es habitual en estos casos, por decisión del magistrado, en los procedimientos no interviene el Ejército, sino la Gendarmería.

Fuentes del Ministerio de Defensa explicaron a LA NACION que la presencia de las dos auditoras forma parte de las actuaciones administrativas previstas en el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, para evaluar si corresponden sanciones.

Las declaraciones de los testigos podrían aportar elementos para el esclarecimiento. El abogado de la familia, Maximiliano Orpianessi, había dicho que en el expediente se encuentran testimonios de soldados que tomaron contacto con la trágica escena en los primeros momentos.

Mientras uno de ellos, el primero que habría encontrado el cuerpo -a 50 metros de una garita cerca del Casino del regimiento-, habría revelado en los primeros tramos de la investigación que el fusil se hallaba a un costado del cuerpo. Otros testimonios indicaban, según el letrado, que el arma estaba colocada sobre la víctima, lo que podría dar indicios de que su ubicación habría sido manipulada.

El suboficial Córdoba Salto, el padre de la víctima, declaró a los medios que resulta difícil creer que su hijo se disparara dos balazos con el fusil FAL que portaba, al que describió como un arma de fuego de cuatro kilos de peso y grandes dimensiones. “Ninguno de los disparos le puede dejar posibilidades de accionar nuevamente el arma”, señaló el suboficial.

Los peritos indicaron que la causa de la muerte fue por un “traumatismo encefálico grave por herida de arma de fuego”, por lo que establecieron que se trató de una “muerte compatible con muerte violenta”.