Lomas de Zamora vuelve a ser un nudo esencial en la trama del poder. Un espacio que ocupó desde la recuperación de la democracia hasta 2003. Martin Insaurralde es el punto de inflexión entre este y aquel ciclo de esplendor que Eduardo Duhalde coronó con su ascenso a la presidencia con el respaldo de los intendentes del conurbano y la resistencia inicial de los gobernadores peronistas. La situación patrimonial puesta al descubierto por un viaje de placer privó al exjefe de Gabinete de Kicillof de recorrer una trayectoria rutilante similar desde la intendencia. Un lugar que ahora corre el riesgo de perder.

Ese contraste histórico vuelve absurda la idea de que un solo dirigente sea capaz de montar un presunto imperio político y económico con la necesaria domesticación de sectores de la Justicia y el financiamiento de la actividad política por la Legislatura. El mismo sobre el que ahora se descarga en forma conveniente todo el peso simbólico de la fundada sospecha de corrupción que rodea a ese sistema institucional. Uno de los factores que afecta la credibilidad y la seguridad jurídica de la Argentina.

Pero este episodio demostraría, sin embargo, el potencial de riqueza ligado a los negocios que encuentran oportunidad de éxito en la creciente pobreza de la sociedad: juego, venta de influencias, sobreprecios en contrataciones oficiales y lavado de activos, entre otros. Una matriz de poder a la que Néstor Kirchner primero y luego Cristina le dieron un grado de sofisticación con la aparente compra hostil de empresas vinculadas a algunas de esas prestaciones.

Federico Susbielles entregaría una prueba indeleble de la expansión de esa práctica en el oficialismo. Designado en 2019 al frente del consorcio del puerto de Bahía Blanca, Susbielles desconoció la licitación del servicio de carga y descarga de combustibles inflamables en esa terminal que ganó Energen antes del cambio de gobierno. Susbielles consiguió desalojar a Energen con una orden del juez civil y comercial N°5, Pablo Federico Bostal.

Energen apeló y ganó esa medida en todas las instancias. El contrato de licitación fija al fuero contencioso y administrativo para cualquier litigio entre las partes. En 2021, Energen denunció por extorsión a Susbielles, Maximiliano Di Federico y Gustavo Elías ante la fiscalía de Delitos Complejos de Bahía Blanca a cargo de Gustavo Zorzano. En una filmación obtenida con cámara oculta y aportada como prueba, Di Federico aparece exigiendo a Energen que transfiera a Susbielles el 50 por ciento de sus acciones para evitar contratiempos.

Susbielles designó a Di Federico como director de la zona franca del puerto. Los dos mantendrían una relación estrecha con Gustavo Elías, sindicado como testaferro de Hugo Moyano. Pero también como su socio en Chenyi. Una empresa de logística que reivindica el carácter nacional de su gerenciamiento y dedicada casi por completo al servicio de transportes de combustible para YPF. El poder de Elías inspira temor en Bahía Blanca. Controla medios de comunicación y , en apariencias, también al puerto. Casi como si fuera el dueño.

El juez Bostal accedió este mes a restituir a Energen en el puerto, tal como se lo ordenó el mes pasado la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata. Fue necesaria la intervención de autoridades bonaerenses para que Susbielles acceda a que tres buques contratados por TGS, Axion Energy y Dow Chemical puedan ingresar la semana pasada para completar sus cargas. La Procuración General bonaerense abrió un sumario disciplinario donde se investigan las demoras del fiscal Zorzano para avanzar en la denuncia de Energen por extorsión.

Kicillof evitó cualquier expresión sobre el comportamiento de Susbielles. El candidato a intendente en Bahía Blanca lo acompaña en la boleta de Unión por la Patria, a pocos días de la crucial elección en la que intentará ser reelecto. Probablemente ya sepa del inconveniente en insistir con el argumento que utilizó para tomar distancia de Insaurralde. Aseguró que no sabía del viaje de su jefe de Gabinete. El gobernador acompañó con su firma digital los decretos publicados en el Boletín Oficial que aparecen suscritos por alguien que lo hizo por Insaurralde en su ausencia. Un descuido de sus asesores legales que podría valerle una denuncia por supuesta falsedad ideológica. Dirigentes de Juntos analizan hacerlo. Patricia Bullrich eligió a Lomas de Zamora para el cierre de su campaña de ayer. Probablemente porque haya intuido que al oficialismo le cuesta calcular la dimensión de la tragedia electoral que entraña Insaurralde. El malestar de los intendentes del PJ fue inocultable en el acto de Arsenal. El impacto de Insaurralde sobre la intención de voto no sería inferior a cinco puntos en la mayoría de los municipios que controlan.

Un problema adicional al que les plantea Massa si repite los 27 puntos obtenidos en las PASO, como especulan por los sondeos en su poder. Lo que implicaría un brusco descenso de casi diez puntos entre quienes mantienen con esos estudios la expectativa de alcanzar los 45. Un dato que haría inexorable el corte de boleta contra Massa, pese a que Kicillof los haya instado en Arsenal a lo contrario. El gobernador también precisa que el candidato presidencial mejore la marca de las primarias para retener la provincia.

Ninguna de esas posibilidades estaría en condiciones de mejorar la posición incómoda de Insaurralde en Lomas de Zamora. Sobre todo cuando vuelven a trascender datos de su estrecha relación con Máximo Kirchner que trascendería a la política y se prolongaría hacia el real estate. En algunas versiones se los señala como los aportantes iniciales de los 12 millones de dólares para financiar Pride Canning, el mayor desarrollo inmobiliario en barrios cerrados. Rasgo urbanístico saliente en esa localidad homónima del partido de Ezeiza.

Nicolás Mateo podría haber dado origen a lo que por ahora sería solo una conjetura. Se lo sindica como el desarrollador de Pride Canning. Probablemente por la repercusión que obtuvo por ese rol con Las Lomitas Street, un complejo comercial, gastronómico e inmobiliario que tiene a Guillermo Cóppola como agente de relaciones públicas. Pero también como supuesto inversor. A Cóppola se lo asocia con miembros del espionaje local. Una comunidad asociada desde siempre a la actividad del modelaje que cumplirían figuras como Sofía Clérici.

Mateo compartiría con Cóppola otra actividad. La representación de jugadores de fútbol. La especulación es que varios de ellos serían propietarios de departamentos en el monumental edificio de 20 pisos que Las Lomitas Street tiene sobre la avenida Hipólito Yrigoyen. Mateo se incorporó a esa sociedad anónima tras la traumática desvinculación de Eduardo Salvadores, agente inmobiliario y primer rostro visible de ese proyecto.

La Justicia condenó a Salvadores por usurpar y vender ilegalmente propiedades suntuosas en Lomas de Zamora. Nicolás es el hijo de Roberto Mateo, titular de una escribanía del microcentro de esa ciudad que, a la vez, cumpliría actividades como financiera. Nicolás está inscripto como agente de bolsa. Sus hijos fundaron en 2021 la desarrolladora inmobiliaria HOMS. Nicolás y Santiago tenían entonces 25 y 27 años. Diego Mazer es socio de Nicolás Mateo en Las Lomitas Street. Mazer es titular de la constructora DMA, pero es más conocido por ser el yerno de Sergio Grosskopf, dueño de varios emprendimientos inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires, Punta del Este y Miami. El valor del metro cuadrado en el edificio de Las Lomitas Street rondaría los cinco mil dólares. Explicaría por qué permanece en semipenumbras durante la noche.

Insaurralde hizo saber del riesgo de disturbios si Bullrich insistía con el acto en Plaza Grigera, frente al Palacio Municipal a través de Martín Choren. La concejal del Pro, Silvia Sierra, suele responder a las aflicciones del jefe del Gabinete municipal. Por lo general acompaña al oficialismo con su voto en el recinto. Sería injusto señalarla como la única opositora con ese tipo de sensibilidad hospitalaria. Gabriela Barrientos es otro caso. Alojó en su vivienda de San Miguel a Enrique “Quique” Antequera para que cumpliera allí arresto domiciliario. Antequera fue acusado por asociación ilícita en la feria de Urkupiña, una de las dos instaladas en el predio denominado La Salada. Antes que se le dictara condena, Antequera permaneció en el inmueble que Barrientos comparte con Alejandro Cánovas. Su esposo y primer abogado defensor de Antequera. Cánovas está vinculado al estudio jurídico de Fernando Burlando.

Barrientos es concejal del Pro en San Miguel y promueve la ficha limpia para impedir que sean candidatos quienes aparezcan ligados a delitos de corrupción. El proyecto que impulsa su jefe político, Cristian Ritondo. Un gran ausente en la campaña de Juntos