Pocos minutos antes de que la Oficina del Presidente Electo oficializara a Patricia Bullrich como la futura ministra de Seguridad de la Nación, cargo que ocupó entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, la excandidata presidencial hizo referencia a la necesidad de tener un nuevo régimen penal juvenil que “les ponga un freno definitivo a los delincuentes en el inicio de su carrera delictiva”.

Las afirmaciones de Bullrich fueron hechas en la su cuenta de la red social X tras una reunión Mariela Flores y Martín Sperani, la madre y el padre de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años asesinado a golpes por un compañero de clase de su misma edad en Laboulaye, Córdoba, en junio pasado.

“Recibí a los papás de Joaquín Sperani, adolescente de 14 años que fue brutalmente asesinado por otro de su misma edad en Laboulaye, Córdoba. Es claro, y siempre lo sostuve, que un menor de 16 años sabe si lo que hizo está bien o está mal. A ellos, como a tantas otras familias víctimas de un sistema injusto, los acompaño en su reclamo por una verdadera justicia y en el pedido de un nuevo régimen penal juvenil, que les ponga un freno definitivo a los delincuentes en el inicio de su carrera delictiva”, sostuvo Bullrich en la publicación en X, a las 8.44.

En octubre pasado, luego de que se conociera que el juez de la causa le permitió al joven que asesinó a su hijo volver a su casa, Flores hizo una dura crítica a la Justicia. “Nuestros derechos no son escuchados”, dijo la mujer.

Se refería a la decisión del juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y Faltas Sebastián Moro. En la resolución, se ordenó que “el joven no punible se reintegre a su medio familiar bajo la guarda de sus padres, en una residencia ubicada en otra localidad, es decir, fuera de Laboulaye”, y se explicó que la medida es de carácter “provisoria”, y que su familia no se podrá mudar “sin la debida autorización judicial”.

Recibí a los papás de Joaquín Sperani, adolescente de 14 años que fue brutalmente asesinado por otro de su misma edad en Laboulaye, Córdoba. Es claro, y siempre lo sostuve, que un menor de 16 años sabe si lo que hizo está bien o está mal. A ellos, como a tantas otras familias… pic.twitter.com/jLzIe8dnSn

Cuando era ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Bullrich, junto con su compañero de Gabinete, Germán Garavano, que estaba a cargo de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, y el por entonces coordinador general de la comisión Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, había presentado el anteproyecto del nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, que contempla bajar la edad de imputabilidad a 15 años.

El cambio abarcaba a los delitos con penas superiores a los 15 años de prisión. “Es un tema muy importante y una cuenta pendiente de la democracia porque la ley actual es de hace 40 años, una disposición de la dictadura”, había dicho Garavano en la presentación, en febrero de 2019.

El proyecto, según informaron en su momento, era el resultado de más de tres años de trabajo que involucraron, a partir de la plataforma Justicia 2020, a más de 3000 expertos y civiles de todo el país. Una comisión redactora, de la que participó Unicef, preparó las bases del anteproyecto consensuado.

“En democracia se presentaron 95 proyectos en el Congreso y fracasaron”, puntualizó Gil Lavedra.

La iniciativa tenía más de 100 artículos y sus ejes principales eran contar con una Justicia especializada, abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa; fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos; y procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas.

“Quizás tiene un nombre que no contempla la idea principal, que es que haya menos delincuentes y no más presos”, había sostenido Bullrich.

Garavano había dicho: “Está pensado para delitos de altísima gravedad”. Se proponía un sistema de escalas que establecía las siguientes responsabilidades penales: el adolescente sería penalmente responsable desde los 15 años de edad si comete un delito cuya pena máxima posible es de 15 años de prisión o más (robo con arma de fuego, violación, secuestro extorsivo, homicidio o lesiones gravísimas). Y sería penalmente responsable desde los 16 y hasta los 18 años si comete un delito cuya pena máxima posible es de dos años o más.