Cuando faltan apenas tres semanas para las PASO, los electores carecemos aún del insumo tal vez más importante a la hora de definir nuestro voto: saber qué proponen los candidatos en temas clave para el cargo que aspiran a ocupar, cómo se posicionan teniendo que discutir mano a mano con el adversario –tanto interno como externo a su fuerza política–, qué nivel de interacción mantienen con sus pares, qué capacidad de reacción son capaces de desarrollar ante temas conflictivos y cuánto están dispuestos a exponerse a las críticas y a dar respuestas a los cuestionamientos. Es decir, faltan debates públicos que permitan confrontar tanto programas de gobiernos como liderazgos. Ningún acto de campaña, spot publicitario ni posteo en redes sociales reemplaza el intercambio de opiniones en un debate abierto, ya sea entre candidatos a presidente, a gobernador provincial o a jefe de gobierno porteño.

En nuestro país, los debates presidenciales son obligatorios desde 2016, pero solo para después de las PASO, y comprenden a todos los candidatos presidenciales cuyas agrupaciones políticas superen el piso de votos establecido para dichas primarias abiertas.

Haber dispuesto por ley los debates presidenciales ha sido un paso importantísimo. No fue fácil llegar a ese acuerdo político por la resistencia que, entre muchos dirigentes, plantea semejante exposición ante la ciudadanía, reacios a aceptar los riesgos de la inmediatez, de la improvisación y a cometer posibles errores. El resto de debates públicos entre candidatos de otras categorías ha dependido casi siempre de la iniciativa mayormente privada, y por tanto no obligatoria, surgida de algunas instituciones académicas o medios de comunicación. Cada vez que se ha realizado un debate –con sus aciertos y errores de dinámica y desarrollo– el resultado ha sido más que satisfactorio.

El debate público entre candidatos a cargos electivos es un derecho de la ciudadanía que esta debería poder ejercer en plenitud y de manera periódica en tiempos de elecciones. Conocer las propuestas de los aspirantes, contrastándolas en un mismo acto con la de sus contrincantes y viendo cómo se desenvuelven ante temas ríspidos, es clave para adentrarse en un entendimiento más profundo no solo de los objetivos programáticos de la fuerza política que compite, sino de la personalidad de quien se presenta como líder, de quien aspira a regir los destinos de un país, de una provincia o de la jefatura de un gobierno.

Sin dudas, en épocas tan duras como la actual, en las que se verifica una notoria ausencia de electores a la hora de votar, alentar la participación ciudadana resulta clave

En esos encuentros pautados para un mismo momento y en un mismo lugar, el elector puede comparar modos de actuar y de comportamiento, apreciar distintos estilos de conducción y sopesar la fuerza de los argumentos que se exponen. En el choque de opiniones, además, quedan expuestas las fortalezas y debilidades de cada candidato a la hora de defender sus postulados. El lenguaje no verbal resulta también más que interesante: el candidato suele mostrarse tal cual es. Esa mayor visibilidad repercute, en mayor o menor medida, en la toma de decisiones de los electores y redunda en una deseable participación ciudadana a la hora de elegir y de reafirmar su compromiso con ese vital acto de la democracia. De hecho, en numerosos países los debates públicos se han convertido ya en un ritual.

Hace poco se conocieron los resultados de un estudio realizado por la organización de la sociedad civil Cimientos y la consultora Isonomía, en el que se destaca el interés de los ciudadanos por privilegiar el tema educativo en los debates presidenciales. El 82% de los consultados se pronunció en favor de incluir ese tema y, entre los aspectos que generan mayor preocupación, destacaron la necesidad de fortalecer la preparación para el ámbito laboral, seguida por la asignación presupuestaria destinada al sector. Seguramente, más informes como el de Cimientos arrojarán en lo sucesivo información sustantiva respecto de las problemáticas sobre las que la población espera respuestas concretas y realizables de parte de sus candidatos.

Según nuestra todavía novel legislación, habrá en el país dos debates presidenciales obligatorios después de las PASO del 13 del mes próximo. El primero tendrá lugar el domingo 1° de octubre y el segundo, una semana después: el 8 de octubre. Ambos serán previos a los comicios generales de ese mes. Como dispone la ley, el primero deberá realizarse en el interior del país, en esta oportunidad, en el Centro de Convenciones Provincial Fórum de Santiago del Estero. El segundo ocurrirá en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en esta capital. En caso de tener que realizarse un ballottage, habrá un tercer encuentro el 12 de noviembre, también en la UBA.

El primer debate presidencial obligatorio entre nosotros tuvo lugar en 2019 en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, entre los entonces candidatos Alberto Fernández (Frente de Todos), Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Roberto Lavagna (Consenso Federal 2030), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda-Unidad), Juan José Gómez Centurión (Frente NOS) y José Luis Espert (Frente Despertar). Los temas acordados fueron relaciones internacionales, economía y finanzas, derechos humanos, género y diversidad, educación y salud.

Antes de la ley, se registraron otros debates muy recordados, como el que tuvo lugar en 2015 entre los entonces postulantes a presidente Mauricio Macri y Daniel Scioli. También, el que protagonizaron Dante Caputo y Vicente Saadi por la solución al diferendo limítrofe con Chile, en 1984, además de varios debates de candidatos a la Jefatura de Gobierno porteña realizados en diversos medios de comunicación.

Resulta imperioso que los candidatos a todas las instancias de gobierno decidan someterse también a un debate antes de las PASO, aun sin contar con una ley que los obligue para esa instancia. Poco sabemos los ciudadanos de sus propuestas y, menos aún de cómo piensan llevarlas adelante para intentar solucionar los graves problemas que nos aquejan tanto a nivel nacional, provincial como municipal.

Sin lugar a dudas, en épocas tan duras como la actual, en las que se ha venido verificando una notoria ausencia de votantes en los comicios realizados ya en varias provincias, alentar la participación ciudadana resulta clave. Los debates en todas las categorías deberían ser la regla y no la excepción. Los candidatos, a su vez, tendrían en ellos la oportunidad de empezar a revertir la extendida evidencia de que sus agendas no coinciden con las demandas ciudadanas. En ese aspecto, la confrontación pública de candidatos y propuestas constituye un paso decisivo para elevar la calidad democrática de los procesos electorales.