Asociaciones de psiquiatras salieron a rechazar en los últimos días el cierre de dos salas de internación de salud mental en el Hospital Alejandro Korn, de la localidad bonaerense de Melchor Romero. Se oponen a que desde el gobierno provincial equiparen un lugar de atención con “centros clandestinos de detención y tortura”.

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El 15 de mayo, el Ministerio de Salud bonaerense colocó un cartel en el acceso a una de las salas. “Desde finales de la década de 1960 hasta abril de 2023, funcionó aquí un pabellón de encierro manicomial. En el día de la fecha, se cierra definitivamente como espacio de vulneración, destinado a nuevos usos para garantizar derechos a nuestro pueblo”, reza el texto. Y finaliza: “En la memoria de cientos de personas que vivieron, sobrevivieron y murieron aquí. ¡Manicomio Nunca Más!”.

Entidades como la Asociación Argentina de Psiquiatras (AAP), la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) y la Asociación Gremial de Psiquiatras de la Capital Federal (AGP), además de profesionales desde distintas ciudades del país, se opusieron a la comparación tácita con centros de detención ilegales.

A través de comunicados, la AAP señaló que “el cierre de una sala de internación fue coronado con la instalación de un texto agraviante por lo que intenta insinuar”. El texto, que firma la Comisión Directiva de la entidad, apunta que “la psiquiatría asilar, y el consecuente hacinamiento, fue una distorsión producida por la absoluta falta de respuesta terapéutica. A partir de los avances de la psicofarmacología y los programas de salud mental comunitaria que se iniciaron en la década del 1960, fue posible iniciar el camino que hoy recorremos en forma vigorosa, hacia una salud mental moderna. Asumir, como se insinúa, que los psiquiatras que trabajaban en esos tiempos son cómplices de violaciones a los derechos humanos es una provocación a la nos hemos acostumbrado, pero no podemos dejar pasar ni normalizar”.

La APSA difundió este miércoles un documento en que el que plantea que “no es lo mismo una sala de internación psiquiátrica que un centro clandestino de detención y tortura”, una asimilación que define como un “gesto autoritario”. En el comunicado, los directivos de la entidad manifiestan que “no es cerrando dispositivos que se construye una nueva concepción en la atención de los trastornos mentales. No es con carteles autocelebratorios que se sientan las bases de un modelo comunitario de comprender, cuidar y promover la salud mental”.

La AGP, por su parte, llamó a “romper con la vana ideologización y grieta” con que se trata la salud mental. “Hoy, todos estamos abocados al tratamiento de los trastornos mentales graves de la mejor manera posible”, detallaron en su comunicación para repudiar, como lo detallaron, la colocación del cartel en el hospital. Y afirmaron que “el prejuicio ideológico enmascara la grave crisis sanitaria y la vulneración de derechos cuando se niega la atención psiquiátrica, se miente sobre las verdaderas funciones de una institución de internación y se cierran hospitales especializados en salud mental, lo que deja sin recursos asistenciales al paciente y su familia”.

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Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires explicaron a LA NACIÓN que no se trató de un cierre de sala, sino de la refuncionalización de esos espacios en lo que definieron como “un cambio del modelo de atención”. A los pacientes que estaban internados, según precisaron, los trasladaron a casas construidas cerca del hospital. En esas salas, ahora hay “espacios de educación, lúdicos, arte”, entre otras actividades, para todos los usuarios del sistema de salud, según aclararon.

“Son medidas en el marco de la plena implementación de la ley de salud mental bajo el programa Buenos Aires Libre de Manicomios –agregaron–. Lo que se cierran son los dispositivos de larga estadía (20/30 años de vivir en un manicomio) para quienes no tienen ese criterio de internación. Son personas que pasan a vivir en casas de medio camino o, directamente, reinsertadas en la sociedad. No se pierden camas o plazas para tratamientos agudos y, además, estamos abriendo camas en hospitales generales: más de 60% en tres años, donde llegan muchas urgencias a diario.”

Ricardo Corral es presidente de la AAP. En diálogo con LA NACIÓN sobre la reacción de las entidades que reúnen a los psiquiatras y profesionales que en las últimas horas se expresaron de manera individual en esa misma línea, se refirió a la instalación del cartel en un hospital público.

“Esto –dijo–, no hace más que demostrar una vez más el doble estigma en la salud mental: por un lado, los que padecen la enfermedad y, por el otro, los lugares y los médicos psiquiatras que las atienden. No hay instituciones perfectas, pero cerrar salas de internación en hospitales cuando no tenemos dónde derivar a los pacientes es un error e incluso se contrapone de manera directa con la Ley de Nacional de Salud Mental cuando la norma prevé que las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales”.

Y agregó: “Sabemos que esto último tampoco se cumple y que, por otro lado, se insiste irracionalmente en cerrar las instituciones especializadas de alta complejidad, como el hospital Borda, lo que deja sin tratamiento a las personas que concurren diariamente a atenderse. Frente a la alta demanda de servicios de salud mental que está insatisfecha esas salas podrían haberse destinado para la atención de los pacientes que lo necesitan.”

Por su parte, Nicolás Kerschen, exvicepresidente del Colegio de Médicos de Neuquén-Distrito IV y médico psiquiatra del Hospital de San Martín de los Andes, también expresó su rechazo al cierre de esas salas. “Esto es ideologizar la opinión de la población –sostuvo–. Es un camino inverso hacia la búsqueda del cese del sufrimiento de tantos pacientes y sus familias. Los psiquiatras necesitamos del apoyo de la comunidad para nuestra labor y no que nos vean como antiderechos.”