CÓRDOBA.- El chico de 14 años que mató a su amigo y compañero de clase Joaquín Sperani, de la misma edad, tal vez nunca explique los motivos que lo llevaron a cometer el crimen. El asesinato ocurrió el 29 de junio pasado en Laboulaye, en el sur de esta provincia, y todavía conmueve a a la sociedad. El confeso criminal está alojado, por “resguardo”, en el Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba donde ya se le realizan peritajes.

Los investigadores determinaron que el adolescente premeditó el crimen. Después de actuar en soledad regresó a la escuela. Testimonios de unas compañeras apuntan en que se comportó de manera “normal” que “jugó y se río”. Participó de la búsqueda y de las marchas por su amigo y dio, durante casi tres días, pistas falsas a la policía.

Por su edad, es inimputable. El juez Sebastián Moro que lleva la causa decidirá cuánto tiempo está en un instituto de menores, si requiere de una internación o si retorna con su familia la que, seguramente, dejará Laboulaye.

Aunque los especialistas consultados por LA NACION advierten que serán claves los resultados de los peritajes para determinar el perfil del adolescente -una edad que tiene la complejidad de que la personalidad está en formación- las perspectivas de una “reinserción” social son bastante limitadas en función de la experiencia argentina.

Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil en Catamarca, subrayó que es la “gran discusión” en auge qué hacer con los menores en conflicto con la ley. “Hay que fortalecer mucho los lugares donde se los aloja; son fachadas con poco atrás. Los sistemas de protección integral necesitan que los fortalezcan poder trabajar interdisciplinariamente con programas y profesionales”, dijo.

Insistió en que, incluso funcionando bien los espacios, “nada garantiza que no vuelvan a cometer delitos, pero la recuperación es una posibilidad; mientras más jóvenes más chances”.

Morabito enfatizó: “¿Quién se preocupa de cómo está el sistema de las instituciones? ¿A dónde están los peligros? Claro que en la delincuencia, pero también en los abusos de poder, en el espiral que los une, los alimenta y los realimenta. La manera de castigar podría reforzar la delincuencia. Hay que fortalecer la prevención y la protección; al delito se llega por problemas sociales y no por problemas jurídicos y no se trata de querer resolver solo lo jurídico”.

Indicó que si bien para la recuperación y la reinserción, las personas deben poner de su parte, la “obligación” es del Estado. En el caso de los jóvenes punibles, dice, casi el 80% que pasaron por instituto terminan, de adultos, en cárceles. “El ciclo se retroalimenta. La cárcel fue creada para castigar y corregir, pero castiga y no corrige”, sintetizó.

Coincide con ese análisis Alberto Crucella, exjuez de menores y excamarista penal de Córdoba. “Es complejo hablar de reinserción. Lo decía en los fallos cuando juzgaba a menores y los volvía a tener de adultos, lo que muestra a todas luces el fracaso de la política de minoridad. Era un fracaso hasta mío, los había tenido en institutos y los termino condenando como mayores”, reflexionó.

La norma que rige la acción penal sobre los menores en conflicto con la ley fue promulgada en agosto de 1980, durante la dictadura militar. “Pasaron casi 50 años y no se reformó esa ley y es la rige el destino del itinerario conductual de un menor. Con (Raúl) Alfonsín la edad de imputabilidad subió de 14 a 16 años; después de eso todo intentó fracasó -añadió-. Toda Latinoamérica tiene normas de responsabilidad de los jóvenes y nosotros que éramos señeros, nada”.

Para Crucella es imperativo que exista una política de minoridad “coherente, consecuente”; sostuvo que los menores son sujetos de derecho, pero que también deben serlo de obligaciones, que la reforma de la ley debe dotar a las instituciones de lo necesario para que “puedan hacer algo bueno; hoy eso es muy poco; son pocas las herramientas que hay”.

Por su parte, Diana Cohen Agrest, presidenta de Usina de Justicia, describió ante LA NACION que, desde un enfoque socioeducativo, debe señalarse que los videojuegos a disposición de niños y adolescentes no son inocuos: “Hay cientos de juegos donde se mata virtualmente al usuario. No solo eso: el contratista militar  Palmer Luckey diseñó un visor de realidad virtual que, a través de “módulos de carga explosiva”, puede matar en la vida real a los usuarios que pierdan un juego. Los niños y adolescentes se nutren de esa violencia que provoca la segregación de ciertas sustancias en el cerebro que los impulsa a buscar, una y otra vez, la experiencia del peligro”.

“Pero no creo que la muerte violenta de Joaquín Sperani responda a esta modificación neuronal de su victimario. Dado que no habrá juicio por ser inimputable por su edad, lo esperable es que funcione el sistema de control y asistencia del joven victimario para evitar que vuelva a matar -agregó-. Sin embargo, sabemos que el control correccional es deficitario en la Argentina. Y que no estamos en Honduras, por mencionar apenas un país latinoamericano donde su legislación estipula la edad de punibilidad a los 12 años”.

Aunque ya hubo quienes calificaron como “psicópata” a L, tal como se conoce al menor señalado como autor del asesinato de su amigo Joaquín, los psicólogos y psiquiatras forenses coinciden en que puede no serlo. Podría, por ejemplo, sufrir de una psicosis. Roberto Casanova, especialista en Psicología Forense, planteó que se tiende a pensar que a este tipo de acciones las hacen psicópatas o sociópatas cuando una persona “absolutamente ‘normal’ también las pueden hacer. Puede tener una mala decisión en un segundo y después mentir para ocultarlo”.

Su colega Gisella Alonso afirmó que si se tratara de una psicosis que provocó una “disociación y llevó a atacar” es “más tratable” que una psicopatía. “Puede ser compensada con medicación; es más tratable que una neurosis; por eso hay que esperar el diagnóstico final”, precisó. Es que,“aún”, los psicópatas no son recuperables.

James Blair, neurocientífico especializado en neuroética, actualmente director del Centro de Investigación Neuroconductual en Niños de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) sostuvo ante el diario español La Vanguardia que, aunque se sepa que hay “alteraciones en áreas cerebrales como la amígdala, el córtex prefrontal y el caudate”, no hay tratamiento para la psicopatía. El psicópata no tiene empatía; el sufrimiento ajeno no le afecta. Sin embargo, aclaró: “El asesino es excepción: llegar a matar es muy difícil”.

Para Casanova, después de todas las evaluaciones y peritajes, el abordaje podría reencaminarse a que haga “algún tipo de reparación a la familia y a la comunidad” como es el lineamiento que se sigue en muchos países. Enfatizó que es crucial determinar si “comprende” lo que hizo, lo que no es sinónimo de “entenderlo”.

“A los 14 años hay un psiquismo en desarrollo, se transitan cuestiones que pueden remitir después -ratificó Alonso-. Si hay una psicopatía no es recuperable porque no hay un registro del otro, no hay introspección, pero el acto puede haber tenido que ver con otras causales y hay que hacer asistencia y acompañamiento”.

Para la psicóloga forense casos como el de Laboulaye sirven para “reflexionar” tanto a nivel familiar como de las organizaciones que hay posibilidades de “prevenir”: “Somos responsables de ir viendo el devenir, de advertir. Una no intervención o una mala intervención puede ser letal”. Sobre el adolescente que confesó el crimen, dijo que habrá que ver qué manejo de los impulsos tiene, cómo se vincula con otros. Reconoció que la “mala prensa” de las instituciones de encierro en la Argentina, tiene “algo de razón” porque el hacinamiento y la “indiscriminación” en los casos alojados “complejizan todavía más” las alternativas.