MONTEVIDEO.- A la hora de escribir este editorial el presidente Luis Lacalle Pou acaba de llegar de Estados Unidos, donde participó de una cumbre, para enfrentar la situación que se desató durante su viaje a partir de la comparecencia al juzgado de la exvicecanciller Carolina Ache. Al respecto, hay algunos asuntos que bien vale la pena comentar.

Un primer aspecto es que los titulares internacionales –y algunos nacionales– no reflejan la situación como corresponde. El canciller Francisco Bustillo no renunció por haberle dado un pasaporte a Sebastián Marset, un narcotraficante, ni está envuelto en ninguna trama de esa índole. En todo caso, de ser cierto lo que denunció Ache, se trataría de un error político importante, respecto de cómo se manejó la información sobre quién era Marset y cuándo cobraron conocimiento de esto las autoridades políticas de los ministerios involucrados. De ninguna forma puede vincularse a las autoridades de la Cancillería ni del Ministerio del Interior al narcotráfico, porque confunde a la opinión pública nacional e internacional. En segundo lugar, no es cierto que el país esté enfrentando una crisis institucional como han denunciado algunos dirigentes de la oposición y algunos politólogos y analistas militantes.

Nuevamente, debemos ser cuidadosos con las palabras y los términos que se emplean porque, de lo contrario, se trasmite una idea de la coyuntura mucho peor de la que es. Estamos, en todo caso, ante una crisis política y el Presidente la está enfrentando, pero en modo alguno están en cuestión la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país. Fogonear con estas cuestiones es profundamente antinacional y antiuruguayo. Uruguay es un país de elevada conciencia cívica, cuyo gobierno se hace cargo de los problemas.