MENDOZA.- La salud privada en esta provincia se encuentra en grave estado, con una afectación directa, los pacientes. Es que los médicos de más de 20 especialidades dejaron de recibir obras sociales y prepagas, luego de insistentes reclamos a las compañías por los honorarios, lo que se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los afiliados, que ahora deben hacer frente al costo de una consulta particular: $6000, en consultas generales de especialidades y de $8000, en psiquiatría.

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Por eso, el malestar y la preocupación es creciente en el sector, sobre todo por el enojo ciudadano de tener que abonar una atención que tiene garantizada por la prestadora de salud. En tanto, en el Ejecutivo provincial, aún con la posibilidad de que se desborden centros sanitarios y hospitales públicos, consideran que el gobierno nacional es el que debe intervenir en este conflicto.

“Estoy desilusionado de la política. Con todo lo que aportamos, incluso en impuestos, como monotributistas. Es una vergüenza que tengamos que pagar la atención médica como particulares, con todo lo que eso implica para nuestros bolsillos, que ya no aguantan más”, expresó a este diario Carlos, pequeño empresario de la comuna de Guaymallén, que cada mes debe desembolsar casi $100.000 para la cobertura de su grupo familiar en una prepaga de renombre. Son testimonios que se repiten a la largo y ancho de esta jurisdicción, con un gobierno provincial que le resta trascendencia al asunto, al aducir que solo el 15% de la población local cuenta con este tipo de cobertura, entre obras sociales y medicinas privadas.

“Es un desastre que los que terminan pagando todos los desfasajes económicos de este país, seamos los pacientes. Entendemos que los médicos deberían ganar más y que no son valorados, pero estamos hablando de la salud de la población, que ya viene pagando sus planes de atención médica”, aportó Juan Cruz, un joven profesional que se afilió a una prepaga para poder estar “más tranquilo” con el proceso de embarazo de su pareja, que ahora debe abonar $6000 en cada consulta con el obstetra. “Solo vemos que nadie hace nada para resolver un conflicto tan grave. No sé si se van a colapsar los hospitales públicos, porque de por sí ya tienen mucha demora, pero el gobierno mendocino debería intervenir con fuerza, para encontrar una rápida salida y respuesta a quienes pagan su cobertura médica”, señaló Miriam, una empleada de una empresa de construcción.

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“Esto es un problema entre privados, y en todo caso es el gobierno nacional el que debe dar respuestas. La atención en el sistema público está garantizada. Es más, no creemos que habrá alto impacto en nuestros efectores, por eso, quien pida un turno con un especialista será atendido. Eso sí, se establecerán prioridades, en caso de que el sistema se vea muy tensionado. Pero siempre, se da respuesta, que es lo importante”, indicaron a LA NACIÓN desde el Ministerio de Salud de la provincia, e indicaron que las prepagas (5%) y las obras sociales (10%) no tienen gran peso en el total de la cobertura de la población. Por lo tanto, el resto de la atención la asume el Estado así como la Obra Social de Empleados Públicos (Osep) y PAMI, en las cuales no se produjeron cambios en los valores de las prestaciones médicas que afecten a los afiliados, indicaron a este medio.

Bajo este escenario, las diversas fuentes consultadas del sector por LA NACIÓN hicieron hincapié en las dificultades en llegar a un acuerdo entre las partes, pero que se está trabajando para encontrar una salida, que apunta principalmente a que las obras sociales y las firmas de medicina privada aumenten los valores que perciben los profesionales, que actualmente suelen cobrar en promedio por prestación menos de $2000. En el medio, se coló un inconveniente: el ministro de Economía Sergio Massa dispuso que no se pueden aumentar las cuotas de las prepagas por 90 días, a pesar de que hay compañías que ya lo están haciendo. Por eso, el Gobierno puso a disposición de la población un formulario de declaración jurada para asegurarse que no recibirán incrementos de hasta el 7% en sus planes mensuales.

“Hay algunas propuestas de las empresas que llevarían el pago de la consulta a $6000, pero son negociaciones. Por ahora, lamentablemente para la población, seguiremos con la medida y cobrando lo que consideramos como el valor ético de una consulta. No podemos seguir así; son honorarios vergonzosos”, coincidieron en las distintas asociaciones médicas consultadas por este medio. En tanto, en algunas prepagas y clínicas reconocidas confirmaron a LA NACIÓN que la situación sigue bajo análisis y que el cobro directo de los médicos a los afiliados ya es una constante, al tiempo que advierten una importante merma en las atenciones en el sector.

“Esperamos que se resuelva en los próximos días. Vemos mucho enojo de los afiliados, pero la solución que ofrecemos por ahora es que si pagan la consulta particular en un médico de cartilla, hagan el trámite de reintegro, que se les reconocerá el 100% de lo abonado”, expresaron a LA NACIÓN desde una importante prepaga de alcance nacional. En tanto, en otra firma de reconocida trayectoria indicaron que no están haciendo las devoluciones ya que en el acuerdo con los profesionales se estableció la prestación del servicio, por lo que el afiliado tiene que exigir la atención sin que le cobren. Algo que, sobre el terreno, queda en claro que no ocurre, y deja a los pacientes con escaso margen de maniobra, a pesar de las pocas ganas o posibilidades de seguir poniendo dinero de su bolsillo.