Luego de que alrededor de 36 inmigrantes fueran transportados desde El Paso, Texas, hasta Sacramento, California, de forma misteriosa, el gobierno de Florida finalmente admitió su responsabilidad. Alecia Collins, directora de Comunicaciones de la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM, por sus siglas en inglés), aseguró que el traslado provino del Estado del Sol, pero que fue de manera “voluntaria” por parte de los extranjeros. Sin embargo, hay registros de que los indocumentados podrían haber sido engañados para aceptar.

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Collins aseguró en un comunicado para CNN que estas personas se presentaron por su propia cuenta: “La reubicación voluntaria de Florida es precisamente eso: voluntaria. A través del consentimiento verbal y escrito, estos indicaron que querían ir a California. Un contratista estuvo presente y se aseguró de que llegaran de manera segura hasta una ONG externa. La ONG en cuestión, Caridades Católicas, es utilizada y financiada por el gobierno federal”.

Además, para complementar sus declaraciones, envió una lista de “programas de reubicación” que se han implementado en ocasiones anteriores. Con esto quiso dejar en claro que no era la primera vez que se realizaba un procedimiento así: “La reubicación de quienes cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos no es nueva. Sin embargo, de repente, cuando Florida envía a inmigrantes indocumentados a una ciudad santuario, se trata de detención ilegal y de un secuestro”.

Por otro lado, Oscar Leeser, alcalde de El Paso, se deslindó de toda responsabilidad del traslado bajo el argumento de que nadie tomó en cuenta a las autoridades para llevarlo a cabo. Así, se confirmó que el gobierno de Florida habría sido el único involucrado. “No se consultó con la ciudad, ni se compartió ninguna información con nosotros. Nunca usaríamos a personas para un truco político, ni transportaríamos a nadie a donde no quisieran ir”, agregó para el mismo medio citado.

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Dos aeronaves privadas llegaron hasta California con varios inmigrantes indocumentados a bordo. Una vez que aterrizaron se los dejó a la deriva en frente de una iglesia en Sacramento. De acuerdo con los reportes, “un contratista privado (Vertol Systems Company Inc.)” les había prometido que si aceptaban el traslado se los ayudaría a obtener trabajo y se les darían suministros básicos como ropa y vivienda. Dicho contratista es el mismo que realizó un traslado desde Texas a la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts, el año pasado, que también fue responsabilidad del gobierno de DeSantis.

En esta ocasión, las autoridades de California se reunieron de inmediato para investigar la situación y evaluar “posibles acciones penales o civiles contra quienes transportaron u organizaron el transporte de estos migrantes vulnerables”, aseguró el fiscal general Rob Bonta. Los extranjeros tenían documentación “que pretendía ser del gobierno del estado de Florida”.

Asimismo, Bonta afirmó que no se desampararía a ningún inmigrante que haya llegado a territorio californiano: “California y la comunidad de Sacramento recibirán a estas personas con los brazos abiertos y les ofrecerán el respeto, la compasión y la atención que necesitan tras una experiencia tan angustiosa”.