La táctica de tierra arrasada o tierra quemada se refiere a una serie de acciones militares dirigidas a destruir absolutamente todo lo que pueda serle de utilidad al enemigo cuando una fuerza avanza a través de un territorio o se retira de él. Si la asociamos con un gobierno en retirada como el de Alberto Fernández, con una líder convencida de que las elecciones están perdidas como Cristina Kirchner y con un candidato desesperado por no convertirse en protagonista de la peor derrota del peronismo en su historia como Sergio Massa, esa táctica podría resumirse en una administración gubernamental que se dedicará en los tres meses que le restan a gastar como si no hubiera un mañana.

Empezamos a asistir a un verdadero despilfarro de fin de fiesta, que incluirá prórrogas de concesiones o contrataciones que beneficien a amigos del poder, compras realizadas por organismos y empresas del Estado tan innecesarias como poco transparentes y con sobreprecios, dádivas de todo tipo y, si fuera posible, impunidad para los gobernantes en retirada y sus socios, mediante instrumentos más sofisticados que una inimaginable autoamnistía. El hasta ahora frustrado intento de designar a más de 70 jueces mayoritariamente afines al kirchnerismo es tan solo un ejemplo.

Los manotazos de ahogado de quienes presienten el final han estado a la orden del día en los últimos días.

. Innumerables son las decisiones administrativas para la designación de empleados públicos y cobijar a militantes de Unión por la Patria antes de que el kirchnerismo ceda el poder. Dentro de ese festival de nombramientos, se resolvió pasar a planta permanente a 799 empleados del Ministerio de Economía.

“Si en el momento de votar hay más miedo al salto al vacío que bronca, ganaremos nosotros. Si es a la inversa, triunfará Milei”, afirma un dirigente de JxC

. Luego de comprometerse a cumplir la meta de déficit fiscal anual del 1,9% del PBI ante el FMI, tras recibir un desembolso de 7500 millones de dólares del organismo financiero internacional, Massa lanzó un paquete de 730.000 millones de pesos (0,4% del PBI) para atenuar el impacto de la devaluación y la inflación sobre los ingresos.

. Se amplió el presupuesto 2023, sumando un gasto extra de 7,6 billones de pesos y se incrementaron un 65% las partidas del programa Potenciar Trabajo y de la Tarjeta Alimentar, gerenciadas fundamentalmente por representantes del Movimiento Evita y de La Cámpora.

. Las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias subieron el 22% en forma interanual en términos reales en agosto. El más favorecido fue el distrito bonaerense, con un 55,5% más.

. La empresa AySA, que conduce la esposa del ministro Massa, invirtió 9400 millones de pesos en la adquisición de 613 camionetas, lo que arroja un precio por unidad superior al de mercado. También el Ministerio de Desarrollo Social compró frazadas a un precio 177% más caro que el de mercado.

. Y como parte del “plan limosna” con plata ajena, el Poder Ejecutivo dispuso el pago de un bono al personal de los sectores público y privado en dos cuotas de 30.000 pesos, que terminarán licuándose por los traslados a precios.

Tierra arrasada fue paradójicamente el título de un largometraje documental dirigido en 2019 por el funcionario kirchnerista Tristán Bauer y difundido poco antes de que asumiera el poder Alberto Fernández, que procuró brindar un crítico testimonio sobre la gestión de Mauricio Macri. El film comenzaba con un tétrico relato: “La Argentina de 2019 tiene el paso cansado, la mirada baja y un dolor que atraviesa las cosas de todos los días”. La voz en off de Darío Grandinetti describía un país “en el fondo de un infierno” con “casi 300 por ciento de inflación acumulada en cuatro años de gobierno neoliberal”.

¿Qué podrían decir hoy aquellos portavoces del kirchnerismo frente al 565% de inflación que, solo hasta julio, acumula la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner? El rey está desnudo y muchos argentinos, también.

Tras la devaluación adoptada el 14 de agosto, el Gobierno perdió el control de las principales variables económicas. Los desequilibrios macroeconómicos resultan similares a los del Plan Primavera de 1988, que concluyó en una descontrolada emisión monetaria para financiar el déficit fiscal y en el mayor proceso hiperinflacionario de la historia argentina. Como recuerda el economista Agustín Monteverde, el costo de vida, que en enero de 1989 subió el 8,9%, creció a un ritmo del 33,4% en abril y voló hasta el 78,5% en mayo, con remarcaciones diarias de precios y desabastecimiento de no pocos productos en almacenes.

Con los actuales niveles inflacionarios de dos dígitos mensuales y la adopción de medidas que dejan ver el desmanejo económico al servicio de la campaña electoral, un interrogante es qué podrían obtener los líderes de la coalición gobernante por dejar al país en ruinas a los ojos de la sociedad. Sueñan con que quienes los sucedan en el gobierno se vean forzados a someter a la población y al sector público a un ajuste extremadamente mayor, de tal modo que la ciudadanía se impaciente y empiece a añorar el populismo.

La apuesta de este despotismo administrativo es que, tanto con Javier Milei como con Patricia Bullrich en el poder, la gente resignifique el pasado kirchnerista y valorice lo que, críticamente, el intelectual Agustín Laje ha denominado el “Estado niñera” en su reciente libro Generación idiota. Se trata de un modelo que procura mantener al súbdito en un estado de minoría de edad permanente e ilusionado con la idea de que toda necesidad y todo deseo generan un derecho.

El “Estado presente” que promueve el kirchnerismo solo aspira a que sus ciudadanos nunca dejen de ser adolescentes, como aquella niñera que teme quedarse sin trabajo cuando el niño bajo su cuidado madure. Trata, entonces, de crear nuevos “derechos” que no solo colisionarán entre sí, sino que privarán a sus supuestos beneficiarios de libertad y dignidad.

El resultado de las PASO puso de manifiesto que una amplia mayoría de argentinos rechaza ya ese modelo populista que ni siquiera garantiza seguridad. Algunos dirigentes kirchneristas –y es probable que también la propia Cristina Kirchner– se han hecho a la idea de que su derrota electoral es irreversible por las condiciones socioeconómicas del país. En pocas horas, se sabrá oficialmente que agosto ha registrado la mayor inflación mensual de los últimos 32 años, al tiempo que distintos economistas pronostican un aumento del índice general de precios no inferior al 160% para todo 2023.

Aquellos mismos dirigentes fantasean con la posibilidad de que Milei termine siendo elegido presidente de la Nación y que por su propia debilidad estructural –apenas llegaría a reunir 8 senadores sobre 72 y unos 40 diputados sobre 257– “se tenga que ir en helicóptero en un año y medio” –como sugirió Juan Grabois–, con el kirchnerismo abroquelado en la provincia de Buenos Aires y dispuesto a asestar un zarpazo.

Colaboradores cercanos a Patricia Bullrich evalúan confidencialmente esas conjeturas y concluyen, en medio de las innegables dificultades que también afronta Juntos por el Cambio, que, a la hora de elegir entre su candidata presidencial y el postulante de La Libertad Avanza, la ciudadanía debería preguntarse con quién de los dos en el poder tendría Cristina Kirchner más probabilidades de volver más rápido. Un importante integrante de los equipos técnicos de Bullrich aporta su visión: “La elección se resolverá entre dos sentimientos posibles: si en el momento de votar hay más miedo al salto al vacío que bronca, ganaremos nosotros. Si es a la inversa, triunfará Milei”.