Fernando Gabriel Cerimedo se jacta de ser el cerebro detrás de la campaña electoral de Javier Milei. Admitió estar a cargo de un ejército de trolls que se despliega en las redes sociales, pero durante un tramo de la campaña su influencia en el armado de La Libertad Avanza cruzó las fronteras de la batalla digital. El candidato presidencial le había delegado la fiscalización de los votos, aunque después fue corrido. Lo llegó a incorporar a su mesa chica e incluso fue uno de los intermediarios para la entrevista que le hizo a Milei el periodista norteamericano Tucker Carlson. Es decir, Cerimedo no es uno más en la estructura libertaria, aunque dentro de su equipo lo califican como “un consultor externo en comunicación digital que trabaja en la campaña”.

Al empresario experto en marketing digital se le conocieron algunas polémicas, como desarrollar campañas de desprestigio o haber financiado a Milei. Salió ahora a la luz una condena en la Justicia penal por estafa y defraudación por haberle vendido a dos personas un mismo departamento en Mar del Plata. El fallo del Juzgado en lo Correccional N°3 de esa localidad fue el 23 de marzo de 2016, casi cuatro años después de la operación inmobiliaria por la que fue penalizado con dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.

El 3 de mayo de 2012 Cerimedo vendió por 30.000 dólares la unidad funcional 6, departamento 8, en el primer piso de Chile 2218, en Mar del Plata. El asesor de Milei, que por entonces era un desconocido para la política, celebró el acuerdo con Daniela Adela Irouleguy, quien firmó un boleta de compraventa supeditado a la aprobación de un crédito hipotecario que estaba en curso en el Banco Provincia. Con el argumento de que debía hacer unos arreglos en el departamento, Cerimedo no entregó las llaves al momento de la escritura, por lo que el escribano retuvo US$6000 y se firmó un contrato de comodato hasta la entrega definitiva de la posesión, según se relata en el expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION. Intervino la escribanía Crego, que reconoció que la operación existió y que por el paso del tiempo los antecedentes de la misma “ya fueron depurados”.

Casi tres meses después de la venta, con el comodato en curso y presuntamente con Cerimedo ocupando el departamento, se avanzó en otra operación immobiliaria, aunque con otros compradores. El 25 de julio de 2012 se firmó un boleto de compraventa con María del Rosario Pérez Yañez y Alejandro Gabriel Real Salas por el mismo departamento y por un idéntico valor.

La irregularidad se tradujo en una denuncia judicial por los damnificados después de una sucesión de hechos curiosos en el primer piso de la calle Chile. Irouleguy, la primera compradora, se cruzó el 24 de agosto en el inmueble con Cerimedo, quien intentaba acceder con un cerrajero. Cuando se abrieron las puertas, el departamento estaba aún con los muebles y la ropa del vendedor. Es decir, nunca se había ido para hacer los arreglos, de acuerdo al relato que figura en el acta. Pero lo peor sucedió cinco días después, cuando Irouleguy llegó a su nuevo domicilio y se encontró con que la puerta estaba rota. Se topó así por primera vez con Real Salas, el otro comprador. Así, ambos damnificados recurrieron a la Justicia, aunque antes le pidieron una explicación a Cerimedo. Argumentó que “supuestamente un apoderado había vendido nuevamente el departamento sin su consentimiento”, según consta en el expediente judicial.

“El ardid llevado a cabo por el vendedor del inmueble se encuentra claramente configurado a partir de la lectura de los e-mails intercambiados por el vendedor y Alejandro y Lucía Real Salas, donde se puede verificar que mientras realizaba los trámites correspondientes al otorgamiento de la escritura traslativa de dominio con Daniela Irouleguy, los cuales implicaban la tasación del inmueble, la entrega de los planos y las solicitudes de informes en la escribanía Crego, le manifestaba a la familia Real Salas diversos datos sobre los costos de la escritura sobre el mismo inmueble, brindando posteriormente distintas versiones respecto de lo sucedido el día 29 de agosto de 2012, cuando se encontraron ambas víctimas en el departamento”, consta en un fragmento del acta judicial en la que se busca comprobar que Cerimedo estaba al tanto de la maniobra de irregular.

Y agrega: “Ha de tenerse en cuenta también como evidencia de la voluntad engañosa de Cerimedo el haber simulado desconocimiento respecto de lo sucedido ante ambas víctimas, manifestándole a Daniela Irouleguy al momento de firmar la escritura que tenía que realizar unos arreglos, para unos días después llamar a un cerrajero para ingresar al inmueble y retirar todas las cosas del interior manifestando que eran de su hermana, cuando claramente sabía que pertenecían a Lucía Real Salas. A esta última le dijo, en cambio, que había retirado las cosas por que temía que le usurparan la vivienda por la posibilidad que un mandatario suyo hubiera vendido la propiedad sin su consentimiento, para luego manifestarle a sus padres a través de distintos e-mails que el departamento había sido subastado por una deuda correspondiente al propietario anterior”.

Cerimedo fue condenado en marzo de 2016 por ser el autor jurídicamente responsable de los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados y estafa en concurso ideal. Se le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión en ejecución condicional. “Se compró un departamento que tenía una hipoteca privada, que no salía en los certificados, lo arreglé, lo alquilé y lo puse en venta. Lo vendí a Irouleguy, que lo pagó con un crédito del Banco Provincia que tardó 8 meses. En ese período, quien compró la hipoteca me reclamó el departamento. Al yo tener la titularidad y no levantar esa hipoteca, me recayó la responsabilidad, la cual asumí. Fue hace ocho años”, explicó Cerimedo a LA NACION.

A partir de esta condena de la justicia penal, se abrió otra causa contra Cerimedo, aunque en el fuero civil. Pérez y Real Salas, a través de la abogada Adriana Liliana San Martín, activaron el año pasado una demanda por daños y prejuicios. “Ambas víctimas ya fueron compensadas”, dijo el asesor libertario.

Cerimedo tiene 42 años y figura como dueño de un conjunto de empresas, entre las que está Uprod SRL, Academia Numen, Numen Publicidad y Sondeos, American Apps SA. Trabajó para la campaña electoral de Jair Bolsonaro en Brasil y antes de abrazarse a la causa libertaria de Milei dice que participó como organizador de la Juventud Peronista de La Matanza y trabajó para Mauricio Macri durante su intento de reelección, en 2019.