Ivo Rojnica, el financista conocido como El Croata y acusado por el Gobierno de realizar operaciones clandestinas para llevar hacia la estratósfera la cotización del dólar blue, y su socio, Federico Pulenta, tenían una aceitada operatoria para sacar de la Argentina hacia distintos países del mundo millonarias cantidades de dinero, eludiendo los controles y ocultando el origen ilícito de los fondos.

Así surge de una resolución firmada en las últimas horas por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena donde procesó con prisión preventiva a El Croata, de 43 años, y a Pulenta, de 48, por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita. A ambos sospechosos, que continuarán con arresto domiciliario, se les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 100.000 millones de pesos.

“A partir de los elementos probatorios recolectados se constató que la organización investigada concretó, al menos, 4763 transferencias de dinero por una suma 348.196.900 dólares. Para ello, utilizaron difrentes sociedades, ocultando el origen ilícito de los fondos puestos en circulación en el mercado”, sostuvo el juez Villena en su resolución de casi 400 páginas.

Rojnica, Pulenta y un tercer sospechoso, Agustín Estrada Palomeque, habían sido detenidos el 24 del mes pasado por orden de Villena.

Estrada Palomeque, nacido en Uruguay hace 45 años, fue procesado sin prisión preventiva por haber protagonizado “maniobras de intermediación financiera, sin estar debidamente autorizado”, informaron fuentes. El magistrado ordenó su inmediata libertad y le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de mil millones de pesos.

La investigación que derivó en la reciente resolución del juez Villena había comenzado en febrero de 2018 cuando el FBI de los Estados Unidos había informado que una persona (que en la Argentina era investigada por contrabando agravado) enviaba a los Estados Unidos “dinero de origen ilícito por medio de canales no oficiales”.

Pronto, la primera pista, tras una transferencia de 200.000 dólares, llevó a los investigadores argentinos a Pulenta. Poco después también a Rojnica y otros sospechosos.

“Pulenta, Rojnica y dos de sus empleados tomaban contacto con el dinero físico de los clientes e iniciaban el proceso de colocación y tránsito hasta el destino final en el extranjero y/o repatriaban fondos desde otros países”, se explicó en la citada resolución.

Tras cinco años de investigación, Villena llegó a la conclusión de que Pulenta y Rojnica eran los jefes de la organización y que la empresa criminal creó sociedades en Hong Kong, Estados Unidos y Paraguay.

“Se advierte que los servicios de la organización fueron contratados, entre otras, por personas investigadas en diferentes tribunales de la Argentina: como los casos de Claudio Gabriel Szlaien, ­investigado por contrabando agravado­; Hernán Gabriel Westmann, ­procesado por lavado de activos de origen ilegal y Emmanuel García, condenado por lavado de activos para una banda narco mexicana condenada por narcotráfico”, afirmó el juez en los fundamentos de su resolución.

En su fallo, el magistrado hizo duras críticas a la tarea de la fiscal federal Cecilia Incardona. Villena sostuvo: “Luego de analizar las últimas presentaciones efectuadas por el Ministerio Público Fiscal, se advierte, no solo falta de interés en la investigación, sino también un comportamiento procesal dilatorio y obstructivo del curso natural del trámite”.

Como había informado LA NACION, el 28 de septiembre pasado, Incardona le había solicitado a Villena que se que se declare la incompetencia en razón del territorio y se remita la causa a la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, antes de los allanamientos donde se detuvo a los sospechosos, la representante del Ministerio Público había presentado un pronto despacho.

“Ninguna de las actividades detectadas se desarrollan o se han desarrollado en jurisdicción territorial donde interviene Vuestra Señoría. Ni siquiera consiste o se vincula con el ingreso o egreso de dinero desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, lo que, en su caso, justificaría la intervención del fuero en lo penal económico. Así, en virtud para respetar el principio del juez natural, y por razones de inmediatez en la investigación y en el proceso, y proximidad con las pruebas, corresponde declinar la competencia en favor de la Justicia Federal de la Capital Federal, para que allí se prosiga con la pesquisa. Ello por cuanto, si bien se verifican algunas conductas cometidas en zona norte de la provincia de Buenos Aires, lo cierto es que la actividad delictiva principal se realiza en la ciudad de Buenos Aires”, sostuvo Incardona, en su momento.

Ahora, en el fallo de las últimas horas, Villena le respondió: “El Ministerio Público Fiscal intervino en la causa desde su inicio, formulando el correspondiente requerimiento de instrucción y, en particular, la doctora Incardona conocía el trámite de la causa, habiendo sido notificada de las medidas adoptadas durante el transcurso de la investigación, sin contar con ningún hecho nuevo que amerite el cambio de criterio. De haber hecho lugar a lo planteado no se hubiera podido detectar el movimiento de dinero intentado, lo cual fue informado por la fuerza de seguridad interviniente, lo que derivó en los allanamientos efectuados”.

En uno de los últimos puntos de la resolución, por conexidad objetiva y subjetiva, Villena declinó la competencia y decidió remitir las actuaciones al juez Marcelo Martínez de Georgi.