Una clara señal de nuestra debilitada institucionalidad es que, durante los debates presidenciales, los ataques que el oficialismo viene realizando contra la Corte Suprema de Justicia no hayan ocupado espacio alguno. El más brutal es el absurdo juicio político desarrollado en la comisión pertinente de la Cámara de Diputados. Su labor, una verdadera caza de brujas, concluyó pocos días atrás con los dictámenes firmados por una mayoría, obviamente oficialista, por los que esa comisión resolvió dar traslado a los jueces de los cargos en su contra, englobados en la causal de “mal desempeño”.

A partir de ahora, todos los integrantes de la Corte deberán distraer su atención de los casos que, si han llegado a esas instancias, son por definición complejos y merecedores de un profundo análisis. Es pertinente recordar que la Corte no tiene jurisdicción para tratar cualquier caso, sino solo los de suficiente trascendencia institucional para justificar una instancia más, por arriba de las anteriores ya transitadas. Es por ello que elige con cuidado cuándo intervenir, para dar así una respuesta final a litigios que suelen envolver complejas relaciones entre los poderes de la Nación y los de las provincias, o giran en torno al correcto funcionamiento y atribuciones de los órganos que la propia Constitución ha creado, o bien involucran la vigencia de derechos y garantías constitucionales cuyo alcance debe fijarse con precisión.

Montaron una verdadera caza de brujas contra los jueces de la Corte. Es absolutamente inadmisible que pretendan juzgarlos políticamente por el contenido de sus sentencias

Estos ejemplos sobre la complejidad de los casos que llegan a la Corte Suprema se entroncan con lo siguiente: buena parte de los cargos realizados contra los jueces, aunque en ocasiones no alcancen a todos sus miembros, se relacionan con la manera en que dictaron sentencias en asuntos de relevancia. Entre ellos, el que analizó la constitucionalidad de la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el suscitado a raíz del reclamo realizado por la ciudad de Buenos Aires cuando, por decisión de la Nación, se le detrajeron arbitrariamente cuantiosos fondos de la coparticipación federal de impuestos y cuando la Corte resolvió conforme a la ley vigente en ese entonces si resultaba aplicable a los condenados por delitos de lesa humanidad el cómputo de la prisión preventiva según las reglas del Código Penal y sus leyes modificatorias.

Dos aspectos resultan básicos para entender la enormidad que significa que los jueces de la Corte Suprema sean atacados por el contenido de sus decisiones salvo, claro está, ejemplos extremos de verdadero prevaricato, que consiste en dictar sentencias a sabiendas de que ellas contradicen el derecho vigente. Claro está que no es el caso. El primero es que ante los tres supuestos que se mencionan como causales de mal desempeño se ofrecieron más que sobrados fundamentos de las distintas decisiones. Ninguno de esos casos era sencillo de resolver y, se sabe además, los jueces deben fallar con abstracción de sus gustos o simpatías cuando una norma de derecho positivo determina una solución jurídica específica, como fue el caso de quienes votaron a favor de la aplicación del cómputo de la prisión preventiva, de acuerdo con las reglas del Código Penal. En otro caso, el de la coparticipación federal de impuestos, los jueces optaron por una solución que no implicó darle toda la razón al reclamante, sobre la base de las ponderaciones efectuadas. Y en el último, el de la conformación del Consejo de la Magistratura, los jueces ofrecieron una interpretación de sentido común cuando concluyeron que el equilibrio entre los estamentos que componen ese organismo y que la Constitución reclama estaba siendo groseramente violado en un esquema donde la mayoría de la representación había sido confiada a los miembros del estamento político.

Los jueces fallan con abstracción de sus gustos o simpatías toda vez que una norma de derecho dispone una solución jurídica específica. Pretender lo contrario es abjurar del Estado de Derecho

El segundo aspecto por remarcar es que los jueces de la Corte Suprema recorren un largo camino entre su propuesta por el titular del Poder Ejecutivo hasta que el Senado les da el acuerdo con una mayoría calificada, que incluye superar posibles impugnaciones, análisis de antecedentes y audiencias públicas, proceso de mucho más rigor que el que se exige para el desempeño de cualquier otro cargo.

Una vez superadas esas etapas, urge dejarlos trabajar tranquilos como única forma de asegurar su independencia. Urge claramente también no alzarse contra sus decisiones, como sucedió recientemente cuando el Senado prestó fuera de plazo el acuerdo a la jueza Ana María Figueroa para la Cámara Federal de Casación Penal. Al hacerlo, desobedeció a la misma Corte Suprema que, con apoyo en una concreta norma de la Constitución, resolvió que la citada magistrada había cesado en su cargo al cumplir 75 años sin haber obtenido antes de esa fecha el correspondiente acuerdo.

Quienes hoy atacan arteramente al más alto tribunal son los mismos que se jactan de desobedecer sus sentencias, que son obligatorias e inapelables

No es atacando la majestad de la Justicia y a los integrantes de uno de los tres poderes del Estado la forma en que alguna vez lograremos salir del atolladero institucional en el que nos encontramos.

Es de esperar que se desista prontamente de esta tan infundada como oprobiosa maniobra basada en los caprichos de un sector que, en lugar de respetar las normas establecidas, ha decidido montar un show inaceptable en defensa de oscuros intereses políticos.