El 1º de julio entró en vigor la ley SB1718 en Florida, que incluye fuertes medidas para frenar la inmigración ilegal en el estado. Desde que estaba en discusión y antes de que el gobernador Ron DeSantis la aprobara, diversos usuarios le dieron eco a la noticia en las redes sociales. En TikTok publicaron videos en los que lanzaban “noticias de última hora” y anunciaban que “como un éxito para la comunidad”, alguien había detenido la aplicación de la ley. Estos mensajes causaron confusión entre los extranjeros, sobre todo porque extienden afirmaciones falsas.

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Las redes sociales tienen un efecto viral. Un video llega a millones de personas cuando se comparte en múltiples ocasiones, como en este caso. Ante la “buena noticia”, muchos reenviaron el contenido a sus amigos o familiares, mientras que otros creadores de contenido se sumaron al replicar el mensaje en el mismo tono. “Noticia de última hora. Lo que se creía imposible, la ley que había puesto DeSantis fue bloqueada (...) Esta ley tenía que esperar hasta el 1º de julio y fue bloqueada. Ahora, esto se decidirá en la Corte Suprema de Justicia porque es un tema de ámbito legal. Aquí lo importante es que fue bloqueada”, señala una de estas grabaciones. En ella, un hombre menciona que a la gente que se fue del estado por temor a ser deportada “le faltó fe”.

Si bien varias organizaciones de la sociedad civil presentaron una demanda para impugnar la ley SB1718, esta se encuentra en vigor desde la fecha prevista, según la confirmación del secretario de prensa de la oficina del gobernador Ron DeSantis, Jeremy Redfern, a la agencia de noticias AFP.

Lyrissa Barnett Lidsky, profesora de derecho constitucional en la Universidad de Florida, explicó a la agencia citada que una ley bloqueada significa que hay un mandato, que es una orden judicial de que un proyecto de ley no puede entrar en vigor hasta que se resuelva su constitucionalidad. Es decir, un tribunal tendría que conceder una “injunction” (orden) permanente o temporal. Por lo tanto, actualmente no se tienen indicios de un bloqueo a la legislación.

La última noticia sobre los intentos por impugnar la medida ocurrió este lunes, cuando varias organizaciones de derechos civiles presentaron una demanda federal. El recurso legal fue planteado por Southern Poverty Law Center, Americans for Immigrant Justice, American Immigration Council, American Civil Liberties Union, entre otros. El documento de 35 páginas se centra específicamente en la sección diez, que criminaliza a las personas que transporten a indocumentados en Florida. Según defienden las organizaciones, es “inconstitucional que un estado regule unilateralmente la inmigración federal y que someta a las personas a un castigo criminal”. Además, califica que la ley es “dañina” y que fue diseñada para “infligir crueldad” a la comunidad inmigrante.

El caso fue presentado contra diferentes políticos, entre ellos el gobernador de Florida, Ron DeSantis; la fiscal general, Ashley Moody; el fiscal estatal de Florida, Nicholas B. Cox, así como los fiscales generales de los 20 circuitos judiciales de Florida.