En un intento por darle una mano en el tramo final de la campaña electoral al ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, el oficialismo apuró hoy la firma del dictamen en el Senado al proyecto de ley que crea el programa Compra Sin IVA, que estipula el reintegro del impuesto en las compras de productos de la canasta básica alimentaria y de combustibles líquidos.

La iniciativa quedó, así, en condiciones de ser discutida en el recinto de la Cámara alta. Sin embargo, el proyecto no podrá convertirse en ley hasta después de las elecciones del próximo domingo. En otras palabras, la suerte legislativa de la propuesta dependerá en gran medida de la suerte que corra el oficialismo en esos comicios.

Tal como ocurrió cuando el proyecto se discutió y aprobó en Diputados la semana pasada, el bloque de Juntos por el Cambio manifestó sus reparos ante una iniciativa que, sostuvieron, desfinanciará a las provincias y la ausencia de una propuesta de compensación de los menores fondos coparticipables que recibirán los distritos.

Así lo manifestó el radical Víctor Zimmermann (Chaco) quien, a pesar de manifestarse “conceptualmente de acuerdo” con la medida, destacó que el programa tendrá un costo fiscal calculado por la Oficina de Presupuesto del Congreso del 1% del PBI y que la mitad de esa cifra impactará en las cuentas provinciales.

“Este programa no tiene fuente de financiamiento y los funcionarios de Economía reconocieron que parte del financiamiento lo ponen las provincias”, dijo el senador radical, antes de pedirle al oficialismo discutir la posibilidad de incluir un fondo compensador o una partida presupuestaria para saldar esa merma de ingresos.

El proyecto busca crear por ley el programa, vigente en la actualidad por resolución del Ministerio de Economía, por el cual se devuelve el IVA a las compras de productos de la canasta básica para aquellos trabajadores activos y jubilados que cobren hasta el equivalente a seis salarios o haberes mínimos.

La devolución tendrá un tope equivalente al 21% del costo de la canasta básica (en la actualidad esa cifra asciende a $18.800). Este techo se incrementa en un 22% para los habitantes de las provincias de la Patagonia. “Esta es la política de nuestro Gobierno para mejorar los ingresos de la sociedad”, dijo el oficialista y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra (La Rioja), al defender la iniciativa.

En la misma línea apoyó la iniciativa el también oficialista Guillermo Andrada (Catamarca). “El IVA es un impuesto injusto, indirecto y regresivo”, dijo antes de sostener que con esta medida el Gobierno “actúa con un criterio que es primo de la justicia social y que es la justicia tributaria”.

Andrada tomó el guante lanzado por la oposición y reconoció que el programa impactará en las cuentas provinciales, pero lo contrapuso a “una mejora en la formalización de la economía, lo que tendrá un mayor impacto en los ingresos” por recaudación. “Es el camino correcto porque son medidas que benefician a los sectores menos pudientes”, agregó el catamarqueño.

Tras la firma del dictamen, el proyecto quedó habilitado para su tratamiento en el recinto de la Cámara alta y su casi segura sanción. Esto es así porque, tal como sucedió en la Cámara baja, el interbloque de Juntos por el Cambio adoptaría el camino de la abstención, por lo que el oficialismo podrá imponer su número.

No obstante, esto no ocurrirá hasta la primera semana de noviembre. Para esa fecha el kirchnerismo espera tener también firmados los dictámenes de 16 pliegos judiciales que Cristina Kirchner quiere dejar aprobados antes de que concluya su mandato como vicepresidenta.