Pese a las inclemencias de la inflación, el alza de la pobreza y la crisis social, los oficialismos provinciales desafían, exitosos, los procesos de desgaste cada vez más acelerados que atraviesan los gobiernos nacionales y logran perpetuar sus cacicazgos territoriales con triunfos holgados. Los datos son elocuentes: de las ocho provincias que ya votaron sus gobernadores, en siete ganó el oficialismo local. Ni el florentino Nicolás Maquiavelo, padre de la ciencia política moderna, hubiese imaginado mejores discípulos.

Este predominio oficialista en las provincias es un fenómeno sistemático que se remonta desde la recuperación de la democracia. En solo dos de cada diez elecciones a gobernador desde 1983 hubo cambios en el partido de gobierno. En la última etapa democrática, los gobernadores se sometieron a la reelección en 67 oportunidades y triunfaron en 58 ocasiones. Si algún impedimento de sus cartas magnas les impidió volver a presentarse, se las ingeniaron para colocar en su lugar a un testaferro político que continuara su legado.

Desde el 83, los gobernadores fueron a la reelección en 67 oportunidades y triunfaron en 58

¿Cuál es la razón de su éxito? La respuesta radica en un concepto que los politólogos definen como “el efecto de la cancha inclinada”, es decir, las ventajas que gozan los partidos y candidatos oficialistas por el solo hecho de ocupar el gobierno: reglas electorales confeccionadas ad hoc para su propio beneficio; “regímenes rentistas” que usufructúan los fondos girados del gobierno nacional; una fuerte dependencia del empleo público; compra de voluntades políticas y una difusa división de poderes. Un combo perfecto que resiente la competitividad electoral, obstaculiza la alternancia en el poder e impide que las elecciones funcionen como un mecanismo de rendición de cuentas.

Defensores a ultranza de la autonomía que les confiere la Constitución Nacional, los gobernadores hacen uso (y por veces abuso) de las atribuciones que les confiere el federalismo electoral para acomodar –y también manipular– a conveniencia las reglas que rigen en sus provincias. Cada uno de los 24 distritos tiene la potestad de diseñar sus propias leyes electorales; también, la de definir en qué fecha se renuevan los cargos locales. El manual de supervivencia política aconseja a los gobernadores a despegarse rápidamente de los oficialismos nacionales de turno cuando estos se avecinan a una derrota en las urnas; viejos zorros que olfatean a tiempo cuando un presidente cae en desgracia –como es el caso de Alberto Fernández–, la mayoría de los gobernadores desacopló este año la fecha de los comicios en sus terruños de las elecciones nacionales. Las lealtades, en política, solo llegan hasta la puerta del cementerio.

¿Hasta qué punto el federalismo electoral garantiza el goce equitativo de los derechos ciudadanos?

Sometidos al cálculo electoral de sus mandatarios locales, los votantes se verán obligados este año a acudir a las urnas al menos cuatro veces para elegir a las autoridades provinciales y nacionales.

“Desde el 83, la gran mayoría de las elecciones en los distritos han sido desdobladas y esto obedece a factores políticos que nada tienen que ver con la equidad y calidad del proceso electoral –explica el politólogo Alfredo Busmail, premio Academia Ciencias Morales y Políticas y profesor de la Universidad Nacional Tres de Febrero (Untref)–. La probabilidad de que un gobernador oficialista decida ‘pegar’ las elecciones provinciales con las nacionales es del 80% cuando el presidente cuenta con alta popularidad y hay un alto crecimiento económico. A la inversa, como es el caso de este año, cuando estas dos variables están en baja, vemos multiplicarse las fechas en que se realizan diferentes elecciones provinciales”.

En la Argentina las provincias son un mundo en sí mismo, apunta el politólogo Facundo Cruz, consultor y docente en la UBA, UADE y la Universidad Torcuato Di Tella. “Cada provincia define sus propias reglas electorales porque así lo reconoce la Constitución Nacional; hay un marco legal que los ampara. Es distinto al federalismo de Brasil: allí se utiliza el mismo instrumento de votación en todos los estados y en todos los niveles del sistema político. Además, los gobernadores se eligen el mismo día, que coincide con las elecciones nacionales”, indica.

El desdoblamiento de la fecha electoral es solo una de las herramientas en la estrategia política de los gobernadores para preservarse en el poder. Hay otros artilugios más complejos y controvertidos.

El truco de la ley de lemas

Por caso, los gobernadores peronistas de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y San Juan, Sergio Uñac, incorporaron el sistema de lemas en su legislación, método que permite a los partidos presentar más de una lista de candidatos para el mismo cargo y asignar a la lista más votada dentro de cada partido los votos que recibieron todas las otras listas.

En Tucumán, tierra peronista por antonomasia, rige el sistema de acoples, tan distorsivo como el de lemas

Los especialistas coinciden en deplorar este sistema por retrógrado y confuso para el votante ya que, además de multiplicar en exceso la oferta electoral, suele distorsionar la voluntad del elector y la calidad de la representación, pues el candidato más votado no siempre resulta el ganador de la elección. Hasta el año pasado regía solo en Formosa, Misiones y Santa Cruz; en esta última provincia, cuna de los Kirchner, se aplica para los cargos de gobernador y vicegobernador, mientras que en Formosa rige para los convencionales constituyentes, diputados provinciales, intendentes y concejales, lo que le ha permitido a Gildo Insfrán, mandamás indiscutido en la provincia desde hace 28 años, preservar su hegemonía.

En Misiones, donde hace 20 años gobierna el Frente Renovador de la Concordia bajo las riendas del caudillo Carlos Rovira, la ley de lemas se aplica en los comicios municipales; así, por obra y gracia de este sistema, en las elecciones del 7 de mayo último se presentaron nada menos que 753 candidatos a intendente y más de 3000 candidatos a concejales en los 78 municipios que tiene la provincia.

En Tucumán, tierra peronista por antonomasia, rige el sistema de acoples, tan distorsivo como el de lemas. Este mecanismo permite a un candidato a gobernador sumar votos de postulantes de su signo político y de otros partidos, previo acuerdo interpartidario; así, las agrupaciones provinciales pueden “acoplar” sus listas de legisladores a una fórmula de gobernador y vicegobernador de otra fuerza, además de sumar sus nóminas de concejales a un candidato a intendente de otro movimiento. El resultado es una dispersión absoluta de listas: de hecho, para las elecciones provinciales de este año 105 partidos fueron autorizados a competir con más de 18.186 candidatos anotados para disputar los 347 cargos en juego.

Las estratagemas electorales que pergeñan los oficialismos, sin embargo, enfrentan límites. Por caso, el gobernador de Chaco Jorge Capitanich debió modificar la fecha electoral en su provincia luego de que el Supremo Tribunal de Justicia declarara nula la ley que suspendía las primarias locales. En San Juan, Uñac logró suspender las primarias este año –lo mismo sucedió en Salta y San Luis–, pero sufrió un fuerte revés cuando la Corte Suprema de Justicia frenó sus ambiciones de competir por un tercer mandato consecutivo.

Al tucumano Juan Manzur el fallo del máximo tribunal le cayó como un mazazo: exvicegobernador entre 2007 y 2015 y dos veces gobernador entre 2015 y 2023, pretendía mantenerse en el ejecutivo como vicegobernador de Osvaldo Jaldo. La Corte Suprema, que ordenó suspender las elecciones en esa provincia y en San Juan, lo obligó a bajarse de la contienda.

“Muchos actores políticos desearían cambiar las reglas a su antojo para mantenerse en el poder, pero no todos pueden. En el caso de los gobernadores depende del margen con el que cuenten en el propio diseño institucional de cada provincia”, apunta Busmail.

Cruz coincide. “Detrás de todas las reformas electorales que instrumentan los gobernadores está el cálculo estratégico. Por ejemplo, si observan que en sus distritos la unidad de la oposición depende de elecciones primarias que les permita definir sus liderazgos, lo más probable es que intenten eliminar este sistema. Eso sucedió en San Juan, Salta y San Luis –observa–. Sin embargo, los gobernadores no tienen el poder absoluto para alterar las reglas; por ejemplo, para modificar el instrumento de votación en sus provincias requieren la aprobación de sus legislaturas; lo mismo para reformar el sistema electoral. Están obligados a construir mayorías legislativas para avanzar, única forma de dotar de legitimidad a las reformas que pretenden instrumentar”, advierte.

Federalismo mal entendido

Lo cierto es que los oficialismos con más años en el poder se encargaron de diseñar en sus territorios modelos institucionales ad hoc que les permite restringir la competitividad electoral, evitar la alternancia y garantizar su hegemonía.

Busmail, tras analizar y procesar la legislación electoral de los 24 distritos y sus respectivas constituciones, elaboró un “Índice de Democracia Mayoritaria” que permite medir la calidad democrática de las provincias. A medida que aumenta el nivel de mayoritarismo de sus instituciones, disminuye el nivel de competitividad y equidad electoral, como así también el pleno ejercicio de derechos y libertades.

“Las instituciones políticas y electorales de Formosa, Santa Cruz y San Juan tienen las características más mayoritarias del país –sostiene Bismail–. En términos generales, en estas provincias sus gobernadores son elegidos sin más requisito que una mayoría estrecha y cuentan con amplios poderes para gobernar, mayor injerencia en la formación de las leyes y pueden ser reelectos por un largo período de tiempo. Además, suelen contar con un fuerte contingente de legisladores propios, lo que les permite llevar a cabo una intensa agenda legislativa sin mayores obstáculos”.

Un segundo grupo, integrado por Catamarca, La Rioja, San Luis y Tucumán, pese a que tienen características menos mayoritarias que las anteriores, cuentan con poca injerencia real de las minorías. “Los gobiernos pueden adaptar las instituciones en su beneficio, ya sea modificando la ley electoral o la constitución por enmienda”, indica Busmail.

En este punto cabe preguntarse hasta qué punto el federalismo electoral garantiza el goce equitativo de los derechos políticos de todos los ciudadanos que habitan el suelo argentino. Está visto que en las provincias con características mayoritarias sus democracias son lábiles, de baja calidad. Cuando un partido ejerce una posición hegemónica en el mercado electoral, la concentración de poder desdibuja la división de poderes, desvirtúa el sistema de pesos y contrapesos e impide que las elecciones funcionen como un mecanismo de rendición de cuentas.

Cuando, por el contrario, las elecciones son competitivas, no solo se generan las condiciones para que funcionen los controles entre los poderes de gobierno, sino que también obliga a construir acuerdos y promueve la participación y el compromiso de la oposición en el gobierno. Resulta éticamente inaceptable que los ciudadanos de un mismo país ejerzan en diferente medida los derechos políticos que les garantiza la Constitución según el lugar donde residen. Una auténtica democracia debe ser territorialmente homogénea, condición inexcusable para garantizar que la ciudadanía sea un derecho pleno, no un “privilegio” que se goza en unas pocas provincias.