SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- El escándalo por el escrutinio en la capital provincial, en donde la pelea voto a voto entre Beatriz Ávila y Rossana Chahla se dirimiría a través de un conteo manual, ubicó en el centro de la polémica a la Junta Electoral, integrada por tres miembros cercanos al peronismo.

La Junta Electoral está presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, quien fue designado por el gobernador Juan Manzur y quien había habilitado al gobernador a competir por un nuevo mandato. Además, tiene dos vocalías: una está a cargo del ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, que fue exministro de Gobierno y Justicia durante los 12 años de gestión de José Alperovich; la otra es ocupada por el Ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila, también ubicado en el cargo por el actual gobernador, en 2018, y a quien en la oposición señalan como un militante del PJ.

El objetivo de la Junta, según figura en su sitio oficial, es conducir el proceso electoral otorgándole legitimidad y confianza de parte de la ciudadanía, actuando con justicia, celeridad, planificación, transparencia y eficacia. Leiva, Jiménez y Navarro Dávila se ocupan de todo lo que sea administrativo.

En caso de una denuncia judicial, actúa la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que fue el tribunal que en las elecciones dijo que hubo “fraude” tras la quema de urnas en San Pablo y las denuncias por el reparto de dinero y bolsones de alimentos a cambio de votos. Fue la Corte Suprema provincial la que dejó sin efecto la medida y dispuso aquella vez que Manzur había ganado legítimamente las elecciones sobre el radical José Cano.

El vocero de la Junta Electoral es Carlos Amaya, un experiodista que estuvo durante años al frente de un noticiero matutino en tándem con Carlos Rojkés, cuñado de Alperovich.

La Junta Electoral reconoció en la madrugada las fallas técnicas. “En razón de erróneas confecciones de planillas de parte de autoridades de mesa o la falta de datos en ellas, llevó a tomar la decisión de que un número superior a las 350 urnas deberán ser examinadas en el escrutinio definitivo”, informó en un comunicado. Y agregó: “Además, es decisión de esta Junta Electoral disponer la apertura de todas aquellas urnas que considere pertinente, al igual que cualquier otra que necesite ese procedimiento de revisión. Motivo por el cual el escrutinio definitivo comenzará a realizarse por la Sección Capital y por las urnas observadas el día martes 13, a las 18 horas”.

La empresa MSA SA, contratista del servicio de logística electoral, reconoció haber tenido una falla técnica en la página web en ciertas categorías electorales.

Mañana comenzará el escrutinio definitivo y revisarán 350 urnas de la capital. Ávila aseguró hoy que ganó, pero Chahla, aferrada a los datos provisorios, sostuvo que fue ella quien se impuso.

En Tucumán hubo un antecedente de recuento y escándalo. Fue en 1999, en la definición de la gobernación que ganó Julio Miranda, que se impuso sobre Ricardo Bussi.