En un nuevo giro de la causa por las irregularidades en el padrón para las elecciones en Boca, la Cámara de Apelaciones de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires no aceptó la recusación de la jueza Alejandra Abrevaya planteada por el oficialismo, por lo que la magistrada volverá a estar al frente de la causa. La decisión llega luego de que el martes pasado su reemplazante, Analía Romero, se excusara después de que se supiera que es socia del club desde 2013, bajo la presidencia de Daniel Angelici, sin haber sido adherente.

El escrito comienza con una explicación del recurso de la recusación y los motivos por los que debe ser utilizado: “Es sabido que el instituto de la recusación con causa constituye en esencia una facultad otorgada a los litigantes por la ley para provocar la separación del juez en el conocimiento de un asunto dado, cuando existen motivos de impedimento o sospecha respecto de su actuación. Su fundamento radica en la necesidad de garantizar al litigante un juez o tribunal imparcial, de donde se deduce que en la cabal observancia de sus disposiciones está comprometido el principio constitucional de la defensa en juicio”.

“A juicio del Tribunal, las constancias de los incidentes de recusación deducidos no permiten tener por configuradas las causales invocadas a tenor del criterio restrictivo que impera en la materia, resaltado por el Sr. Fiscal de Cámara”, razona.

El lunes por la noche, el ídolo xeneize había asegurado en una entrevista con el canal oficial del club que tanto Romero como su marido y sus hijos habrían obtenido su carnet de activos du­ran­te la primera presi­dencia de Angelici, y sin haber pa­sa­do antes por la ca­te­go­ría de adherentes. “Si la jueza aceptó ser socia en 2013 fue porque creyó que estaba todo en regla. En­tonces pa­ra nosotros esto es una gran no­ticia, por­que significa que vamos a tener elecciones”, razonó Riquelme. Horas más tarde, y de manera ines­perada, Romero solicitó su excusación “a fin de preser­var la de­bida administración de justicia y neutralizar cualquier temor de parcialidad que tal cir­cunstancia pudiera al­bergar en los sometidos a juzga­miento”.

En este escenario, la posibilidad de votar el 17 de diciembre queda automáticamente descar­ta­da. La “causa Boca” volverá a manos del juz­gado in­ter­viniente y se retomará la investigación que buscará de­ter­minar cuántos de los 98.000 so­cios que figuran en el padrón están realmente en condiciones de sufragar, ya que el oficialismo, amparado en el artículo 6 del mis­mo reglamento, asegura que las Comisiones Directivas de turno tienen la potestad de fijar por sí misma las po­líticas de ingreso y de recategorización de los socios.