Cuando faltan 12 días para la segunda vuelta electoral, los equipos de Pro y La Libertad Avanza (LLA) que trabajan en la fiscalización apuran la sinergia de sus estructuras y apuntan a sumar fuerzas. Mientras que en la cúpula del partido fundado por Mauricio Macri todos los interlocutores hablan de una maquinaria “muy aceitada”, en las bases desestiman la potencia y hablan solo de “colaboración”. A pesar de los cortocircuitos , los “amarillos” trabajan en el tendido de puentes con la UCR para que se incorporen al cuidado de los votos bonaerenses de Javier Milei. En el radicalismo, no obstante, niegan cualquier tipo de acercamiento.

Con reuniones casi diarias en una oficina de la avenida Libertador, los referentes de la fiscalización conjunta revisan las secciones y circuitos electorales para blindar su armado en la provincia de Buenos Aires. Esta jurisdicción es clave para la contienda nacional no solo porque supone el 37% del padrón electoral de la Argentina, sino porque es, además, donde el peronismo aspira a sacar la mayor diferencia de votos.

Esta es la razón por la que en Pro buscan conciliar un esquema de trabajo con la UCR bonaerense. El partido centenario cuenta con una consolidada red de militantes que se despliegan a lo largo de los 135 municipios, hoy fundamentales en una elección en la que se apuesta todo. “Hay radicales que están jugando”, deslizó a LA NACION un dirigente macrista que se encarga de ordenar la maquinaria de fiscales en el conurbano. Lo mismo repitió otro armador “amarillo”, quien destacó que las estructuras de los alcaldes correligionarios “están a disposición”.

Tras el cisma que provocó la decisión inconsulta de Patricia Bullrich y Macri de apoyar a Milei, Juntos por el Cambio quedó a un paso de la ruptura. Para diferenciarse de sus aliados, el Comité Nacional del partido centenario se pronunció por la neutralidad en el balotaje y Maximiliano Abad, senador nacional electo y presidente del Comité radical de la provincia de Buenos Aires, se plegó a esa decisión. En un partido que hace culto de su institucionalidad, nadie cree que Abad “se corte solo”. “Puede ser que se lo pidan, pero el radicalismo no va a mover el aparato”, aseguraron cerca del dirigente de la UCR.

Con un Pro de capa caída después de los malos resultados obtenidos en la elección general del 22 de octubre en la que perdió, entre otros municipios determinantes, La Plata, Lanús, Bahía Blanca y Olavarría, la fiscalización se convirtió en un reducto estratégico. Para muchos dirigentes, es el vehículo para adquirir visibilidad y proyección en una estructura desordenada, pero con potencial de ser gobierno, como la de LLA.

Por eso, los emisarios macristas son muchos. Los primeros referentes que se sumaron a esta tarea fueron Paula Bertol, la jefa de la fiscalización de la excandidata presidencial, y José Torello, senador nacional y mano derecha de Macri. En las últimas semanas se incorporaron Jorge Triaca, exministro de Trabajo macrista con terminales de poder en sindicatos de peso, y Guillermo Dietrich, exministro de Transporte y quien hoy coordina al equipo de fiscalizadores voluntarios nucleados por un grupo de empresarios.

Los macristas dialogan con Guillermo Ferraro, anunciado por Milei como su eventual “ministro de Infraestructura” y que en la campaña tiene el rol de coordinador general de la fiscalización; Guillermo Francos, virtual “ministro del Interior”, y Nicolás Posse, quien sería el jefe de Gabinete del libertario en caso de llegar a la Casa Rosada. También hay puentes tendidos con Eduardo Bastitta, un empresario del rubro logístico e inmobiliario que fue un engranaje clave en la relación de Macri con Milei.

Los principales interlocutores Pro con los intendentes y referentes de los distritos bonaerenses son Cristian Ritondo, diputado nacional y quien suena para presidir la Cámara baja en un eventual gobierno de Milei, y Diego Santilli, su colega parlamentario y exprecandidato a gobernador, quien rearma su estructura provincial para retomar sus anhelos de suceder a Axel Kicillof. Ritondo puso a disposición de esta labor a Guillermo Sánchez Sterli, una de sus manos derechas, y a Hernán Gómez, a quien define como “coordinador del territorio”.

Si bien Santilli fue parte de la cumbre por la que se selló el acuerdo con los libertarios, evitó pronunciarse explícitamente a favor de Milei. Junto a sus laderos territoriales, discutió esta semana la forma en que sumarían su aporte y designó a José Luis Acevedo, presidente de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), como su representante en la mesa de fiscalización. “No vamos a poner nuestra estructura, pero si hay personas que quieran colaborar sí lo van a poder hacer. Queremos resguardar nuestra identidad porque no hay una definición para formar parte de lo que viene”, destacó un dirigente santillista “sin tierra” de la primera sección electoral.

Entre algunos intendentes y alcaldes electos, hay descontento con el modus operandi. A pesar de que descuentan aportar sin medias tintas su maquinaria de fiscales, no están conformes con los interlocutores bonaerenses impuestos por la cúpula de Pro. Consideran que los nuevos liderazgos deberían surgir de quienes obtuvieron los votos. Por eso, buscan una imagen de unidad para comunicar una definición conjunta en este sentido.

Otro de los puntos flacos de este esquema es el financiamiento. Más allá de los voluntarios que se puedan sumar, todos admiten que hay zonas en las que la fiscalización estará garantizada solo si hay dinero. La pregunta más apremiante es de dónde va a salir ese capital. “Se va a resolver entre los dos equipos. Los recursos van a estar. LLA va a hacer un esfuerzo adicional”, aseguró un interlocutor Pro.