Una vez más, el país enfrenta una encrucijada, con tres caminos posibles, sobre la base de miradas políticas marcadamente diferentes. La primera es una continuidad de un modelo nefasto que ha predominado por más de veinte años. Si se despejan los eslóganes, en el fondo lo que hay es una pésima gestión del Estado como factor distintivo. Sobran los ejemplos: desde la última sentencia adversa a la Argentina por el caso YPF en los Estados Unidos hasta los desaguisados con el crédito exterior que, en pocos días, fue de una devaluación para cumplir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hasta violarlo emitiendo moneda, cual si fuera mero papel, o bajando impuestos sin su contrapartida en los gastos. Populismo puro y duro, del más rancio.

La segunda es una reacción desde el otro extremo. Ante el mal funcionamiento del Estado, se propone una implosión del sistema como método de cambio. No está muy claro ni el cómo ni la secuencia, especialmente porque el discurso navega entre idas y venidas, con profundas contradicciones, al ritmo caótico de dos gritos de guerra que, con algo de chabacanería, resumen el pobre contenido y, particularmente, la tergiversación del concepto de libertad, por sus rasgos selectivos de acuerdo con el asunto.

La tercera propone algo paradójicamente tan simple como complejo: hacer funcionar el sistema. A primera vista, es menos tentadora: a más de dos décadas durante las que no funcionó, se suman las heridas todavía abiertas de un encierro pandémico injustificadamente largo y tergiversaciones institucionales inéditas, como un ejercicio del poder que terminó en un Poder Ejecutivo a cargo de un ministro que es a la vez candidato, en un franco conflicto de intereses entre ambiciones personales, cortoplacismo y el destino de un país.

En esa disyuntiva política vital, la discusión electoral está descentrada fuera del eje de las necesidades perentorias de la gente. Los extremos se tocan, como fue el caso de la rebaja de impuestos que significó el aumento del mínimo no imponible de ganancias, sin su contrapartida en los gastos, como indican los manuales más elementales de finanzas públicas y el sentido común que los ciudadanos deberían esperar de un gobernante.

Otros dan protagonismo a debates que son impracticables o, peor aún, algunos que hasta llegan a contrariar nuestro ordenamiento jurídico. Lo hacen con total desparpajo; claro, lo que importa es la centralidad de la discusión electoral en las redes que, más que ágora abierta de discusión, ha devenido una trampa, una cortina de humo para esconder la gravedad de los problemas y la profundidad de las decisiones que se requieren.

Días atrás, cientos de juristas del país publicaron una solicitada en LA NACION con un grave recordatorio: no se puede ni proponer ni hacer cualquier cosa, por más que estemos en tiempos electorales. Porque hay un marco obligatorio que no se puede olvidar, por la sencilla razón de que es la red de contención, el límite que estructura a la sociedad argentina: la Constitución nacional. Así como en economía alguien dijo que se puede hacer de todo menos evitar las consecuencias, en derecho ocurre otro tanto: se puede proponer cualquier cosa, pero nunca exceder las fronteras que impone nuestra sabia Ley Fundamental.

No se trata de elucubraciones doctrinarias, propias de claustros académicos. Se trata de una admonición de los convencionales constituyentes de 1994, los juristas más destacados del derecho público y del privado, consejeros de la Magistratura, exjueces y presidentes de las asociaciones de magistrados del país, y por los abogados más prominentes. No es solo un argumento de autoridad: son de los que mejor entienden los riesgos que estamos enfrentando y el valor que tiene un texto que es un mucho más que eso: resume el consenso que permitió al país salir del pantano de largas y dolorosas luchas civiles. Y lo hacen desde un lugar apartidario, lo que queda demostrado en las procedencias políticas diversas de sus firmantes.

Por estas razones es que destacamos el valor de la solicitada, a la que se sumaron más de mil abogados en los últimos días. Como se advirtió allí: todo dentro de la Constitución, nada fuera de ella. Tal vez aprendamos un día los argentinos que la salida a nuestros males es respetando las normas, no con atajos ni ideas alocadas, que una y otra vez vuelven a meternos en el laberinto del que ya hemos comprobado no hay más salida que el respeto a la institucionalidad y las leyes.