BRASILIA.- El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil José Antonio Dias Toffoli anuló este miércoles todas las pruebas obtenidas en contra del presidente Luiz Inacio Lula da Silva tras el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, y catalogó el arresto del líder del Partido de los Trabajadores (PT) entre abril de 2018 y noviembre de 2019 como un “error histórico”.

Toffoli reconoció así la solicitud de la defensa de Lula y declaró como inútiles las pruebas recibidas por el acuerdo con Odebrecht al considerar que fueron obtenidas por medios “heterodoxos e ilegales” por el exjuez Sergio Moro y los exfiscales de la operación Lava Jato. Además, consideró que la intención de aquel caso era la de “poner a un líder político entre rejas”.

“Fue un montaje resultante de un proyecto de poder por parte de ciertos agentes públicos en su objetivo de conquistar el Estado por medios aparentemente legales, pero con métodos y acciones ‘contra legem’ (contrarios a la ley)”, manifestó el juez del STF al respecto de la condena a Lula, que pasó 580 días en prisión y no pudo participar en las elecciones presidenciales de 2018, ganadas por el ultraderechista Jair Bolsonaro.

De hecho, Toffoli catalogó el ingreso en prisión de Lula -también presidente entre 2003 y 2010- como “el huevo de la serpiente de los ataques a la democracia y las instituciones”.

“Me sorprendieron las autoridades que abusaron de sus funciones, actuando en connivencia para atacar a instituciones, autoridades, empresas y objetivos específicos”, apuntó.

El juez del STF señaló así que las pruebas obtenidas por Moro para incriminar al presidente Lula fueron obtenidas por medios ilegales, como “tortura psicológica”, y apuntó que el caso dejó “secuelas físicas y mentales” a acusados y testigos, destruyó “activos públicos y privados nacionales” e incluso “arrebató vidas”.

“La corrupción en los gobiernos del PT era real, los criminales confesaron y se recuperaron más de 6000 millones de reales para Petrobras. Ese fue el trabajo del Lava Jato, dentro de la ley, con decisiones confirmadas durante años por los tribunales superiores. Los brasileños han visto, apoyado y conocen la verdad. Respetamos las instituciones y toda nuestra actuación fue legal. Lucharemos, en el Senado, por el derecho a la verdad, la integridad y la democracia”, posteó Moro en su cuenta de Twitter.

Los acuerdos de delaciones premiadas a Odebrecht firmados en el marco del Lava Jato en 2017 deberán volver ahora a jueces de la primera instancia para revisarse, dado que Toffoli consideró que no hubo un procedimiento adecuado.

Lula fue detenido en abril de 2018 acusado de corrupción pasiva y blanqueo de capitales, algo que Toffoli cuestiona. Fue liberado 580 días después, en Curitiba, una vez que el STF anuló el arresto en segunda instancia, precisamente con el voto en contra de Toffoli. En 2021, el máximo tribunal brasileño anuló todas las condenas de Lula, facilitando así que el dirigente político se presentara a las elecciones en noviembre de 2022, en las que logró la victoria ante Bolsonaro (2019-2023).

Según el abogado André Callegari, profesor del Instituto Brasiliense de Derecho Público (IDP), de Brasilia, la decisión de Toffoli podría conducir tanto a la absolución de los investigados como a la condena de los agentes implicados. “Si ahora queremos esclarecer lo que realmente pasó, creo que los agentes públicos que aún se encuentran en el ejercicio de sus funciones deberían ser sometidos a procesos administrativos y penales”, señaló a O Globo.

Los involucrados en la operación anticorrupción que abandonaron sus cargos, como el exjuez y ahora senador Moro (União Brasil-PR) y el exfiscal y exdiputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) podrían ser sancionados en el ámbito penal, pero no administrativo.

“Simplemente no pueden verse afectados por uno de los efectos de la condena, que es la pérdida de la función pública. Pero en cualquier caso, la investigación de estos crímenes perpetrados debe ser investigada”, explicó el experto del IDP.

El ministro de Justicia de Brasil, Flavio Dino, celebró la decisión del STF, que deja atrás “una de las páginas oscuras” de la historia del país. ”La decisión del juez Toffoli tiene dos implicaciones: una es jurídica, al reafirmar la inocencia de Lula, que fue injustamente juzgado sin el debido proceso legal; la otra es política, al dejar constancia de los absurdos perpetrados en una página oscura de nuestra historia”, manifestó en redes sociales.

”Cuando el Ministerio de Justicia reciba oficialmente la decisión, la enviaré a la Policía Federal para que cumpla la orden de investigar la responsabilidad penal de los funcionarios públicos”, agregó.

En tanto, para el abogado Alberto Torón, la decisión de Toffoli fue correcta porque no es posible comprobar la veracidad de las pruebas presentadas por Odebrecht. “Es una decisión más que acertada. La invalidez de estas pruebas surge de la incertidumbre sobre la veracidad de la información contenida en estas plataformas . Entonces, sin certeza de la cadena de custodia, no es posible aceptarlos”, dijo.

Agencia DPA y diario O Globo