Tal como señalamos en nuestro editorial de ayer, la situación del sistema de salud argentino está frente a una profunda crisis, a la cual no son ajenos los prestadores privados que ofrecen la más alta complejidad médica en el país y que, a sus problemas de financiamiento, suman hoy la falta de provisión de insumos importados, necesarios para la atención de la población.

Seis directores de estas instituciones han tenido que salir del silencio que se habían impuesto hace cinco años, cuando surgió la inquietud de conversar sobre los problemas que estaban enfrentando en un sistema que iba deteriorándose. Así nació el autodenominado Grupo de los Seis (G-6).

Se trata de los hospitales Italiano, Británico y Alemán, la Fundación para la Lucha contra las Enfermedades Neurológicas de la Infancia (Fleni), la Fundación Favaloro y el Hospital Universitario Austral. Sus responsables médicos tomaron la decisión de ser protagonistas y de que se los escuche, no solo por la importancia de los centros de salud que representan, sino por ser actores fundamentales en el sistema de salud del país, a cargo de entidades sin fines de lucro, dedicadas a la más alta complejidad, con prestigio y reconocimiento internacionales.

Hasta ahora trataron de manejar las dificultades con la mayor eficiencia posible, con los ingresos y su distribución equitativa, buscando no afectar la calidad que los distingue. Pero se ha llegado a un punto en que ni así es viable continuar. La responsabilidad que pesa sobre sus espaldas es enorme y, si no se adoptan las medidas correctivas necesarias, la atención médica, desde las prácticas o consultas más simples hasta las más sofisticadas, no podrán realizarse o verán más limitada aún su accesibilidad.

La crisis económica no solo ha derivado en menor poder adquisitivo de la población, sino que también está teniendo un fuerte impacto en el sistema de salud en su conjunto. La devaluación se trasladó de inmediato a los costos y las restricciones cambiarias impactan de lleno en esta actividad, que ya de por sí posee una dinámica inflacionaria propia, por encima del nivel general, que impacta directamente en los costos de las prestaciones.

La devaluación del peso se trasladó de inmediato a los costos y las restricciones cambiarias impactan de lleno en la actividad

Ante esta situación, urge adoptar medidas que apuntalen el financiamiento del sector. No nos referimos solo a los medicamentos. Carecer de reactivos y demás insumos o de repuestos para equipamiento, entre otros, torna imposible dar respuesta a las necesidades más elementales de los pacientes.

Cabe mencionar que las citadas seis entidades de salud también destinan recursos a la docencia e investigación biomédica y a la formación profesional. Emplean, juntos, a más de 20.000 personas, incluidos 6500 médicos, 4300 enfermeros, 1600 residentes y 7500 empleados no médicos; por año, atienden más de 6 millones de consultas, realizan más de 105.000 cirugías, superan los 1000 trasplantes y cubren unas 125.000 internaciones con sus 1800 camas. Su voz no puede ser ignorada.

A pesar de la gravedad por la que atraviesa el sistema, la salud quedó fuera de la discusión en estos tiempos electorales, en momentos en que obras sociales y empresas de medicina prepaga se vuelven cada vez más frágiles y cuentan con cada vez menos prestadores de servicios médicos.

Cabe preguntarse cómo una cuestión que cobró centralidad desde la irrupción del Covid-19 y que ahora se ve agravada por un grave problema de financiamiento no estuvo presente en los debates presidenciales llevados a cabo el 1° y el 8 de octubre.

Si bien las nuevas autoridades que gobernarán la República asumirán el próximo 10 de diciembre, la gravedad del sistema de salud requiere la adopción de medidas urgentes que pongan fin al desfinanciamiento que sufre el sector y que destraben la comercialización de los insumos importados.

En tal sentido, unas 30 instituciones de la salud han planteado que su situación se halla “casi al límite” por cuanto los proveedores les informan que se están acabando los stocks y que desde mayo último no acceden al dólar oficial para importar esos insumos, indispensables para la continuidad de las prácticas médicas. Nada justifica demorarlas cuando la salud y la vida de los argentinos están en peligro.