A la incertidumbre provocada por la grave crisis económica del país y la incapacidad del gobierno nacional para ofrecer respuestas adecuadas, la Argentina añade los temores derivados de una inusitada tensión política, fogoneada por irresponsables declaraciones de funcionarios, políticos, sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales afines al oficialismo, que vienen presagiando que un hipotético gobierno de signo no peronista como el que podría asumir en diciembre próximo tendría los días contados en el poder.

No pocos de esos juicios de valor, aun cuando se los pretenda disfrazar de diagnósticos, no son otra cosa que advertencias o amenazas veladas que nos remontan a las peores épocas de inestabilidad política.

Uno de los primeros indicadores fue un comentario realizado poco más de un mes atrás por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien, en lugar de hacer una autocrítica por la deficiente labor de su cartera, advirtió que, si la oposición triunfa en las próximas elecciones, “las calles van a estar regadas de sangre y de muertes”. Tales dichos tienen un notable parecido con los de uno de los abogados de la vicepresidenta de la Nación, Gregorio Dalbón, quien tiempo atrás había asegurado que “si Cristina Kirchner va presa, correrán ríos de sangre”.

En forma casi simultánea a las lamentables declaraciones de Aníbal Fernández, se conoció una advertencia del sindicalista estatal Hugo Yasky, de clara filiación kirchnerista: “La Argentina –dijo– va a enfrentar un período difícil, donde vamos a tener que pisar los callos a los poderosos de este país”.

Más recientemente, el coordinador nacional del movimiento Barrios de Pie y secretario del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, Daniel Menéndez, pronosticó que el actual precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta “no dura ni dos segundos con su programa, ni una semana de gobierno, si quieren avanzar sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”.

La CGT no se quedó atrás. “No permitiremos que avasallen los derechos del trabajo”, advirtió en una declaración. No resultó extraño: los popes sindicales son expertos en obstaculizar la gestión de gobiernos democráticos. Desde 1983, les hicieron 27 paros generales a los gobiernos nacionales no peronistas –13 de ellos los sufrió el gobierno de Raúl Alfonsín– y ninguno a la actual administración de Alberto Fernández, pese a que bate récords la inflación, un fenómeno al que puede calificarse como el impuesto más regresivo para los trabajadores y para los segmentos más humildes de la población.

Vino después el dirigente social Juan Grabois, quien subrayó: “Que vengan y la vamos a pelear, y en un año y medio se van en helicóptero”.

Es lamentable que, a pocos meses de cumplirse 40 años de la reapertura democrática, se insinúe desde un sector político la voluntad de no acatar las reglas de la democracia

Finalmente, el intendente de Ensenada, Mario Secco, lanzó otra advertencia: “Si (con Cristina Kirchner) quieren hacer lo mismo que hicieron con Lula en Brasil, van a tener una reacción popular que no se van a poder bancar y vuelan todos en pedacitos”. Se refería a la decisión de la Justicia brasileña de no permitirle a Lula ser candidato presidencial en 2018, por cuanto había sido condenado a prisión.

En todas estas funestas declaraciones hay un par de características comunes. Por un lado, los distintos voceros del oficialismo están abriendo el paraguas frente a la posibilidad de una debacle electoral de la coalición gobernante. En segundo lugar, están pronosticando que quien suceda al actual gobierno de Alberto Fernández tendría los días contados, en virtud de una suerte de golpismo anunciado.

Resulta lamentable que, a pocos meses de cumplirse 40 años de la reapertura democrática que dejó atrás la más oscura etapa de la historia argentina, se insinúe desde un sector político la voluntad de no acatar las reglas de la democracia.

Es absurdo esgrimir el argumento de la “proscripción” de la vicepresidenta de la Nación para disputar la jefatura del Estado, por cuanto nada le impide postularse, en tanto no existe hasta el momento ninguna sentencia firme que la inhabilite a ocupar cargos electivos. El relato cristinista montado a partir de la falaz idea de la proscripción es solo una aviesa maniobra dialéctica para justificar su decisión de no competir electoralmente, dadas las complicadas perspectivas derivadas de su mala imagen en la opinión pública, y para deslegitimar un hipotético éxito de un candidato opositor en los próximos comicios presidenciales.

Resignados frente a una crisis económica para la que no tienen soluciones y ante una vasta porción de la ciudadanía para la que no encuentran un mensaje capaz de “reenamorarla” –según la propia expresión de la vicepresidenta de la Nación–, no pocos dirigentes de la fracción gobernante parecerían solo dispuestos a aguardar un traspié en las urnas para sentarse a esperar el paso del cadáver de su “enemigo” luego de que este tome posesión del mando.

Detrás de esta llamativa ofensiva del kirchnerismo se halla la impotencia para imponer una concepción autocrática que reniega del principio de división de poderes que es el eje de nuestra república. En la cosmovisión que se ha encargado de comunicar la propia expresidenta, el Poder Judicial es solo un cuerpo constituido por personas carentes de la misma legitimidad de la que gozan los funcionarios elegidos por el pueblo en una elección democrática.

Se advierte en esa acción destituyente la desesperación por sostener un probadamente fracasado modelo populista orientado al sostenimiento de un Estado tan elefantiásico como clientelista y prebendario y un capitalismo de amigos disfrazado de progresismo, artífice de una movilidad social cada vez más descendente y de una creciente corrupción estructural.

Pero, por sobre todas las cosas, se oculta en este perverso plan el afán de la vicepresidenta y de no pocos funcionarios por obtener impunidad a cualquier precio.