La Argentina está empezando a ser atravesada por un peligroso vector de desintegración social. Lo grave no es tanto el voto en blanco o la abstención, más propios de análisis electorales apresurados, porque hasta ahora se trata de elecciones primarias o netamente provinciales. Lo grave en serio es otra cosa. Ortega y Gasset desarrolló dos conceptos que describieron mejor que nadie la España de su tiempo, y describen mejor que nadie la Argentina del presente: particularismo y acción directa.

El particularismo es una ilusión intelectual que pretende que el otro no existe o no merece existir. Desde esa idea, de creer que una parte representa o constituye la voluntad general, el acuerdo con el otro de una nación es simplemente inaceptable. Esencialmente implica que la voluntad general no se construye a través de la acción legal, esa larga ruta institucional que significa consagrar la legalidad a partir de convencer al otro. La acción directa es una derivación del particularismo. Cuando el sistema institucional impone tantos rodeos, tantos “previos” y autorizaciones, pues qué mejor que ir al grano y tomar el toro por las astas, imponiendo lo que esa visión sectaria considera que está bien, y apoderándose de lo que cree que es suyo.

Particularismo y acción directa son el marco conceptual de los populismos ante el vértigo del llano. Que no quepan dudas: estamos en el preludio de lo que fue, es y será el accionar del oficialismo que se apresta a ser oposición. Pueden estar en desacuerdo en nimias reglas electorales, pero a la hora de la verdad, como esta, todos están de acuerdo, muy de acuerdo, y nadie saca los pies del plato. Fueron los piquetes en 2001, las piedras al Congreso en 2017 y ahora la “toma de la Bastilla” en Jujuy.

Por suerte se equivocan en varias cosas, desde esa mirada violenta, exclusiva y excluyente. Fundamentalmente, en que la Constitución nacional no solo tiene potencia integradora sino que –lo más importante– no está desprovista de fuerza. Es el marco básico para la enorme faena que es mantener una nación unida, y para eso cuenta con varios recursos, entre los que se incluye el uso institucional del poder para preservar el orden social.

Es aquí donde yerran, porque presumen mal, que el Estado de Derecho es un concepto estático y esencialmente pasivo, cuando en rigor es todo lo contrario: es dinámica pura, que ordena desde la ley y su correlato, la fuerza. Partiendo de un principio elemental a estos fines, contenido en el artículo primero y pétreo de la Ley Fundamental, que manda que nuestro sistema es representativo, además de republicano y federal. Esto significa algo muy simple: nadie es dueño de la realidad política y todo, absolutamente todo, debe estar sometido al sendero que marcan las instituciones que nos representan. Contra todas las críticas, hay que reconocer que la oposición que aspira al poder ha demostrado una vez más algo extremadamente importante: su acuerdo en derredor del concepto de Estado de Derecho, sin matices, y desde sus dos caras: ley y fuerza.