Luego de haber cumplido en prisión más de la mitad de su condena por abuso de menores, Julio César Grassi solicitó este martes la libertad condicional, mientras que el abogado querellante, Juan Pablo Gallego, aseguró que se opondrá “rotundamente” a este pedido que significa “un fuerte golpe para las víctimas”.

En declaraciones con esta agencia, el letrado -que representa el Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn)- señaló que todavía no fueron notificados de la novedad. Sin embargo, ya dejó clara su opinión al respecto: “Nuestra oposición al beneficio que pretende Grassi es rotunda y así se lo ponemos de manifiesto al Tribunal”.

La solicitud del sacerdote fue realizada por su abogado defensor ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Morón.

“Que no cumpla la condena estipulada es otro fuerte golpe para las víctimas. Es opacar el acto de justicia que implicó validar la verdad de las víctimas”, precisó Gallego, quien lideró la investigación que condujo al religioso a prisión.

“Liberar a Grassi antes del vencimiento de la pena constituye un escándalo internacional”, afirmó y basó su opinión en que el caso “marcó un antes y un después en la lucha contra la pedofilia en el ámbito eclesiástico”.

La última novedad de la causa se había conocido el 28 de junio del año pasado, fecha en que la condena -que en principio regía hasta el 7 de agosto del 2026- fue extendida por dos años más tras una apelación presentada por la querella, a raíz del mal cálculo de la pena y la inaplicabilidad del beneficio llamado “dos por uno”.

El recurso de apelación a la condena inicial de Grassi fue presentado ante la Cámara de Apelaciones de Morón, que dio lugar a la petición y ordenó ampliar la condena hasta el 30 de mayo del 2028. De esta manera, comenzaron a regir desde 2013 los 15 años a los que fue condenado el sacerdote.

El 10 de junio de 2009, el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Morón condenó al clérigo a la pena de 15 años de prisión por los delitos de “abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima”. Esto es “reiterado en dos hechos, en concurso real entre sí, que, a su vez, concurrieron formalmente con corrupción de menores agravada por su condición de encargado de la educación y de la guarda”, por los hechos cometidos en noviembre y de diciembre de 1996 en la Fundación Felices los Niños de Hurlingham.