El Consejo de la Magistratura reactivó revisar la situación de los jueces que viajaron a la estancia del empresario Joe Lewis en Lago Escondido, en compañía de ejecutivos del Grupo Clarín y de exagentes de inteligencia, al votar que se incorporen a la investigación administrativa las copias de la causa penal. Lo impulsaron los consejeros oficialistas, pero también los opositores, los jueces, los académicos y los abogados.

El consejero de la magistratura que instruye la investigación sobre el comportamiento de los jueces federales Julián Ercolini, Carlos Mahiques (Casación), Pablo Yadarola (Penal Económico) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo) es el representante de los académicos Hugo Galderisi.

El consejero Galderisi había pedido una batería de medidas de prueba muy amplia que incluía pedir el expediente judicial y solicitar a diversos organismos públicos información sobre el vuelo, los pasajeros, la totalidad de vuelos gestionados por empresas privadas que arribaron y partieron los días 13, 14 y 15 de octubre de 2022 desde San Fernando a Bariloche, los manifiestos de carga de personas que viajaron, las videofilmaciones de los aeropuertos y los datos de facturación del vuelo.

La última reunión el consejero y juez Diego Barroetaveña, de la lista Bordó, había pedido posponer la discusión sobre las pruebas hasta el encuentro de hoy. Y esta tarde se debatió la prueba que se iba a pedir y a propuesta de la consejera jueza Alejandra Provítola, de Compromiso Judicial, solo hubo mayoría para votar que se pida la copia del expediente y no el resto de los documentos que quería el resto de los consejeros.

Provítola argumentó que sería sobreabundante y se duplicaría lo que ya está en el expediente, donde los jueces ya pidieron esa información sobre los vuelos, los pasajeros y la facturación. El juez Barroetaveña adhirió. El juez Alberto Lugones, de la lista Celeste, votó en el mismo sentido. Los jueces de las tres listas de la Asociación de Magistrados estuvieron de acuerdo.

El kirchnerismo quería ir por todo. El diputado Rodolfo Tailhade, que no integra la comisión pero de todos modos estaba presente, hizo uso de la palabra para reclamar que se debía votar toda la prueba dada la gravedad del asunto. La senadora Inés Pilatti de Vergara abundó: “Que se duplique, que se triplique la prueba no importa, lo que abunda no daña. Estamos ante un modus operandi que nos debería dar vergüenza a todos”.

El consejero Galderisi, que hizo la propuesta, si bien no suele acompañar al kirchnerismo, esta vez se mostró entusiasta con hacerlo y fue él mismo quien efectuó el pedido de ampliar la prueba. La sesión de la comisión la dirigió Héctor Recalde que, con humor y cintura, cerró la sesión pasadas las 15.30 cuando todos los presentes ya se querían retirar.

El oficialismo en el Consejo de la Magistratura quiso relanzar la investigación sobre los jueces que viajaron a Lago Escondido como una manera de compensar el desgaste judicial que le provocó la salida de la jueza Ana María Figueroa de la Cámara de Casación Penal. Galderisi no pudo escapar a la presión de los consejeros del Gobierno y presentó un pedido de pruebas que incluía la copia de la causa penal y algunos oficios a la empresa aérea y las facturas por el viaje.

La semana pasada Barroetaveña logró frenar la embestida con una postergación y esta semana fue necesario conversar para llevar a la reunión de esta tarde con una mayoría que limitara el pedido de prueba a la copia del expediente. Fue clave el voto del juez Lugones, que se sumó al de sus colegas jueces, Barroetaveña y Díaz Cordero y Provítola, además del voto del senador radical Eduardo Vischi. La votación quedó 5 a 4, ya que del otro lado quedaron perdedores Recalde y su hijo el senador Mariano Recalde, Galderisi y Pilatti de Vergara.

El Ministerio de Justicia, por orden del presidente Alberto Fernández anunciada en un discurso por cadena nacional, denunció el 7 de diciembre pasado a los jueces que participaron del viaje con ejecutivos de Clarín y funcionarios porteños. Al viaje asistieron Ercolini, Carlos Mahiques, Yadarola, Cayssials, el exministro porteño Marcelo D´Alessandro y el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.

También fueron de la partida Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom/Clarín; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

Al mismo tiempo en la reunión de hoy de las comisiones del Consejo de la Magistratura se decidió posponer hasta la próxima reunión una definición acerca de la vacante que dejó la jueza Figueroa en la Cámara de Casación. Había una posición que pretendía sumarla al concurso ya en trámite, donde se decide quién cubrirá las vacantes que dejaron los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, jubilados; y la otra posición era llamar a un nuevo concurso aparte.

Los consejeros se tomarán un tiempo y seguramente negociarán un lote de vacantes, con concursos ya terminados y cuya votación está pendiente en un futuro plenario para discutir un reparto equitativo de cargos, y en ese tenor negociar cuál es el mejor mecanismo para cubrir la vacante de Figueroa. La Corte dejó cesante a a la jueza la semana pasada porque cumplió 75 años -edad tope que impone la Constitución a los magistrados- sin obtener un nuevo acuerdo del Senado ni un nuevo nombramiento del Presidente.