El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, presentó un recurso extraordinario para que la Corte Suprema anule el fallo de la Cámara Federal de Casación que ordenó reabrir la causa Hotesur-Los Sauces contra su defendida, contra Máximo Kirchner y contra 24 acusados más.

Entre los argumentos que esgrimió, Beraldi sostuvo que se violó “la garantía del juez natural”, que la sentencia de la Casación fue “arbitraria” y que se vulneró el derecho de su defendida a ser juzgada “en un plazo razonable”.

El fallo que cuestiona la defensa, que revocó el sobreseimiento de la vicepresidenta, fue firmado el 18 de septiembre pasado por Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. La tercera magistrada que había intervenido en el caso fue Ana María Figueroa, que no firmó la sentencia porque la Corte Suprema declaró el 6 de septiembre pasado que ella “cesó en sus funciones” como jueza el 9 de agosto, el día que cumplió 75 años sin haber obtenido un nuevo acuerdo del Senado para permanecer en el cargo. Petrone y Barroetaveña mencionan en su sentencia esa decisión de la Corte y dicen que en la Casación concluyó “el proceso previsto en el art. 469 del Código Procesal Penal″ (el debate de los jueces de Casación) con un “voto coincidente de dos magistrados”. El Senado le dio finalmente acuerdo a Figueroa la semana pasada y abrió así un conflicto de poderes con la Corte.

La defensa de la vicepresidenta sostuvo que “excluyeron” ilegalmente a Figueroa. En su escrito, Beraldi afirmó: “Ni siquiera se han explicado las razones por las cuales la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dictó sentencia únicamente con el voto de dos magistrados. No se nos escapa que el art. 30 bis del código de rito hablita a la Cámara Federal de Casación Penal a dictar sus pronunciamientos con el voto concurrente de dos de sus jueces; empero, dicha norma de dudosa constitucionalidad no les acuerda una prerrogativa discrecional a los magistrados para acotar el marco de deliberación y excluir del debate a un tercer juez que, según la ley y los reglamentos dictados en consecuencia, también debe discutir con sus colegas e intercambiar opiniones para luego dictar sentencia. Dado que el Tribunal no se ha constituido de conformidad con lo previsto en la ley vigente, la resolución en crisis resulta nula de nulidad absoluta”.

El argumento central de Petrone y Barroetaveña para reabrir el caso Hotesur-Los Sauces fue que no correspondía que el tribunal oral lo cerrara sin hacer el juicio porque una decisión tan extraordinaria solo es admitida por el Código cuando aparece una “prueba nueva” que, por su entidad, hace innecesario el juicio. Eso, para los camaristas, no ocurrió. Los jueces sostuvieron que el tribunal oral se basó, para reabrir la causa, en los requerimientos de elevación a juicio de los fiscales en los casos Vialidad y Oil Combustibles: elementos que, en primer lugar, no son “pruebas” sino acusaciones -dijeron-, y que, además, no son novedosos en la causa.

Beraldi sostiene que sí había pruebas nuevas y hace mención en su escrito a peritajes que, según él, demostraron que todo el dinero estaba bancarizado y que “teniendo en cuenta que todos los fondos correspondientes a los contratos de locación investigados en autos siempre circularon dentro del circuito financiero e institucional, que dichos saldos fueron debidamente contabilizados, que los balances de las sociedades que se encuentran involucradas fueron auditados por empresas de prestigio internacional (...) y, además, que se tributaron todos los impuestos vinculados con estas operaciones, es jurídicamente insostenible la hipótesis de lavado de activos”.

El argumento de que al estar bancarizado el dinero no puede hablarse de lavado es discutido por la fiscalía, que alega que los contratos con los que justificaba el ingreso de millones a la familia Kirchner eran “simulados” y se utilizaban, en realidad, para esconder los “retornos” que los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa pagaban a los Kirchner por los beneficios ilegales obtenidos del Estado. Los acusadores esgrimieron entre sus pruebas que se pagaba por habitaciones de hotel que en realidad no se usaban y que, en algunos casos, eran supuestamente utilizadas por operarios que tenían sus obras a cientos de kilómetros de donde en teoría pernoctaban. Los fiscales también consideraron sospechosa la forma de adquisición de los hoteles y el resultado económico de las operaciones: los investigadores advirtieron, por ejemplo, que mientras la familia presidencial logró embolsar $86,5 millones de las empresas de Báez, este empresario perdió $6,1 millones con Valle Mitre, la administradora del hotel Alto Calafate, de los Kirchner.

Ahora, la Cámara de Casación deberá decidir si concede este recurso; es decir, si le habilita o no a la defensa de Cristina Kirchner el camino a la Corte Suprema. Si no lo hace, las defensas siempre tienen la posibilidad de ir “en queja” al máximo tribunal, pero saben que es más difícil que la Corte tome un caso cuando llega así.