A lo largo de más de tres años de gobierno, el Gobierno ha dado sobradas muestras de una vocación signada por el afán de nivelar educativamente hacia abajo, socavando los principios y valores que hicieron grande a nuestra nación.

Más de una vez, hemos comentado desde estas columnas distintas medidas dirigidas a facilitar demagógicamente el acceso a diplomas sin su contrapartida de aprendizaje. Supuestamente dirigidos a reducir la deserción, esos intentos fueron numerosos. Baste apenas una cifra para dar cuenta de la magnitud del problema: con una población de 1,6 millones de estudiantes del nivel medio solo en la provincia de Buenos Aires, de cada diez alumnos que lo inician solo seis lo terminarán a tiempo, dos tardarán más de lo habitual y desertarán los dos restantes. Si a eso se suma el paupérrimo nivel de lectocomprensión y los mínimos análisis matemáticos a los que a gatas pueden acceder muchísimos de nuestros estudiantes, la situación es sumamente preocupante.

El despliegue creativo en un asunto tan delicado incluyó, entre otras pésimas variantes, pretender prohibir que se califique con menos de 4 a los alumnos para “no obturar a los jóvenes” con un impacto negativo (Entre Ríos), abrir las compuertas a la promoción sin importar cuántas materias se aprueben (Santa Cruz), habilitar a que los estudiantes secundarios puedan cursar regularmente con hasta 19 materias previas (Formosa) –con 16 en el caso bonaerense evitaban la repitencia– y suprimir el tradicional boletín escolar (Río Negro). La colección de disparates –el rechazo en algunos casos provocó que se diera marcha atrás– alimentó las polémicas y se siguió sin resolver las cuestiones de fondo.

La realidad escolar es dramática en demasiados lugares. “Arriba los salarios, abajo la reforma” es la consigna de los docentes jujeños que transitan ya varios días de huelga, mientras sus pares de Chubut convocan a 120 horas de paro. Santa Cruz totaliza ya 50 días sin clases, con chicos que terminan la secundaria llevándose 30 materias previas.

De cara al próximo fin de semana extralargo, docentes bonaerenses y porteños convocan para mañana a un paro nacional en solidaridad con reclamos de otros distritos sobre salarios, estado de las escuelas, presupuestos y capacitaciones insuficientes, cuestiones de conectividad e insumos.

El Consejo General de Educación bonaerense –integrado por representantes de gremios, del gobierno y la oposición– dejó firme la división del período lectivo en dos cuatrimestres anuales y el Registro Institucional de Trayectorias Educativas, reflejado en un boletín híbrido, que combina una calificación numérica y una conceptual de tres escalas: trayectoria avanzada (aprendizajes alcanzados), trayectoria en proceso (buena vinculación pedagógica, pero sin cumplimiento de aprendizajes) y trayectoria discontinua (sin aprendizajes ni vinculación con la escuela). También se mantienen los períodos de intensificación para recuperar contenidos, pero no se aclara sobre la supervivencia de las mesas examinadoras de diciembre, febrero y marzo.

Sectores de la oposición critican precisamente que esa flexibilización resulta confusa y deja cuestiones abiertas a la libre interpretación.

Uno de los cambios más trascendentes de los últimos tiempos, en materia educativa, al que contribuyó la crisis por la pandemia, tuvo que ver con el nivel de involucramiento de padres y familias. Si hasta no hace mucho todo el protagonismo lo tenían quienes promovían huelgas y reclamos, manteniendo de rehenes a los alumnos, hoy encontramos en padres y tutores a cargo de los estudiantes los nuevos actores dispuestos a disputarles activamente esa preeminencia a siniestros personajes como Roberto Baradel, llenando sus vacíos con propuestas racionales y efectivas.

La cuestión educativa sigue quedando relegada ante una economía en derrumbe o una inseguridad rampante, entre otras urgencias del corto plazo, como si se tratase de un tema menor. “Si a la sociedad no le preocupa la educación, la política tiene pocos incentivos para cambiar”, afirmaba acertadamente la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, en ocasión de la Feria del Libro.

En un año electoral que aún aguarda definiciones cruciales sobre candidaturas, poco ha trascendido sobre las propuestas de quienes aspiran a ser elegidos.

Las menciones a la situación educativa son escasas y, cuando se enuncian, poco se sabe de cómo llevarían adelante los supuestos cambios que se proponen.

Una vez más, insistimos en la urgencia de exigir a todos los precandidatos que hagan públicas sus plataformas educativas, con una mirada que exceda el corto plazo. Que esos ejes programáticos sean el cimiento de una política de Estado y no el parche de ocasión para, precisamente, batir el parche de una campaña electoral huérfana de soluciones a los problemas de fondo.