WASHINGTON.- Donald Trump quedó más cerca de ser acusado por su papel en el asalto trumpista al Congreso el 6 de enero de 2021 luego de una reunión de sus abogados en Washington con los fiscales federales a cargo de la investigación, un encuentro que fue visto como un nuevo paso hacia una imputación formal, la tercera en el prontuario judicial de Trump, quien busca recuperar la presidencia el año próximo.

Aunque el Departamento de Justicia no brindó información oficial sobre el encuentro, los encuentros de los fiscales federales con abogados defensores de las personas involucradas en una investigación suelen ocurrir cuando los fiscales se preparan para hacer una acusación, y ofrecen una última oportunidad para presentar argumentos o información contra los cargos. El equipo del fiscal especial que investiga el ataque al Congreso, Jack Smith, ya notificó a Trump que es un “blanco” de la investigación.

Los abogados de Trump, John Lauro y Todd Blanche, llegaron este jueves por la mañana a la oficina de Smith, informaron medios norteamericanos. El propio Trump confirmó luego en su red social, Truth Social, que sus abogados habían tenido una reunión “productiva” en el Departamento de Justicia, y que uno de los mensajes que dejaron había sido que una acusación en su contra “sólo destruiría aún más nuestro país”, otro indicio de que esa acusación está de hecho más cerca.

“Mis abogados tuvieron una reunión productiva con el Departamento de Justicia esta mañana, explicando en detalle que no hice nada malo, muchos abogados me aconsejaron, y que una acusación contra mí solo destruiría aún más nuestro país”, dijo Trump. “No se dio ninguna indicación de aviso durante la reunión. ¡No confíen en las noticias falsas para nada!”, cerró, negando haber recibido una notificación de los fiscales de que sería acusado.

Hasta el momento no se inició ningún procesamiento respecto de la toma fallida del Capitolio contra el exmandatario en los tribunales federales de Washington, estirando el suspenso sobre la próxima movida de los fiscales federales que trabajan con Smith.

De ser acusado formalmente, Trump sumará su tercera causa a su prontuario judicial, y un nuevo frente para su combativa campaña presidencial. Trump, quien ha denunciado en numerosas oportunidades una persecución política por parte del gobierno de Joe Biden y el Departamento de Justicia, lidera cómodamente la interna del Partido Republicano y se encamina a capturar la nominación presidencial y pelear nuevamente por la presidencia en 2024.

A principios de abril, Trump se declaró inocente en Manhattan en la causa por el pago secreto de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016 para impedir que divulgara un supuesto affaire entre ambos. Y luego, en otro hito en la historia de Estados Unidos, Trump se convirtió en el primer expresidente en comparecer ante un tribunal federal, en Miami, donde se declaró inocente de todos los cargos en su contra en el caso de los documentos clasificados, la causa más seria y políticamente más sensible que enfrenta hasta ahora, y por la cual puede llegar a pasar el resto de su vida en prisión.

La investigación que lleva adelante el fiscal especial Smith sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 cae en un universo distinto de las demás. Smith fue designado en noviembre último por el fiscal general, Merrick Garland, para liderar la investigación del ataque al Congreso, y prometió actuar de manera independiente. “El ritmo de las investigaciones no se detendrá ni decaerá bajo mi supervisión. Ejerceré un juicio independiente y haré avanzar las investigaciones de manera expedita y exhaustiva hasta cualquier resultado que dicten los hechos y la ley”, dijo Smith en ese momento, en un escueto comunicado del Departamento de Justicia.

El asalto trumpista al Congreso es uno de los eventos más traumáticos que ha enfrentado Estados Unidos en la historia moderna, y además de dejar al menos cinco muertos, cientos de heridos –incluidos policías– y desmanes en el Capitolio, arrasó con la transferencia pacífica del poder de una administración a otra, uno de las virtudes de la democracia norteamericana. Cientos de personas ya han sido procesadas y condenadas por el asalto, incluidos líderes de grupos de ultraderecha como Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys, y Stewart Rhodes, de Oath Keepers, ambos acusados de “conspiración sediciosa”, el cargo más serio que han presentado los fiscales federales.

Pese a la evidencia sobre la legitimidad de la elección presidencial de 2020, Trump sostiene que ganó la elección y Biden y los demócratas le robaron su triunfo orquestando un fraude masivo. Sus acusaciones, que jamás fueron probadas, se convirtieron en un pilar central del ataque trumpista al Congreso que demoró la certificación de los resultados de la elección. El Departamento de Justicia, las agencias de inteligencia, la Justicia, el Congreso y las legislaturas estatales avalaron la legitimidad y la integridad de los comicios y el triunfo de Biden. Todas las denuncias de Trump y de su campaña en la Justicia fueron desestimadas.

A pesar de las causas judiciales en su contra, Trump sigue siendo el gran favorito para convertirse en el candidato presidencial del Partido Republicano. Las encuestas le otorgan una amplia ventaja respecto del resto del pelotón de candidatos, y su principal rival, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha sido incapaz hasta el momento de trepar en los sondeos para ofrecer un desafío real al liderazgo del magnate. Su campaña anunció esta semana un reseteo de su estrategia y un fuerte ajuste de personal en un intento por preservar recursos.