El gobierno de Javier Milei ya se aseguró su primer aliado en el Congreso para votar el paquete de medidas de ajuste fiscal que anunció ayer el ministro de Economía, Luis Caputo: el bloque de Pro. Tras dos horas de reunión en la Cámara de Diputados, la tropa que responde a Cristian Ritondo anticipó que respaldará las iniciativas –al menos en general–, convencida de que es la única alternativa para atacar el déficit fiscal de cinco puntos del PBI que dejó como herencia el gobierno kirchnerista.

“Somos un partido responsable y queremos lo mejor para la Argentina, por eso vamos a evaluar todas las medidas que el Ejecutivo envíe al Congreso y acompañaremos en la medida que entendamos que son los cambios necesarios para dejar atrás el modelo de pobreza y estancamiento que nos deja el kirchnerismo”, sostuvo Ritondo al finalizar el encuentro.

¿Será un apoyo sin condicionamientos? “Eso lo evaluaremos cuando lleguen los proyectos al Congreso. Es probable que propongamos mejoras si vemos que son necesarias, pero los 40 votos del bloque van a estar”, aseguraron en la bancada. ¿Ese respaldo se va a mantener incólume pese a que la clase media asalariada y los jubilados serían los principales afectados por la devaluación y la suba de impuestos y tarifas? Aquí la respuesta es más difusa; varias fueron las voces que, durante el encuentro, plantearon sus reparos a que la ley de movilidad jubilatoria sea derogada sin más.

“El gobierno de Alberto Fernández la derogó en su momento. No podemos privarle esta herramienta a esta nueva gestión si la pide, pero debería tener un plazo, tal vez un año, no más”, sugieren en el macrismo.

En la bancada advierten que los tiempos legislativos para la sanción de las nuevas leyes no deberían extenderse demasiado. “El ajuste es brutal, por lo que el oficialismo debería aprovechar esta ventana en la que todavía no se siente del todo el impacto de la devaluación y la suba de tarifas para avanzar con las leyes”, sugieren. Por de pronto, ellos están dispuestos a acompañar: esa fue la conclusión tras dos horas de debate.

Del encuentro –que se realizó a puertas cerradas– participaron los 37 diputados nacionales de PRO y los aliados José Luis Espert (Avanza Libertad), Paula Omodeo (CREO) y Álvaro Martínez (Unión Mendocina). Los encargados de dar un pantallazo inicial sobre el impacto de las medidas fueron los economistas del espacio, Hernán Lacunza –exministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri– y los diputados Luciano Laspina, Germana Figueroa Casas, Daiana Fernández Morlero y Espert.

Lacunza sostuvo que, a su juicio, las medidas están bien encaminadas y que van en el sentido correcto, aunque por el tamaño de la herencia recibida el margen de maniobra es estrecho y que el riesgo de una hiperinflación sigue latente.

“El fogonazo inflacionario en los primeros tres o cuatro meses va a ser brutal; podría llegar al 130%, la misma suba que tuvimos en once meses”, dramatizó, por su parte, Espert. El economista confesó que, si bien coincide con la necesidad de instrumentar un ajuste draconiano frente a la gravedad de la crisis, no está de acuerdo con que el mayor peso del esfuerzo recaiga en las clases medias asalariadas. “No hubo medida alguna contra la casta, tanto política como empresaria. Hay actividades que hoy gozan de exenciones tributarias millonarias, como el régimen promocional de Tierra del Fuego, que benefician a unos pocos. No es una buena señal”, sostuvo.

Sobre la restitución del impuesto a las Ganancias, la opinión fue unánime: el tributo a la cuarta categoría debería ser restituido. “Es un reclamo de los gobernadores de nuestro espacio; todas las provincias están sufriendo una merma importante en sus ingresos coparticipables por una medida de campaña de Sergio Massa”, indican en el bloque de Pro. La bancada de Juntos por el Cambio fue la única que se opuso en su momento a la derogación del impuesto; los restantes bloques acompañaron con su voto al por entonces oficialismo, incluso el actual presidente Javier Milei.

“Habrá que ver cuál es el piso mínimo no imponible con el que se restituye el impuesto para la cuarta categoría. Esperemos que sea razonable, porque de lo contrario será un doble mazazo a la clase media”, confiaba, algo inquieto, un legislador.