Con el caso de Cecilia Strzyzowski en Chaco, una vez más la Justicia queda en el centro de la escena, y de nuevo la política aparece dando la nota, aquí, dejando un nefasto mensaje en la forma de un silencio perturbador, cuando no de frases poco felices. Quién sabe si no, también, manejando los hilos a su alcance –hasta que, con lógica, aparentemente, se cortaron– para gestionar los resultados procesales más convenientes para sí.

Lo más políticamente correcto (repudiar a los cuatro vientos la muerte de una mujer, presuntamente asesinada a sangre fría) se volvió indecoroso, justamente, por razones políticas. Y así, un caso de enorme significancia, apareció degradado a simple “hecho policial”. El esfuerzo para marcar tamaña diferencia se explica porque el caso de Cecilia, aunque no quieran, opera como una especie de intersección entre la violencia irracional convertida en acto privado, y la violencia teórica entendida como herramienta política pública, usada como recurso para lograr ciertos objetivos (de ser posible, sin llegar a tanto). Los acusados y sus adláteres parecen haber conocido de antes ambos aspectos de la violencia, pero es recién ahora, con la visibilización de una víctima que luce despolitizada, que se toma real dimensión de una forma de proceder (¿y hacer política?) que parecía arraigada y consentida desde mucho antes por el sector del Gobierno que le era (¿es?) cercano.

Esa aquiescencia hacia todas las actividades del denominado “clan Sena” descubre otro fenómeno terrible: la incidencia que tienen la impunidad, la política y la ideología (también me animo a decir la religión) en el comportamiento de “los elegidos” y en la percepción que luego ellos tienen de su actuar –de cualquier tipo– cuando se percibe consentido y está motivado en esas razones políticas, ideológicas o religiosas. Esa combinación nefasta parece habilitarlos implícitamente a realizar cualquier conducta siempre que respondan al grupo; consumar delitos si es necesario, y después justificar lo que sea, de forma que todo tenga una lógica y un sentido aceptable a la vista de los ejecutores y sus beneficiarios.

No es la primera vez que pasa, y posiblemente no sea la última. En cualquier caso, los delitos abren la puerta de un escenario diferente, reglado y normado, donde la política, sus discursos y sus golpes de efecto pierden incidencia frente a los procedimientos legales, lógicos y tabulados, donde el Poder Judicial tiene un rol protagónico y carga sobre sus espaldas la enorme responsabilidad de explicar qué pasó, cómo, quiénes lo hicieron y, si es posible, por qué.

Así las cosas, de un lado, el sector político cercano a los acusados, que hasta el 2 de junio pasado se valía de ellos, ocurrido el hecho, mientras pudo guardó el más estricto silencio; después hizo algunas manifestaciones encaminadas a minimizar la cuestión; y luego, con todo cinismo ofreció la cuantiosa suma de $5.000.000 de recompensa para quienes permitieran dar con el paradero de la víctima o esclarecer las circunstancias de su “desaparición”, cuando en el mismo ofrecimiento aseguraban día, hora y lugar (dirección exacta) en que Cecilia fue vista por última vez.

Frente a eso, la Justicia –a la que tanto se critica y a la que con tanto énfasis pretende separarse de la sociedad– vuelve a superar las dificultades y las expectativas y, a pesar de los desconciertos iniciales, logra dar una respuesta medida, ubicada y coherente, iluminando un hecho penal (en el contexto de una situación social, moral y política) de una profunda oscuridad, tal vez como una suerte de respuesta institucional inconsciente para quienes la acusan de ser un sector privilegiado, un factor desestabilizante y aun una perseguidora serial, cuando no un partido político más, intentando desnaturalizar así cualquier decisión que provenga de ella y carcomer de esa forma –solo para los ignorantes o los crédulos– el rol esencial que tiene para la convivencia pacífica y respetuosa de los derechos humanos.

Es cierto que puede haber desviaciones impropias en el Poder Judicial, como ocurre en todas las instituciones humanas, pero sin dudas las tragedias que nos ofrece la realidad pegan más duro y más hondo en este sector, porque siempre, a diferencia de los otros poderes del Estado, aun con errores y demoras (aceptables cuando son de buena fe), tiene que dar respuestas de cara a la sociedad con racionalidad, una condición que a nivel judicial solo puede encontrar apoyo en los hechos y el derecho tal como se presentan en la realidad.