Detienen a cuatro sospechosos por los hackeos a jueces y ministros de la Corte
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó ayer la detención de cuatro sospechosos de integrar una banda dedicada a hackear los teléfonos y otros dispositivos electrónicos o sacar otros...
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó ayer la detención de cuatro sospechosos de integrar una banda dedicada a hackear los teléfonos y otros dispositivos electrónicos o sacar otros teléfonos a nombre de tres ministros de la Corte Suprema –entre ellos, su presidente Horacio Rosatti-, y otros jueces y fiscales federales en distintos puntos del país.
Las detenciones alcanzan a un exoficial de la Policía Federal, que se llamaría Ariel Pedro Zanchetta, de 56 años, quien fue detenido en Junín, provincia de Buenos Aires, como así también a otros dos sospechosos que fueron interceptados en la provincia de Misiones por efectivos de la Gendarmería y serían indagados en las próximas horas.
Martínez de Giorgi también dispuso allanar y detener en Misiones a Elías Ezequiel Núñes Pinheiro, el hacker que confesó haber tomado el control del teléfono del exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro durante 2022. El magistrado convalidó así el pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien estimó que existen evidencias suficientes para vincularlo a estos otros ataques informáticos.
Núñes Pinheiro se encontraba, sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires, por lo que se presentó de manera espontánea en los tribunales federales de Comodoro Py, donde quedó detenido a disposición del Juzgado y sus abogados estiman que podría ser indagado durante las próximas horas.
Martínez de Giorgi y Pollicita llevan adelante las investigaciones que buscan determinar quiénes y por qué hackearon los teléfonos de múltiples magistrados. Entre ellos, tres ministros de la Corte Suprema –Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti-, dos jueces de la Cámara Federal de la Casación Penal –Gustavo Hornos y Mariano Borinsky-, dos jueces de tribunales orales federales –Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu- y la jueza federal de Misiones, María Verónica Skanata.
Ese cúmulo de investigaciones avanza por separado de otros dos expedientes que se centran en los hackeos que padecieron el ex ministro D’Alessandro, uno en la órbita de la Justicia porteña y otro que instruye la jueza federal María Servini, quien también tiene en sus manos otra pesquisa por el ataque informático al teléfono del diputado nacional y candidato a gobernador, Diego Santilli.
Las ramificaciones de las investigaciones en curso son, sin embargo, impredecibles. Según reconstruyeron los investigadores judiciales, el exoficial de la Policía Federal detenido, Ariel Zanchetta, habría presentado 2157 pedidos de informes personales sobre políticos de distintos partidos, ministros de la Corte, jueces y fiscales, entre otras víctimas.
Otrora efectivo de la Delegación Junín de la Policía Federal, Zanchetta se habría presentado como periodista al requerir esos datos personales de sus víctimas, información con la que luego él u otros miembros de la banda habría respondido las preguntas de seguridad que exigen las empresas de telefonía celular para completar el llamado SIM-swap de los dispositivos o sacar nuevas líneas a nombre de sus víctimas.
En el caso de Núñes Pinheiro, en tanto, la orden de allanamiento y detención que libró Martínez de Giorgi llegó ayer a Eldorado, en la provincia de Misiones, según confirmó el abogado Marcos Kapko a LA NACION, pero el hacker se encontraba ya en la ciudad de Buenos Aires, donde hoy tenía previsto ampliar su declaración indagatoria en la investigación enfocada en el hackeo a D’Alessandro.
Ante las novedades judiciales, sin embargo, Nuñes Pinheiro se entregó en Comodoro Py junto su otro abogado, Sebastián Noguera, en tanto que Kapko se presentó ante la titular de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público porteño, Daniela Dupuy.
Para el fiscal Pollicita, el ataque coordinado de los hackers habría comenzado en febrero de 2022, que accedieron de manera ilegítima a bancos de datos personales con el fin de tomar el control de los teléfonos de jueces y de ese modo acceder al contenido de sus aplicaciones. Eso les permitió conocer su historial de conversaciones y analizar documentos e información que incluye mensajes, fotografías y vídeos, además de suplantar sus identidades digitales y enviar mensajes falsos en su nombre.
