CÓRDOBA.- “¿Hace cuánto que no estás entusiasmado/a? Mañana desde el teléfono público daré una capacitación fuerte y detonante para nuestra mente. ¡Encendamos nuestras vidas! Mañana, 19.20 horas en Space de X”.

Esa es la invitación que hace desde la cárcel Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe y principal acusado en la causa que investiga las estafas piramidales que realizaba la organización. Está preso en el penal de Bouwer desde abril de 2022, a la vez que acumula imputaciones y prisiones preventivas dictadas en Salta, Rosario y Goya (Corrientes), y más investigaciones en otras varias jurisdicciones.

Desde uno de los pabellones del penal, y sin necesidad de acceder a un teléfono celular, según confirman desde la Justicia y su abogado defensor, usa el teléfono público para que un allegado gestione sus redes sociales y también grabe y emita los coacheos que ofrece. Todos los miércoles hace una transmisión.

En algunas de esas intervenciones vuelve a pedir dinero a quienes lo escuchan. Hace una semana, después de una exposición de media hora, anunció que habilitará un teléfono para formar un grupo de diez personas. “Quiero que se hagan millonarios con una inversión muy chica; que desde ahí apalanquen, dado que yo estoy preso”, dijo.

En la causa que sigue la Justicia de Villa María hay 14 detenidos, 30 procesados y un condenado (en juicio abreviado). La fiscal Juliana Company sigue recibiendo denuncias. Hasta el momento nadie cobró ni recuperó el dinero invertido por las promesas de Generación Zoe. Por las denuncias presentadas se estima que la estafa alcanza un millón de dólares y 7 millones de pesos, pero en Tribunales admiten que hay más dinero involucrado.

En julio del año pasado, un grupo que se presentó como allegado a Cositorto usó WhatsApp y Telegram para poner en marcha una colecta para reunir US$350.000 para pagar una supuesta fianza. Dos meses después, desde el penal, él mismo presentó Zoe 3.0 (alias “AllUs”); ofrecía poner seis dólares para obtener 2800. Para acumular más dinero había que sumar gente a la cadena. Un típico esquema de estafa piramidal.

Desde la Justicia explicaron a LA NACION que “pedir dinero no es delito” y que para que se constituya en una estafa debe haber quienes se sientan damnificados y presenten una denuncia penal. En otras palabras: no se le puede impedir al detenido que haga uso del teléfono público y encare las campañas que quiera.

El defensor de Cositorto en Córdoba, Guillermo Dragotto, aseguró a este diario que el acusado “nunca tuvo” teléfono móvil en la cárcel (en esta provincia está prohibido), pero sí usa los minutos de acceso al teléfono público –”como todos los presos”- y, “a través de un colaborador habla”.

Repasó que, con ese esquema, “fue columnista del periodista Rafael de Martino, se refiere a su situación procesal, a la del país y hace coaching, como hizo siempre. No está condenado por nada”.

Company confirmó a LA NACION que pidió al Servicio Penitenciario una requisa para detectar si el detenido tenía teléfono móvil. No solo se allanó su celda sino todo el pabellón. No se encontró nada. Dragotto ratificó el hecho y explicó que se “quejó” porque la requisa le generó “problemas” a su defendido con otros internos.

Cositorto tiene problemas de salud, por lo que había pedido ser trasladado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para una serie de estudios médicos. La Fiscal lo autorizó y fue entonces, en marzo pasado, cuando surgió la versión de un supuesto plan de fuga, por lo que la clínica puso una serie de trabas. Tampoco avanzó el traslado a una cárcel de Buenos Aires, aceptado por Company.

En sus últimos posteos, Cositorto se dedica a criticar la situación de la Argentina. Por ejemplo, dijo que él está “en investigación en medio de una Argentina corrupta, en donde hace 15 años comprábamos con 10 pesos una docena de facturas, y ahora necesitamos 10 mil No los escucho hablar acerca del desastre financiero, donde un billete de 100 dólares equivale a 0,12 dólares”.

También planteó: “Hay gente que “siguió trabajando por su cuenta haciendo trading o vendiendo cursos o haciendo inversiones con o sin autorización de los organismos. Nosotros lo hicimos de manera legal como fideicomiso”. A los 53 años, hace dos semanas, compuso el “rap de Cositorto” que en siete días, contó, tuvo 250.000 descargas y le permitió ganar dinero.

La semana pasada, en su exposición, Cositorto apuntó contra la fiscal Company: “Se quiere hacer famosa; quizá quiere ser jueza”. Añadió que tiene “interés” en llevarlo a juicio porque, seguramente, quiere “decir un montón de inventos, de barbaridades y conjeturas” de un “negocio que desconoce totalmente” y deslizó que podría haber recibido “algún apoyo, algún apriete”.

Todavía no hay pedido de elevación a juicio de la causa en Villa María. Dragotto precisó que solicitó más pruebas. Entre ellas, un peritaje contable que la fiscal denegó, por lo que ahora un juez de control debe resolver la cuestión. El abogado defensor insiste con que lo sucedido en Villa María con la organización es responsabilidad de la familia Álvarez (con varios imputados).

“Se manejaron de manera autónoma; no hay conexión de las cuentas, hay independencia de Cositorto”, detalló. Si el peritaje se hace y se confirma esa presunción, se deberían “reformular los hechos y volver a indagar a los imputados”, sostiene Dragotto.