El flamante ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, va completando los casilleros de su cartera y resolvió designar al frente de la Oficina Anticorrupción a Alejandro Melik, un exsecretario penal y abogado de su máxima confianza, y a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, al tesorero de Colegio de Escribanos, Carlos Medina.

Con estas medidas, confiadas a la LA NACION por fuentes oficiales, más la confirmación de que el exjuez Alberto Baños será el secretario de Derechos Humanos, se va completando la plantilla, a la que aún le quedan decenas de cargos por definir.

Esta mañana, Baños se constituyó en la Secretaría de Derechos Humanos con el abogado Marcelo Ruiz y se reunieron con el secretario saliente, Horacio Pietragalla Corti, para empezar una tardía transición. Es un área clave ya que el ministro designado quiere reducir allí el personal, que suma mas de 1100 empleados.

Cúneo Libarona ya designó al secretario de Justicia, Sebastián Amiero, un abogado que era prosecretario de la Secretaría Penal de la Corte, empleado judicial desde los 18 años y profesor universitario, que ya está trabajando desde hace una semana con el nuevo ministro.

Uno de los cargos que resta cubrir es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Se resolverá esta semana y el elegido podría ser el jefe de gabinete del ministerio, Diego Guerendiain.

En un principio, Cúneo Libarona tenía la idea de cubrir la OA con una persona que fuera sugerida por la oposición. Se habló incluso de una terna. Sin embargo, optó por designar a Melik, que es un abogado con el que trabajó en la defensa de Guillermo Cóppola, por ejemplo, cuando logró su absolución en el caso del jarrón, donde le plantaron cocaína.

Melik estará así a cargo de uno de los organismos de control del Estado que regresa a la órbita del Ministerio de Justicia. La Oficina Anticorrupción tiene una doble función: es la que recibe y analiza las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo y la que realiza investigaciones que pueden convertirse en denuncias penales contra funcionarios.

Asimismo, el papel de la Oficina Anticorrupción en el último gobierno estuvo en tela de juicio, no solo por su su fragilidad institucional y su dependencia funcional del Poder Ejecutivo (su titular está a tiro de decreto presidencial), sino porque había renunciado deliberadamente a su rol de querellante en las causas penales contra funcionarios. Esto es porque el anterior director, el fiscal Félix Crous, interpretaba que esa tarea ya la realizaban los fiscales y no le competía al organismo.

Esta renuncia a la querella en los casos de corrupción hizo, por ejemplo, que la Oficina Anticorrupción no acusara en el juicio donde Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión en la causa de Vialidad. La OA renunció a la querella a poco de empezar los alegatos finales.

En cuanto a la subsecretaría de Asuntos Registrales, quedó a cargo el escribano Medina. Es un profesional de larga trayectoria en el Colegio de Escribanos -donde ya su padre fue parte una de las autoridades- y a quien entre sus colegas destacan como un hombre de probada integridad.

De Medina dependerán la Inspección General de Justicia (IGJ), los Registros de la Propiedad y también los registros de la Propiedad Automotor. Estos últimos son una caja de la política. Se reparten más de 1800 en todo el país y es obligatorio hacer allí los trámites de patentamiento y de transferencia de los vehículos. Es un sector opaco de la administración pública. Los titulares de los registros son muchas veces beneficiarios de favores políticos.