Delfín Reynaldo Castedo llegó a convertir buena parte de la frontera caliente entre Bolivia y la Argentina en una suerte de estado dentro del estado. Un reino que utilizó con fines espurios, para garantizar el tránsito de drogas, lo que le valió el mote de “El Patrón del Norte”. Condenado por narcotráfico y por lavado de dinero, y recientemente por el asesinado de una productora rural que se animó a oponerse a sus designios criminales, ahora sufrió un nuevo revés.

La Justicia federal de Salta resolvió el decomiso definitivo del 95 % de la finca El Pajeal, ubicada en Salvador Mazza, parte de las miles de hectáreas en las que “ejerció su absoluto señorío”, tierras que se convirtieron en un “instrumento por antonomasia del accionar delictivo de la asociación ilícita” liderada por Castedo. Lo que suceda con el 5% restante quedó a la espera de lo que se resuelva en un litigio iniciado por un puestero que alega, por cuestiones hereditarias, derechos posesorios.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta hizo lugar a un pedido de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del NOA, representada por el fiscal general Carlos Martín Amad, y de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (Dgradb) de la Procuración General de la Nación.

Era una resolución pendiente del juicio en el que Castedo fue condenado, el 7 de diciembre de 2022, a 16 años de prisión como jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos. Según informó el Ministerio Público en su portal fiscales.gob.ar, en ese proceso también fueron condenados Raúl Castedo –hermano de Delfín– y el martillero público Eduardo Torino, a nueve años de prisión. Los comerciantes Alberto y Luis Yudi recibieron una pena de siete años de cárcel; Melba del Carmen Araujo –expareja de Castedo– fue sentenciada a cinco años y Mario Alberto Yudi, hijo de Alberto, recibió tres años de prisión por lavado de activos.

Hace un año, el TOF 1 de Salta había diferido una decisión en torno al decomiso de las más de 4000 hectáreas de El Pajeal, aunque sí había expropiado en favor del Estado nacional las 19.954 hectáreas de la finca El Aybal. Ambas, en el límite con Bolivia, tenían una extensión superior a la de la Capital Federal.

La postergación se debía a la necesaria resolución de una serie de planteos realizados respecto a la titularidad de la finca El Pajeal, principalmente por parte de hijos del exdiputado provincial Ernesto Aparicio, quien había sido socio de Delfín Castedo en el narcotráfico hasta su muerte, el 10 de noviembre de 2013.

La investigación judicial determinó que El Pajeal tenía una ubicación “estratégica para la provisión de cocaína”, pues la parte posterior de la propiedad, con una extensión de 7 kilómetros, colinda con Bolivia.

“Quedó plenamente probado que El Pajeal constituyó el instrumento por antonomasia del accionar delictivo de la asociación ilícita liderada por Delfín Castedo. En efecto, se trató del inmueble rural utilizado dolosamente como medio necesario para la comisión de la conducta delictiva”, sostuvo el tribunal. En su plan estratégico, el clan Castedo adquirió luego la finca vecina El Aybal.

El inmueble “fue utilizado como instrumento para cometer los delitos por los cuales fueron condenados los hermanos Castedo y otros integrantes de ese clan”, consideraron los jueces. El tribunal destacó el movimiento de lavado de activos alrededor de la finca, pues el inmueble pasó de una producción de 400 cabezas de ganado a más de 1700, además de la compra de gran cantidad de maquinarias.

Para los jueces, “el clan Castedo, pese a la detención de su líder, siguió operando bajo las estrictas instrucciones de Delfín Castedo”, el 22 de julio de 2016, lo que surge de las evidencias presentadas por la fiscalía en el juicio, entre ellas conversaciones telefónicas captadas en el marco de la investigación.

“Castedo pudo seguir operando desde la cárcel merced a su propio financiamiento económico, pero, sobre todo, gracias a su posición en El Pajeal, que nunca abandonó. Quedó puesto en evidencia que Delfín Castedo continuó ejerciendo su absoluto señorío sobre esas tierras pese a los pedidos de captura en su contra desde fines del año 2006 –tras el homicidio de Liliana Ledesma, en septiembre de 2006– y durante su detención”, sostuvieron.

El 3 de noviembre pasado, 17 años después de ese crimen, los hermanos Castedo fueron condenados a prisión perpetua por el “homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” en perjuicio de Ledesma.

En cuanto al valor de la finca decomisada, para el TOF 1 “quedó plenamente probado que El Pajeal constituyó el instrumento por antonomasia del accionar delictivo de la asociación ilícita liderada por Delfín Castedo”, ya que “se trató del inmueble rural utilizado dolosamente como medio necesario para la comisión de la conducta delictiva”.

Los jueces interpretaron que “la explotación del campo El Pajeal por parte de Castedo y su banda se erigió como una estratégica fachada de actividades ilícitas”. Afirmaron que había pruebas de que, desde mayo del año 2000, los hermanos ya estaban en la propiedad, pues el 12 de ese mes, según un testigo, el mismo Delfín hizo alarde de “su” finca en la frontera con Bolivia.

“La presencia de los Castedo en El Pajeal fue confirmada por la mayoría de los puesteros de la zona, los mismos que en su momento fueron parte de las familias perjudicadas por el cierre de los caminos y la colocación de los portones con candado en el camino vecinal que atraviesa la finca y quienes, como integrantes de la Asociación de los Pequeños Productores de Madrejones, se levantaron contra Aparicio y los Castedo a mediados del año 2006″, señaló el tribunal.

Recordaron las amenazas contra la familia de Ledesma, en especial, Liliana, que fue asesinada el 21 de septiembre de 2006, luego de la denuncia pública contra Delfín Castedo por el cierre de los portones y las actividades ligadas al paso de camiones con droga desde Bolivia.

Los jueces remarcaron que, según la investigación de la fiscalía, la finca tenía tres portones que comunicaban con Bolivia, pero por la facilidad del terreno solo era utilizado uno en una zona de monte y bosque, que fungía de camuflaje para la organización, aunque no para los puesteros, en especial, los Ledesma.

Para reflejar la importancia de la finca El Pajeal y el alcance delictivo de su explotación, los jueces citaron testigos y otras pruebas, de las que surgía la intervención oportuna del exdiputado Aparicio por “cualquier situación de denuncia contra los Castedo”. Explicaron: “Lo primero que hacían estos era comunicarse con Aparicio porque tenía contactos con gente de la Justicia; hablaba con los fiscales, con los jueces o con cualquier otro político por el tema de los negocios o las fincas”.

Remarcaron que el control de los caminos y el portón principal de paso a Bolivia era la obsesión de los Castedo, y que Raúl era el más osado en esa tarea, pues en una ocasión, junto a sus colaboradores, impidió que el personal de la Gendarmería recorriera el lugar, “echando manos a la cintura, como insinuando que iban a sacar armas, lo que determinó a los gendarmes a retirarse”.

El tribunal resaltó también que, más allá de la situación de los líderes del clan, tanto estuvieran en la zona –pese a que ambos tenían pedido de capturas por el asesinato de Ledesma desde 2006– o que estuvieran fuera del país o detenidos, todas las pruebas y testimonios indicaban que “Delfín mantuvo un absoluto y completo señorío en esas tierras valiéndose de sus emisarios, testaferros y dependientes, todos integrantes de la asociación ilícita bajo su jefatura”, se explicó en fiscales.gob.ar.

“Resulta incontrastable el hecho de la ocupación de las tierras por Delfín Castedo y todos sus dependientes durante más de 17 años ininterrumpidos”, afirmaron los jueces, quienes explicaron que esa posesión vino “de la mano de Aparicio” y que sirvió para “conformar la zona liberada de la que se dispuso a su antojo para acometer los más variados hechos de tráfico y contrabando de mercaderías y estupefacientes, tal y como quedó probado en el debate”.

Por último, destacaron el movimiento de lavado de activos alrededor de la finca, pues el inmueble pasó de una producción de 400 cabezas de ganado a más de 1700, además de la compra de gran cantidad de maquinarias, entre ellas ocho topadoras, una casa rodante, seis acoplados, dos tractores, dos máquinas aradoras, dos sembradoras, un generador eléctrico, un contenedor, una fumigadora, cuatro extractores y una estructura metálica, entre otras maquinarias agrícolas.