MENDOZA.– Es el último tramo de un largo proceso. Llega a su fin pasado mañana el “segundo megajuicio” por los abusos sexuales contra niños sordos del exinstituto Antonio Próvolo en esta provincia. Después de dos años y medio de debate, con casi 400 audiencias y un centenar de testimonios, el tribunal determinará las responsabilidades de cinco exdirectivas y religiosas del colegio, imputadas principalmente por encubrir, facilitar o haber omitido denunciar los vejámenes cometidos por sacerdotes y personal del establecimiento. La monja Kumiko Kosaka enfrenta el mayor pedido de condena: 25 años de cárcel, ya que es la única que además enfrenta cargos por abuso.

En realidad, se trata del tercer juicio del Próvolo, ya que el primero fue una instancia abreviada en la que el monaguillo Jorge Bordón, exempleado administrativo del instituto, confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de cárcel el 25 de septiembre de 2018. El segundo proceso formal, conocido como “primer megajuicio”, culminado el 25 de noviembre de 2019, tuvo duras e históricas condenas para los sacerdotes Nicola Corradi, fallecido el año pasado a los 85 años y sentenciado a 42 años de cárcel, y Horacio Corbacho, de 62, que recibió la pena de 45 años de prisión; el jardinero Armando Gómez, de 52, fue condenado a 18 años de cárcel.

La última instancia del actual debate, que empezó en mayo de 2021, arrancará pasado mañana a las 8.30, con el pedido de las víctimas de estar en la sala 24 del Polo Judicial mendocino, para presenciar el momento de la sentencia que dicten las juezas Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna. Todo indica, de acuerdo con fuentes judiciales consultadas por la LA NACION, que solo podrán estar presentes en otra área del edificio, siguiendo la transmisión de la lectura, con asistencia de profesionales de lenguaje de señas, en un circuito cerrado de video. “Hemos preparado una sala especial para ellas”, indicaron a este diario desde la Justicia mendocina, por lo que no sucedería lo mismo que en el primer megajuicio, en el que las víctimas conocieron cara a cara la decisión de los jueces, en vivo y en directo, aunque la palabra final llegará desde la coordinación del fuero penal.

Por su parte, se brindará el servicio de asistencia psicológica y médica de emergencia para las partes que lo requieran. Se estima que la resolución del tribunal, que tomará su tiempo para deliberar, llegará después del mediodía, luego de que las acusadas tengan el derecho a decir sus “últimas palabras” al inicio de la jornada.

“Pueda ser que se haga justicia y toda esta gente pague por todo el daño que han hecho, especialmente a mi hija”, expresó a LA NACION Silvana Sosa, madre de Mayra, una joven hipoacúsica de 28 años presunta víctima de la monja Kosaka cuando era una niña.

La demora del juicio se relacionó, principalmente, con la unificación de las tres causas contra las nueve mujeres originalmente imputadas. Así, en las últimas semanas concluyeron los alegatos, por lo que ya está todo en condiciones para conocer el futuro procesal de cinco de aquellas: las monjas Kumiko Kosaka, también denunciada por abusos simples y agravados, y Asunción Martínez; las exdirectoras y empleadas del instituto Graciela Pascual, Gladys Pinacca y la cocinera Noemí Paz.

Afuera del proceso, por desistimiento de la acusación, quedaron las exdirectivas Valeska Quintana, Laura Gateán y Cristina Leguiza, así como la psicóloga Cecilia Raffo. Para Kosaka, la Fiscalía pidió el mayor castigo: 25 años de cárcel y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos educativos y de custodia de menores. Mientras, para la mayoría del resto de las imputadas la solicitud de penas va de 3 a 18 años de cárcel. La defensa de las acusadas requirió la absolución de las cinco mujeres, considerando que son inocentes de los cargos que se les endilgan.

Al banquillo llegó un grupo de religiosas, exdirectivas y personal de la institución acusadas de ser “entregadoras y facilitadoras” de los abusos, por lo que la Justicia pretende determinar si eran responsables de un “sistemático encubrimiento y de la omisión de denunciar”. Como se dijo, la más comprometida es Kosaka, de 48 años, que enfrenta los cargos más graves en dos causas, una de ellas como autora del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser el autor encargado de la guarda y por ser cometido contra un menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo”.

Oriunda de la provincia japonesa de Okasaki-Shi, Kosaka transitó la mayor parte del proceso bajo prisión domiciliaria, aunque en junio del año pasado, al cumplirse el plazo máximo de detención sin tener condena, fue liberada. A la “monja mala”, como la apodaron las víctimas de la “Casita de Dios”, se la acusa en siete hechos; entre ellos, haber entregado a una menor a los sacerdotes para que fuera violada, además de colocarles pañales a niñas para disimular los ataques sexuales. Estas situaciones se desprenden del primer megajuicio, que terminó con las históricas condenas contra los sacerdotes.

En el caso de la otra religiosa, Asunción Martínez, de 55 años, llegó al debate imputada como partícipe primaria de las vejaciones que sufrían los chicos. La mujer, también enfermera profesional, nacida en el departamento de Guayrá, en Paraguay, fue imputada por “participación necesaria en términos de comisión por omisión, emergente de la violación al deber de garante el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente del mismo, en modalidad de delito continuado”. La misma calificación recibió la cocinera Noemí del Carmen Paz Torrez, de 65 años.

En tanto, por “omisión” está imputada la apoderada legal del instituto, Graciela Pascual, de 67 años, identificada por las víctimas como “la jefa” y mano derecha de Corradi, que era director del establecimiento religioso. Además, la exdirectora del Próvolo entre 1997 y 2013, Gladys Edith Pinacca Andrade, de 68 años, fue imputada como “partícipe secundaria en términos de comisión por omisión emergente de la violación al deber de garante”.

El caso Próvolo salió a la luz el 25 de noviembre de 2016, tras allanamientos en el instituto ubicado en la comuna de Luján de Cuyo, en los que fueron detenidos sacerdotes y empleados del colegio religioso. Los vejámenes contra los chicos hipoacúsicos, ocurridos durante años desde fines de la década del 90, tuvieron correlato en La Plata, donde se encuentra la sede argentina de la entidad italiana. Este sitio fue el primero que pisó el hoy fallecido Corradi tras su arribo al país, aunque la Justicia bonaerense declaró años atrás la prescripción de la causa. El sacerdote también acumuló denuncias por violaciones en su país natal, en la sede madre de Verona.