A cinco años y medio de la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin –fallecida a los 51 años durante una endoscopía en el Sanatorio de la Trinidad– y un primer juicio en el que fue condenado el endoscopista y absuelta la anestesista, hoy comienza un segundo debate en el que se determinará si hubo responsabilidad del exdirector de la clínica y de una instrumentadora quirúrgica.

Mientras que Roberto Martingano, exdirector del Sanatorio de la Trinidad, será juzgado por el presunto delito de encubrimiento, que tiene una pena de hasta tres años de prisión, Eliana Frías, la instrumentadora, está acusada de falso testimonio, por el que podría recibir una condena de hasta cuatro años.

Ambos se sentarán este viernes, a las 9, en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral y Correccional N°26, ubicado en Paraguay 1536. De acuerdo a lo estipulado, luego de la jornada de mañana, las audiencias continuarán el miércoles 20 de septiembre, el martes 26, todos los miércoles de octubre y terminarán el miércoles 4 de noviembre.

Esta segunda causa se desprende de la primera, en la que el endoscopista a cargo del procedimiento, Diego Bialolenkier, fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer la medicina por siete años y seis meses. En ese mismo expediente, la anestesista Nélida Puente resultó absuelta. Esa sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación en marzo, pero paralelamente, la Justicia abrió una segunda investigación contra otros involucrados en un presunto encubrimiento de la mala praxis del procedimiento que terminó con la muerte de Pérez Volpin, el 6 de febrero de 2018 en el Sanatorio de la Trinidad.

“La prueba con que se sostiene la acusación ya fue prácticamente toda producida en el juicio por la muerte de Débora. Es más, el propio Tribunal Oral que condenó al médico responsable de la muerte fue quien denunció a las autoridades de la clínica por encubrir el homicidio y a los empleados por falso testimonio. La prueba ya estaba ahí; ahora se agregaron más elementos de cargo, por lo que la condena parece inexorable”, dijo Diego Pirota, abogado de la familia de Pérez Volpin.

“Nosotros como abogados tenemos el mandato familiar de llegar hasta el final en todo esto y que se sepa todo lo que paso con la muerte de Débora. A los médicos imputados por la muerte se les imputó un delito culposo , actuaron sin intención de cometer un delito, pero a las autoridades de la clínica en este nuevo juicio se les imputan delitos dolosos, cometidos con plena intención y conocimiento. Por eso, la necesidad de llegar hasta el final y que la justicia dicte un nuevo fallo”, agregó Pirota.

Por su parte, Vadim Mischanchuk, abogado de Martingano, confirmó que a su defendido se lo acusa de encubrimiento, pero dijo que la imputación “no corresponde de ninguna manera”: “A Martingano se lo acusa de haber entregado a la justicia una procesadora que no es la que se usó en la paciente y de haber entregado hojas de menos de los trazados del monitor. Ambas acusaciones son falsas y toda la prueba está en la causa desde el minuto uno. Si no se la analizó antes fue por desconocimiento”, dijo.

Como argumentos, Mischanchuk dijo que la procesadora utilizada en el estudio médico fue comprada en 2013 por la institución, que era la única que estuvo siempre en sector de quirófanos y que hay pruebas que muestran que el equipo fue el que se usó tanto con Pérez Volpin como con pacientes anteriores y posteriores. “Además, fue entregada de manera voluntaria por una persona que no fue Martingano”, dijo.

Con respecto de la entrega de las hojas, también sostuvo que quien solicitó su impresión no fue Martingano sino un cardiólogo y que el supuesto faltante tiene que ver con hojas en blanco.

En cuanto a las expectativas para este juicio, Mischanchuk dijo que esperan que toda la evidencia quede plasmada y Martingano sea absuelto. “El objetivo es llegar a la verdad real y objetiva”, sostuvo.