La Justicia Federal condenó a los padres de un adolescente de 17 años, procesado por haber realizado más de veinte amenazas de bomba contra un colegio en Caballito, a pagar los gastos provocados por los cortes de las calles en las adyacencias del establecimiento educativo para concretar la evacuación de los alumnos que concurrían al colegio.

Según la resolución judicial, los padres del menor también deberán pagar una suma de dinero por los costos de horas hombre y la movilización de los policías, bomberos y efectivos de la Brigada de Explosivos.

Aunque se trata de un menor punible para la ley penal, no quedó detenido. Ante cada llamado intimidatorio que realizó el adolescente para alertar sobre la presencia de un artefacto explosivo en la Escuela Comercial 23, situada en Rivadavia 5200, fue necesario evacuar el establecimiento educativo para revisar las instalaciones.

Hace dos meses, el Juzgado Federal Nº 2 remitió todas las denuncias a la División Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad, para que se hicieran cargo de la investigación con el objetivo de identificar a los responsables de concretar las amenazas.

Los investigadores comenzaron a revisar las grabaciones de las llamadas al número de emergencias 911 y realizaron la trazabilidad de las líneas telefónicas desde las que se realizaron las comunicaciones.

Esa información se cruzó con los datos obtenidos a partir de la revisión de distintos perfiles de redes sociales de los potenciales sospechosos, señalados como posibles autores de las amenazas.

Con toda la información obtenida a partir de la revisión de las redes sociales y del tráfico de llamadas telefónicas entre las líneas usadas para realizar los llamados intimidatorios, el titular del Juzgado Federal Nº 2 dictó la orden de allanamiento para el domicilio en el que vivía una mujer que figuraba como titular de una de las líneas, en Mataderos.

El adolescente confesó ante la Justicia haber realizado los llamados, por lo que se decidió que sus padres deberán afrontar con su patrimonio el daño causado con la erogación de dinero para solventar los operativos de evacuación y prevención.