Un hombre de Andacollo que cumplía prisión domiciliaria en una vivienda de Mariano Moreno, fue regresado a detención en una comisaría luego de la furia de los vecinos. El imputado está acusado de cometer un abuso sexual contra un adolescente al que le había prometido enseñarle a manejar.

La teoría del caso que presentó la fiscal Natalia Rivera a principios de marzo en la audiencia de formulación de cargos, fue que el hecho ocurrió el 3 de marzo cerca de las 12:25 en la vivienda del imputado -identificado como L.A.M-, ubicada en Andacollo. Minutos antes del abuso sexual, el presunto abusador pasó a buscar a la víctima por su domicilio debido a que se había comprometido a sacarlo en auto para enseñarle a manejar.

No obstante, tras retirarlo, lo llevó a su propia casa y allí cometió los abusos.

Afortunadamente, la víctima pudo compartir con rapidez lo ocurrido y así se puso en marcha el protocolo de rigor de manera inmediata y se detuvo al agresor, quien fue llevado a la audiencia al día siguiente del hecho.

El delito que le atribuyeron los representantes del Ministerio Público Fiscal es el de abuso sexual con acceso carnal, en carácter de autor.

Además, durante la audiencia, Rivera y el asistente letrado Víctor Salgado requirieron que "L.A.M" permanezca detenido en prisión preventiva por cuatro meses y argumentaron que existe peligro de entorpecimiento de la investigación. También solicitaron que por el mismo plazo se fijen las prohibiciones de contacto y de realizar actos de perturbación hacía la víctima y su grupo familiar, en forma directa o indirecta y por cualquier medio.

La defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia Daiana Zapata que intervino como querellante institucional en representación de la víctima del caso, adhirió a la formulación de cargos y a las medidas cautelares requeridas.

Tras tomarse un cuarto intermedio para resolver, la jueza de garantías Bibiana Ojeda avaló la formulación de cargos de acuerdo al requerimiento de las partes acusadoras. En relación a las medidas solicitadas, fijó la prisión preventiva por cuatro meses y las prohibiciones absolutas de contacto y de realizar actos de perturbación hacía la víctima y su grupo familiar, en forma directa o indirecta por cualquier medio.

Después de resolver y ante un planteo de la defensa referido a que no estaban dadas las condiciones de detención para mantenerlo detenido, la jueza de garantías dispuso la prisión preventiva por cuatro días, para que la defensa del imputado tenga la oportunidad de verificar y ofrecer un nuevo domicilio donde pueda cumplir una detención domiciliaria, atento a la crisis penitenciaria que complica tenerlo tras las rejas.

Así fue que en una audiencia posterior, se le otorgó la prisión domiciliaria en una localidad diferente.

Prisión preventiva por conmoción social

Justamente, el pasado 18 de marzo, al imputado se le había dictado una prisión domiciliaria en una vivienda de la localidad de Mariano Moreno, lejos de la víctima y supeditado a que el hombre cumpla con la restricción, lo que sería controlado por rondines policiales. Esto evitaba tener que alojarlo en una comisaría, donde no se dan las condiciones de habitabilidad mínimas y a su vez aseguraba que no tendría cercanía con el denunciante.

No obstante, en una audiencia de urgencia que se realizó el último sábado, los asistentes letrados Víctor Salgado y Romina Travieso indicaron que a partir de un informe policial, se tomó conocimiento que el jueves 28 de marzo había un grupo de personas afuera de ese domicilio manifestando su descontento por la modalidad de detención. De hecho, algunas de ellas incluso tomaron contacto con medios locales para pedir que el imputado se retire de la localidad y denunciando que estaría mirando a otros niños a través de los patios, algo que por supuesto no pudo ser corroborado.

Más allá de no querer sumar a la paranoia y conmoción de la población, lo cierto es que, posteriormente, "se dieron distintas situaciones que podrían poner en peligro la integridad física del imputado y de los efectivos que se encuentran controlando el cumplimiento de la medida". Ante esto, Salgado solicitó volver a imponer la prisión preventiva por el plazo de 10 días en la localidad de Zapala, hasta decidir cómo avanzar.

El pedido fue apoyado por la defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Natalia Canaviry, quien intervino como querellante institucional en representación de la víctima del caso.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de garantías Laura Barbe dispuso la prisión preventiva del imputado, por el plazo requerido.