LA PLATA..- El último tramo de la campaña electoral con miras a la elección de gobernador de la provincia de Buenos Aires estuvo signado por una sucesión de escándalos judiciales que aún no terminaron. La posible implosión de todo un sistema político estremece tanto al poder Ejecutivo como al Legislativo. Al oficialismo y a la oposición: a todos los políticos que buscan perpetuar su poder, mediante mecanismos ahora investigados.

Mañana 14 millones de electores determinarán en las urnas cuánto impacto tuvo a la hora de elegir representantes las imágenes del puntero Julio “Chocolate” Rigau -acusado de estafas reiteradas supuestamente cometidas con tarjetas de débito de la Cámara de Diputados- sacando bolsas de dinero de los cajeros, y la difusión de las fotos del ex jefe de Gabinete Martín Insaurralde a bordo del yate “Bandido”, en Marbella, España.

Los electores irán a votar y con su sufragio opinarán sobre estos sucesos que son punta de un iceberg subterráneo que recién comienza y que continuará más allá del 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo gobernador. Los electores comenzarán a administrar con su voto el cauce que tomará la implosión de la política bonaerense. Más allá del ritmo propio de los Tribunales.

Es que a sólo tres cuadras de la Legislatura y de la Casa de Gobierno, en la Unidad Funcional de Instrucción N°2 se tramita la causa que golpea a casi toda la política: el expediente que tiene por acusado a Chocolate Rigau puntero que trabajaba hace 21 años en la Cámara de Diputados.

Rigau no actuaba sólo y no es una excepción: otros de los titulares de las tarjetas de débito secuestradas en poder del puntero también llevan décadas como empleados, avalados por distintos bloques políticos, tanto del oficialismo y de la oposición.

La justicia aún no analizó la información del teléfono del puntero pero ya tiene una certeza: Rigau era empleado de la Cámara de Diputados desde 2002. Es decir que hace dos décadas transita por los pasillos del Palacio de la Legislatura situado en 53 entre 7 y 8.

Resta conocer hace cuánto tiempo hacía extracciones de otros empleados en el Banco Provincia. Por lo pronto, las claves de las 48 tarjetas en su poder correspondían a tres años: 2021, 2022 y 2023. Aún la justicia espera informes del Banco Provincia para determinar si esos movimientos de repitieron por dos décadas. Una vez que esté documentada esta información y en caso de confirmarse las extracciones de manera reiterada, la carátula de la causa podría cambiar para orientar la investigación a una delito contra la administración pública.

El puntero detenido ahora y acusado ahora por estafa en grado de tentativa en 177 episodios ingresó a trabajar a Diputados durante la presidencia de Osvaldo Mercuri (PJ) y permaneció como empleado de ese cuerpo durante los mandatos de Ismael Passaglia (FPV), Horacio Ramiro González (FPV), Jorge Sarghini (Frente Renovador), Manuel Mosca (Cambiemos) y Federico Otermin (Frente de Todos). Fue empleado, al menos, del PJ y del Frente de Todos.

Es decir que la información que pueda recaudar la fiscalía no sólo podría involucrar a Otermin, actual presidente de la Cámara de Diputados y actual candidato a intendente de Lomas de Zamora. Otermin pone en juego toda su vida política. Pero no es el único.

La victoria de Axel Kicillof, -que aspira a la reelección por Unión por la Patria- ya no es tan segura como en las PASO, donde obtuvo tres puntos de ventajas sobre los otros candidatos. En agosto, impuso con poco margen de 3.062.190 votos sobre Juntos con 2.721.922 votos y Libertad Avanza con 1.985.216 votos.

Las alternativas de gobernabilidad que ofrecen Grindetti (Cambiemos) y Píparo (Libertad Avanza) también quedaron en tela de juicio bajo el escrutinio del electoral que mira a la luz del día todo el sistema de financiamiento de la política: algunos de los titulares de las 48 tarjetas en poder de Rigau fueron empleados de Cambiemos. Y sobre la titular de Libertad Avanza también pesa denuncias, no comprobadas en la justicia, sobre administración de contratos en diputados.

La institucionalidad del poder comenzó a ser discutida. No sólo en la firma del poder ejecutivo que los últimos dos años ostentó Insaurralde, bajo la supervisión de Kicillof.

Más aún en la Legislatura -que también renueva la mitad de sus 46 Cámara de Senadores y de sus 92 Diputados-. Los nuevos legisladores podrían decidir, en caso de resultar sorteados, sobre el jury abierto sobre los dos camaristas -Juan Benites y Alejandro Villordo- que ordenaron liberar a Julio Chocolate Rigau mientras el juez Guillermo Atencio pretendía dar curso a las de graves sospechas de corrupción.

Rigau volvió a ser detenido el sábado que pasó y el Procurador General de la provincia, Julio Conte Grand inició a los camaristas un juicio político por su actuación.

La elección modificará una manera de hacer política luego de que alguno de los 13 aspirantes a gobernador resulte ungido esta noche por el voto de la mitad más uno de los votantes en un distrito donde no hay ballotage.

Tras asumir el 10 de diciembre quien resulte gobernador tendrá que administrar una promesa de conducir una reforma de la Constitución para debatir temas como unicameralidad y modernización de los organismos de la control.

Esas fueron, al menos, las salidas que buscaron los candidatos para en lo inmediato huir al escándalo sobre el financiamiento de la política mediante presuntas estafas con tarjetas de débito de la Legislatura.

Escándalo por el que aún no respondió Otermín, hoy candidato a intendente de Lomas de Zamora. Ni el intendente en uso de licencia de ese distrito, Insaurralde, que aún no renunció a ese cargo.

Kicillof espera que ni la difusión de Rigau con una bolsa negra de dinero en frente a la Casa de Gobierno, ni las imágenes de Insaurralde a bordo del yate Bandido, comprometan su proyecto de gobernabilidad por cuatro años más, hasta 2027.

Su proyecto es ir a fondo y en caso de ser reelecto redoblará cada apuesta: a los que exigen eliminar la Legislatura bicameral para ir a unicameral les propondrá también modificar los organismos de la constitución – en especial Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y Contaduría general de la provincia- para dar más transparencia a la gestión.

Irá más allá. Propondrá discutir, incluso, una ley de financiamiento de partidos políticos para transparentar gastos que sostienen a la política hace décadas. De este modo Kicillof se despegará del caso Chocolate Rigau y tomará distancia de todos los mecanismos bajo sospecha.

Sin embargo, parece faltar voluntad para transparentar la caja negra de la política: la Cámara de Diputados tuvo una sola sesiones ordinarias una en todo el año. Y la Cámara de Senadores, dos. Sin trabajo parlamentario la Legislatura que se dio un presupuesto de 62.100 millones de pesos sólo se dedicó este año a la política.

Aún falta que se conozca para quién recaudaba fondos Julio Chocolate Rigau en la Legislatura.

“Nosotros no tenemos miedo. Pero sí es cierto que estas cosas hay que corregirlas a futuro”, dijo Grindetti. Píparo prometió terminar con los privilegios que tienen los políticos. Pese a que ella también fue acusadas de tener decenas de contratos presuntamente fantasmas en la legislatura.