El pasado 1° de julio entró en vigor la Ley SB1718 en Florida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, con el objetivo de frenar la inmigración ilegal en ese estado. Entre las medidas, tipifica como delito ayudar a un indocumentado, además de que castiga a quienes los transporten. Asimismo, requiere que algunos hospitales les pregunten a los pacientes sobre sus estatus migratorios. Uno de los puntos más fuertes se relaciona con el trabajo, dado que la legislación impone sanciones a las empresas que contraten a inmigrantes irregulares.

La reacción de los locales y la policía a la nueva ley de inmigración en Florida

En el sector laboral, la ley declara como un delito a quien emplee o reclute a un inmigrante irregular. “En Florida, como en la mayoría de los estados, hay que ser elegible, estar aquí legalmente y para trabajar”, sentenció el gobernador Ron DeSantis en febrero pasado al presentar el entonces proyecto de ley.

Las compañías que tengan más de 25 empleados deberán usar el sistema E-Verify para comprobar el estatus de cada trabajador. Se trata de una plataforma operada por el gobierno, en la que los empleadores pueden ver si alguien tiene permiso para trabajar en territorio estadounidense. En caso de encontrar irregularidades, deberán negarles el acceso. Tienen que registrar ante esa aplicación a todos los empleados, sin excepciones.

Los castigos para los empleadores en Florida

El gobierno local hará monitoreos constantes para asegurarse de que las empresas cumplan con las medidas. Si bien antes ya existía una ley para sancionar a quienes contrataran inmigrantes ilegales, con la nueva se aumentará la pena máxima. La lista de castigos contempla una multa de 5000 dólares en caso de ser la primera incidencia. Si se cometen más falsas en los siguientes 24 meses, la multa será de US$10.000 por cada indocumentado que haya sido contratado. Sin embargo, si las reincidencias son varias, se les imputará a los empleadores un delito de segundo grado y podrían perder su licencia de operación de forma permanente.

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Por otro lado, los contratistas tendrán que conservar copias de la documentación de cada uno de sus colaboradores y el Formulario I-9 registrado ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración por cinco años después del reclutamiento. En el caso de las empresas con menos de 25 empleados, podrán utilizar únicamente el formulario antes mencionado para verificar si el solicitante tiene estatus legal o no. Asimismo, tienen la opción de usar E-Verify, sin que sea requisito.

Las políticas implementadas por DeSantis son de las más severas actualmente en el país, según la consideración de los críticos. Sin embargo, el republicano aseguró que hará todo lo que sea necesario para mitigar el tráfico de extranjeros irregulares en el estado. “La nueva legislación aumentará las sanciones por el tráfico de personas, fortalecerá los estatutos para la detención de extranjeros ilegales, exigirá el uso universal de E-Verify, mejorará las sanciones por falsificación de documentos y prohibirá que los gobiernos locales expidan tarjetas de identificación a personas irregulares que se encuentren en el estado”, detalla la página oficial del gobierno de Florida.

Miles de afectados por la nueva ley migratoria en Florida

Unos 772 mil inmigrantes indocumentados que radican en Florida podrían recibir los impactos directos de la entrada en vigencia de SB 1718, según cifras del Migration Policy Institute. Desde antes de que la ley comenzara a tener efecto, algunos empleadores expresaron su preocupación por el futuro de sus industrias, como la del sector turístico o la de agricultura.